Por Luis Alberto Vargas Ballén.
Durante muchos años los gremios del sector edificador y de la construcción, liderados por Camacol habían tratado de eliminar la revisión y evaluación de la viabilidad técnica, financiera y jurídica de los proyectos de vivienda, proceso al que se denominó ELEGIBILIDAD.
Ya habían logrado tumbar con éxito el famoso Permiso de Ventas que al final fue reemplazado por una sencilla radicación de documentos, que no sirve de absolutamente nada, pues los cinco documentos exigidos no permiten que el ciudadano evalúe la viabilidad real del proyecto.
Desde que funcionaban el Instituto de Crédito Territorial, el Banco Central Hipotecario, posteriormente el Inurbe y también las Corporaciones de Ahorro Vivienda, había existido el proceso de evaluación de los Proyectos de Vivienda denominado ELEGIBILIDAD, para lo cual se habían establecido normas y procedimientos estrictos que le permitían a las entidades otorgantes de los subsidios de vivienda y a las entidades financieras que otorgan los créditos a los constructores verificar que los proyectos fueran técnica, jurídica y financieramente viables.
Y le garantizaban en cierta medida a los hogares compradores que sus viviendas fueran bien desarrolladas. Incluso existía una guía de normas mínimas para la construcción de vivienda que fácilmente fue burlada por el empresario que desarrollo las famosas "Villas" en la ciudad de Bogotá, pasando el frente mínimo de seis metros (6,o m) a tres metros (3,0 m), entre otras maniobras.
Cuando se liquidó el Inurbe en 2002, se tuvo especial cuidado de encargar a una entidad para continuar con el proceso de evaluación y revisión de los proyectos de vivienda social y se encargó entonces a la Financiera de Desarrollo Territorial que desde enero de 2003 hasta el año 2015 tenía a su cargo emitir los Certificados de Declaratoria de Elegibilidad o de No Elegibilidad, devolviendo los proyectos no viables y aprobando los que sí lo eran.
Ni siquiera con el paso por el Ministerio de Vivienda del Señor Vargas Lleras, -quien libero la contratación de la construcción de vivienda de la Ley 80 a las normas del derecho privado-; se había omitido este procedimiento, al contrario se fortalecieron los mecanismos de revisión a cargo de la Financiera de Desarrollo Territorial que los tenía implementados para los proyectos de vivienda Gratuita PVG y para los proyectos de Vivienda VIPA.
Siendo así y con todos estos controles previos, la siniestralidad de los proyectos financiados con subsidios de vivienda otorgados por el Inurbe y por Fonvivienda alcanzaron porcentajes del 50% y 37%, los proyectos de las cajas de compensación familiar tenían una siniestralidad del 15% y los proyectos de vivienda Gratis y VIPA llegaron a un porcentaje del 15% al 35% de siniestralidad.
La razón por la cual precisamente se liquidó el Inurbe que se había convertido en la entidad más corrupta de aquel entonces fueron esos niveles de siniestralidad y luego se cerraron los programas de Esfuerzo Territorial y de Bolsa Ordinaria que tenía Fonvivienda y que ahora en los últimos cinco dieron paso a los programas VIPA y Mi Casa Ya.
Bástenos con leer los múltiples informes de la Contraloría General de la República donde se evidencia el nivel de corrupción y de siniestralidad de los proyectos de vivienda social y que no decir de los proyectos de vivienda Rural. La siniestralidad en el campo se estima en 65%.
Miles y miles de familias en todos los rincones del país han visto frustrados sus sueños de tener una vivienda digna debido a proyectos que fueron mal estructurados, mal diseñados, mal presupuestados y mal planificados, en predios en zonas de riesgo y con problemas de tradición y que fueron Siniestrados. Todas las semanas me dan cuenta de una asociación de vivienda o una OPV o una Junta Comunal que lleva años y años tratando de concluir proyectos de este tipo.
Pero la fuerza de los gremios es evidente y en este gobierno la figura de la Elegibilidad llegó a su fin, con el decreto 1533 del pasado 26 de agosto de 2019 se le dio entierró de tercera a la figura de la Elegibilidad y su reemplazo serán las Licencias de Construcción que están a cargo de las muy conocidas y famosas Curadurías Urbanas y de las Oficinas de Planeación Municipal.
En el artículo 2.8. del citado decreto 1533, la Elegibilidad quedó definida como la manifestación formal mediante la cual, y según la
documentación aportada por el oferente, la entidad evaluadora emite concepto favorable
de viabilidad a las modalidades de aplicación del subsidio familiar de vivienda cuyo
desarrollo no requiera la expedición de licencias.
"La elegibilidad se emitirá previa
verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en las normas urbanísticas,
arquitectónicas y de sismo-resistencia. Para las modalidades que impliquen desarrollos que requieran licencias, la elegibilidad se
entenderá dada por la expedición de las mismas y la radicación de los permisos de ventas
para unidades nuevas."
A partir de la fecha, los hogares compradores tendremos que lidiar con la buena fé de los gestores y constructores de vivienda social.
Sin embargo cuando tenían un proceso de verificación y evaluación previa los siniestros alcanzaron cifras tan elevadas, ¿Qué sucederá ahora que no habrá ningún control previo en la aprobación de los proyectos de vivienda?.
Cuántos Edificios Space tendrán que caerse para que vuelvan a existir controles al sector de la construcción, a quienes sólo se les han dado una serie de beneficios y ventajas en detrimento de los hogares compradores.
Ya les habían aumentado el precio de las viviendas VIP de 70 a 90 smmlv y las VIS de 135 a 150 smmlv con el Plan Nacional de Desarrollo pero por ninguna parte se les exige mayor área construida, mejor calidad y mucho menos mayores equipamientos comunales.
El Ministro Malagón a quien Noticias Uno dedica un importante tramo de noticiero (
https://www.youtube.com/watch?v=kTM9TZUlG08), tendrá que explicar para quién trabaja?, si para los Gremios de la Construcción y para los Bancos (no olvidemos que venía de ser Vicepresidente de Asobancaria) o para los millones de hogares Colombianos que NO cuentan con una vivienda digna.
Les agrego esta cantidad de quejas sobre proyectos siniestrados y en los cuales se estafa a los hogares compradores:
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