NECESIDAD DE SUELO: Hacia una política pública de contabilidad y movilización del suelo seguro para la reconstrucción habitacional en el Quindío

Hacia una política pública de contabilidad y movilización del suelo seguro para la reconstrucción habitacional en el Quindío



Resumen

La gestión del riesgo y la reconstrucción post evento sísmico demandan una ruptura con los modelos tradicionales de expansión urbana dispersa. El presente ensayo propone una metodología técnico-jurídica de contabilidad del suelo intraurbano y periurbano seguro, diseñada como insumo de política pública para el departamento del Quindío. Tomando como eje el marco excepcional del Decreto Legislativo 1422 de 2026 —expedido tras el sismo del 10 de agosto de 2026—, se articula un sistema de auditoría territorial para los municipios de Armenia, Calarcá, Montenegro, Quimbaya, La Tebaida, Circasia y Filandia, orientado a movilizar reservas de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y Social (VIS) mediante instrumentos de gestión asociada, reúso edificatorio y saneamiento predial.
1. Introducción: El desafío territorial del Quindío tras el sismo de agosto de 2026
La emergencia sísmica iniciada el 10 de agosto de 2026 puso nuevamente a prueba la resiliencia institucional y territorial del Eje Cafetero. A nivel nacional, los reportes preliminares de afectación superaron las 33.395 viviendas destruidas y 187.852 averiadas en 16 departamentos, reactivando en el Quindío debates estructurales que persistían desde la reconstrucción de 1999. En un departamento caracterizado por su alta densidad poblacional, presión turística y estrechez geográfica, la respuesta habitacional no puede depender exclusivamente de la habilitación de nuevo suelo de expansión, proceso que encarece la tierra y fragmenta el paisaje cultural cafetero.
Para responder a esta coyuntura, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 1422 del 17 de septiembre de 2026, mediante el cual se adoptaron medidas extraordinarias en vivienda, hábitat y ordenamiento territorial. Esta norma otorga a los alcaldes facultades excepcionales para realizar ajustes abreviados a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en plazos de hasta 45 días ante los concejos municipales, autorizar mayores aprovechamientos urbanísticos y ejecutar actuaciones directas sobre suelo seguro. Sin embargo, la eficacia de esta herramienta jurídica depende de una condición técnica previa: saber con exactitud cuánto suelo y cuánta capacidad edificada ociosa existe hoy dentro de los perímetros urbanos.
2. Diagnóstico situacional del ordenamiento y el suelo en los municipios quindianos
Una política pública departamental de contabilidad del suelo debe reconocer las asimetrías técnicas y cartográficas entre los siete principales nodos urbanos del Quindío, los cuales atraviesan momentos críticos de planificación:
  • Armenia (Ciudad núcleo): Con un perímetro urbano delimitado históricamente en 3.175,86 hectáreas y zonas de expansión proyectadas que superan las 298 hectáreas (en sectores como San Juan, La Maravilla y Puerto Espejo), la capital enfrenta una severa escasez de tierra asequible. En noviembre de 2026, la administración municipal inició estudios de revisión excepcional del POT precisamente para contener el alza especulativa del suelo y liberar áreas destinadas a VIP y VIS.
  • Subregión Centro y Norte (Calarcá, Circasia y Filandia): Estos municipios presentan una alta vulnerabilidad geomorfológica por laderas y quebradas. Mientras Circasia alcanza un 80 % de avance en la actualización de su ordenamiento territorial y Calarcá moderniza su PBOT con equipo técnico propio, Filandia enfrenta la doble presión de conservar su patrimonio arquitectónico y contener la gentrificación turística. La ventaja técnica de estos tres municipios radica en que ya recibieron por parte de la Gobernación los estudios básicos de gestión del riesgo (movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales), insumo indispensable para descartar predios en zona de amenaza alta antes de cualquier inversión.
  • Subregión Occidente y Sur (Montenegro, Quimbaya y La Tebaida): Caracterizados por topografías más suaves y vocación agroindustrial y turística, estos municipios cuentan con mayor disponibilidad física de terrenos planos. No obstante, La Tebaida adelanta apenas la actualización de su ordenamiento con apoyo departamental, mientras Montenegro y Quimbaya requieren depurar sus perímetros urbanos para evitar que los proyectos de reconstrucción ocupen suelos de alta capacidad agrológica.
3. Matriz técnica de contabilidad del suelo y el parque edificado ocioso
Para operacionalizar el Decreto 1422 de 2026 en estos siete municipios, se propone instaurar un Observatorio Departamental de Suelo Seguro para la Reconstrucción, estructurado en seis categorías auditables:
Categoría de InventarioDefinición Técnico-NormativaInstrumento de Captura y Movilización (Decreto 1422 / Ley 1537)
1. Cesiones y áreas útiles VIP sin ejecutarPorcentajes obligatorios de suelo útil destinados a VIP en licencias urbanísticas aprobadas bajo la Ley 1537 de 2012 que nunca se desarrollaron.Auditoría de curadurías urbanas y oficinas de planeación. Aplicación de la ampliación automática de 12 meses de licencias vigentes (Art. 1422/2026) condicionada al inicio inmediato de obra VIP.
2. Lotes urbanizados no construidos (Suelo de engorde)Predios dentro del perímetro urbano de Armenia, Calarcá o La Tebaida que ya cuentan con vías y redes primarias de acueducto y alcantarillado, pero permanecen baldíos.Declaratoria de desarrollo y construcción prioritaria, gestión asociada de predios y concurrencia de subsidios hasta del 100 % sin orden secuencial.
3. Lotes urbanizables no urbanizadosSuelo urbano sin redes secundarias ni urbanismo interno, ubicado en zonas libres de amenaza sísmica o geotécnica según los estudios departamentales.Ejecución de actuaciones urbanísticas directas por parte de las alcaldías y financiación de infraestructura primaria mediante concurrencia de recursos nacionales.
4. Predios en Planes Parciales estancadosPolígrafos de desarrollo o renovación urbana adoptados en Armenia, Montenegro o Quimbaya que llevan años paralizados por falta de cierre financiero o reparto de cargas.Ajuste expedito de determinantes normativas y aprobación de mayores aprovechamientos urbanísticos (edificabilidad adicional) durante la vigencia del decreto.
5. Edificios vacantes y estructuras subutilizadasBodegas industriales, antiguos equipamientos institucionales o edificaciones comerciales en desuso en centros urbanos consolidados.Reconversión arquitectónica a vivienda. El Decreto 1422 permite que las unidades generadas mediante reúso accedan a subsidios de vivienda nueva durante los próximos dos años.
6. Viviendas desocupadas e inmuebles con vicios de titulaciónParque habitacional terminado pero cerrado por sucesiones ilíquidas, abandono o especulación en municipios con alta migración como Circasia o Quimbaya.Saneamiento acelerado de la titulación y tradición predial habilitado por el Decreto 1422, sumado a programas de arrendamiento social subsidiado hasta por 12 meses.
4. Lineamientos para la implementación de la política pública departamental
Para que esta contabilidad territorial se traduzca en viviendas entregadas antes de que expiren las facultades extraordinarias, la Gobernación del Quindío y las siete alcaldías deben articular tres fases de ejecución:
  1. Cruce Catastral y Filtro de Gestión del Riesgo (Días 1 a 30): Integrar las bases de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) con los registros de facturación de empresas de servicios públicos (EPA en Armenia y Empresas Públicas del Quindío - EPQ en los demás municipios). Todo predio con consumo cero de energía y agua durante más de seis meses debe ingresar al inventario preliminar de inmuebles vacantes. Este mapa debe superponerse inmediatamente con los estudios básicos de amenaza entregados en la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial (CROT) para excluir cualquier predio en zona de riesgo no mitigable.
  2. Ventanilla Única de Licenciamiento y Reforzamiento (Días 30 a 60): Ante el previsible desbordamiento de trámites en las curadurías de Armenia y las secretarías de planeación municipales, el Decreto 1422 faculta a las alcaldías para asumir directamente ciertos trámites urbanísticos y agilizar licencias de reforzamiento estructural (incluso sin requerir actas de asamblea en propiedad horizontal bajo condiciones específicas). Esto permite recuperar edificaciones averiadas en los cascos urbanos de Calarcá, Circasia y Filandia sin demoler el tejido social.
  3. Banco de Tierras y Sostenibilidad Resiliente: En cumplimiento de los artículos 9 y 10 del Decreto 1422 —que exigen eficiencia hídrica, energética y resiliencia estructural en la reconstrucción—, los predios contabilizados deben adjudicarse bajo esquemas de alianza público-privada donde el municipio aporte el suelo saneado (proveniente de obligaciones de la Ley 1537 o planes parciales) y el Gobierno Nacional aporte la concurrencia plena de subsidios para hogares con ingresos inferiores a 4 SMMLV.
5. Conclusión
La reconstrucción del Quindío tras el sismo de agosto de 2026 no debe repetirse bajo la lógica de urbanizar la periferia rural ni de construir ciudadelas aisladas que rompan la cohesión social de sus municipios. La combinación entre la obligación histórica de suelo VIP establecida en la Ley 1537 de 2012 y las herramientas excepcionales del Decreto Legislativo 1422 de 2026 ofrece una ventana de oportunidad inédita. Auditar, georreferenciar y movilizar cada lote urbanizado sin construir, cada plan parcial detenido y cada edificio vacante en Armenia, Calarcá, Montenegro, Quimbaya, La Tebaida, Circasia y Filandia constituye el camino más riguroso, económico y seguro para garantizar el derecho a una vivienda digna y resiliente.

Anexo 01. Estrategias de contabilidad del suelo urbano para la reconstrucción habitacional tras un sismo
La reconstrucción habitacional tras un evento sísmico enfrenta uno de sus mayores obstáculos en la aparente escasez de suelo disponible dentro del perímetro urbano. Sin embargo, antes de expandir la frontera urbana hacia zonas periféricas o de riesgo, las administraciones municipales cuentan con herramientas jurídicas y catastrales para realizar un inventario riguroso del suelo subutilizado. Contabilizar con precisión estas reservas permite movilizar inmuebles ya conectados a las redes de servicios públicos y acelerar la respuesta social.
El punto de partida debe ser el rastreo de las obligaciones urbanísticas derivadas de la Ley 1537 de 2012. En numerosos procesos de licenciamiento, los desarrolladores destinan porcentajes de área útil para Vivienda de Interés Prioritario (VIP) que, por diversas razones administrativas o financieras, quedan en el papel sin ejecutarse. Auditar las curadurías urbanas y los bancos inmobiliarios permite identificar estas cesiones y lotes pendientes, convirtiéndolos en el primer insumo de suelo con viabilidad jurídica inmediata.
A este inventario se debe sumar la clasificación física y normativa de los predios vacíos dentro de la ciudad consolidada:
  • Lotes urbanizables no urbanizados: Terrenos dentro del suelo urbano que aún carecen de obras de infraestructura vial y de servicios públicos, pero que ya cuentan con norma para su desarrollo.
  • Lotes urbanizados no construidos: Predios con mayor prioridad estratégica, pues ya disponen de vías y redes de acueducto y alcantarillado, lo que reduce drásticamente los tiempos y costos de edificación tras una emergencia.
  • Predios con uso residencial sin construir: Parcelas individuales insertas en barrios consolidados que rompen la continuidad urbana y pueden absorber vivienda de reposición de manera dispersa y rápida.
De igual forma, la contabilidad territorial debe integrar los instrumentos de gestión del suelo de mediana y gran escala. Es indispensable cuantificar los terrenos incluidos en planes parciales de desarrollo que se encuentran estancados, así como los predios ubicados en zonas de renovación urbana. Estas áreas suelen presentar un alto deterioro físico, pero poseen una localización privilegiada y capacidad de soporte para densificar y reubicar a las familias damnificadas sin segregarlas de sus redes laborales y comunitarias.
Finalmente, un censo integral no puede limitarse al suelo baldío; debe incorporar el parque edificado inactivo mediante el cruce de datos catastrales y de consumo de servicios públicos. Esto abarca:
  • Edificios vacantes o abandonados: Estructuras institucionales, comerciales o industriales en desuso susceptibles de reconversión arquitectónica hacia uso residencial.
  • Viviendas desocupadas: Inmuebles terminados que permanecen fuera del mercado por especulación inmobiliaria o litigios sucesorales, los cuales pueden movilizarse mediante incentivos tributarios, arriendos sociales o declaratorias de desarrollo prioritario.
En conclusión, contabilizar el suelo para la reconstrucción sísmica exige superar la visión tradicional del lote vacío y adoptar una auditoría integral del territorio. Al cruzar las obligaciones incumplidas de la Ley 1537 de 2012 con el catastro de lotes sin desarrollo, los planes parciales y las edificaciones vacantes, las ciudades pueden garantizar una reconstrucción más rápida, justa y sostenible sobre la infraestructura ya existente.

ANEXO 02. Ficha Metodológica de Balance Suelo–Déficit y el Análisis de Instrumentos Tributarios y Financieros orientados a capturar valor y sancionar la retención especulativa de tierra en los siete municipios priorizados.

Parte I: Ficha Metodológica de Balance entre Déficit Habitacional y Suelo Seguro
Esta ficha permite a las Secretarías de Planeación de Armenia, Calarcá, Montenegro, Quimbaya, La Tebaida, Circasia y Filandia cruzar la demanda real de vivienda tras el sismo de agosto de 2026 con la oferta física depurada.
ComponenteDescripción Técnico-Operativa
Nombre del IndicadorÍndice de Suficiencia de Suelo Seguro Intraurbano (\(IS_{si}\))
ObjetivoDeterminar el porcentaje de la demanda de vivienda de reconstrucción (VIP y VIS) que puede absorberse dentro del perímetro urbano actual sin necesidad de expandir la frontera agrícola.
Fuente de DatosRegistro Único de Damnificados (RUD), catastro multipropósito (IGAC), facturación de servicios públicos (EPA / EPQ), curadurías urbanas y cartografía de amenaza de la CROT Quindío.
PeriodicidadMensual durante el primer año de vigencia del Decreto Legislativo 1422 de 2026; semestral en fase de consolidación.
1. Formulación Matemática del Déficit Ajustado por Sismo (\(D_{total}\))
Para evitar subestimar la demanda, se suma el déficit cuantitativo histórico (hogares sin vivienda o en hacinamiento no mitigable) con las viviendas destruidas o en zona de riesgo no mitigable por el sismo:
\(D_{total}=D_{hist}+V_{dest}+V_{reub}\)
  • \(D_{hist}\): Déficit habitacional cuantitativo previo al sismo (base DANE / Sisbén).
  • \(V_{dest}\): Viviendas colapsadas o con daño estructural irreparable dictaminado tras el evento sísmico.
  • \(V_{reub}\): Viviendas ubicadas en zonas de amenaza alta no mitigable (laderas de Calarcá, Circasia o quebradas de Armenia) que requieren reasentamiento obligatorio.
2. Cálculo de la Capacidad Efectiva de Suelo Contabilizado (\(C_{suelo}\))
No toda el área bruta identificada es edificable. Se debe descontar el porcentaje promedio de cesiones públicas (vías, parques y equipamientos, estimado en un \(35\%\) o factor \(0,65\)) y multiplicar por el índice de densidad habitacional permitido (ajustado con los mayores aprovechamientos del Decreto 1422 de 2026):
\(C_{suelo}=\sum _{i=1}^{n}\left(A_{neta\_i}\times 0,65\times D_{hab\_i}\right)+U_{reuso}+V_{desoc}\)
  • \(A_{neta\_i}\): Área neta (en hectáreas) de lotes urbanizados sin construir, lotes urbanizables, planes parciales y cesiones incumplidas de la Ley 1537 de 2012, ya filtradas por riesgo.
  • \(D_{hab\_i}\): Densidad habitacional máxima permitida (viviendas por hectárea) según la tipología del municipio (ej. 120 a 180 viv/ha bruta en Armenia; 70 a 100 viv/ha en municipios intermedios como Montenegro o Circasia).
  • \(U_{reuso}\): Unidades habitacionales proyectadas mediante reconversión de edificios vacantes (habilitadas para subsidio por el Decreto 1422).
  • \(V_{desoc}\): Viviendas terminadas desocupadas que ingresan al programa de arrendamiento social o adquisición directa.
3. Fórmula del Indicador de Suficiencia (\(IS_{si}\))
\(IS_{si}=\left(\frac{C_{suelo}}{D_{total}}\right)\times 100\)
  • Interpretación para la toma de decisiones:
    • Si \(IS_{si} \ge 100\%\): El municipio tiene suelo suficiente dentro de su perímetro actual. Prohibición estricta de habilitar suelo de expansión rural.
    • Si \(IS_{si} < 100\%\): El municipio debe cuantificar el déficit residual (\(D_{total} - C_{suelo}\)) y acudir únicamente a la habilitación excepcional de suelo periurbano seguro mediante los ajustes abreviados de POT de 45 días previstos en el Decreto 1422.

Parte II: Mecanismos Financieros y Tributarios contra los "Lotes de Engorde"
En municipios con alta valorización turística y comercial como Armenia, Filandia, Circasia y Salento, muchos propietarios retienen tierra urbanizada esperando ganancias especulativas. La política pública debe combinar instrumentos coercitivos (tributarios) con incentivos de gestión asociada para forzar la salida de estos predios al mercado de la reconstrucción.
1. Sobretasa y Tarifa Progresiva del Impuesto Predial Unificado (IPU)
Amparados en la Ley 44 de 1990 y el Estatuto Tributario Municipal, los concejos municipales pueden aplicar la tarifa máxima legal a los predios urbanos no edificados o urbanizables no urbanizados:
  • Tarifa sancionatoria del 33 por mil: Mientras una vivienda de estrato medio paga entre el \(5\) y el \(8\) por mil sobre el avalúo catastral, la política debe fijar de inmediato el techo legal del 33 por mil (\(3,3\%\) anual) para lotes de engorde dentro del perímetro urbano.
  • Efecto financiero: En un horizonte de 4 años, el propietario pierde más del \(13\%\) del valor catastral del inmueble solo en impuestos, haciendo financieramente inviable mantener el lote ocioso frente a la rentabilidad de aportarlo a un proyecto VIS/VIP.
  • Exención condicionada (Zanahoria): Si el propietario suscribe un convenio de aporte de suelo al Banco de Tierras Municipal o inicia licencia de construcción VIP dentro de los primeros 6 meses de vigencia del Decreto 1422, la tarifa predial se congela o reduce al \(4\) por mil durante la ejecución de la obra.
2. Participación en Plusvalías (Ley 388 de 1997 y Decreto 1422 de 2026)
Cuando las alcaldías del Quindío apliquen las facultades extraordinarias del Decreto 1422 para cambiar el uso del suelo, ampliar perímetros o autorizar mayores aprovechamientos urbanísticos (más pisos o mayor densidad) en zonas seguras, se genera un incremento artificial en el valor de la tierra que no proviene del esfuerzo del propietario, sino de la decisión estatal.
  • Captura del \(30\%\) al \(50\%\) del mayor valor: Los municipios deben liquidar e inscribir en el folio de matrícula inmobiliaria el efecto plusvalía generado por los ajustes excepcionales al POT.
  • Pago en especie (Suelo por Plusvalía): En lugar de exigir el pago en dinero —que suele dilatar los procesos—, la política debe priorizar que el propietario pague la plusvalía transfiriendo al municipio porciones de terreno urbanizado o unidades de vivienda VIP ya construidas dentro del mismo proyecto.
3. Declaratoria de Desarrollo y Construcción Prioritaria (Enajenación Forzosa)
Este es el instrumento más contundente de la Ley 388 de 1997, articulado con las medidas de celeridad del Decreto 1422:
  • Activación: El alcalde incluye en el Plan de Acción de Reconstrucción los lotes urbanizados sin construir en zonas seguras de Armenia, Calarcá o La Tebaida, otorgando un plazo perentorio (generalmente de 1 a 2 años, reducible bajo emergencia) para que el dueño inicie la urbanización o construcción.
  • Subasta pública: Si vence el plazo sin inicio de obras, el municipio inicia el proceso de enajenación forzosa en pública subasta. El precio base de la primera subasta es el \(70\%\) del avalúo comercial; si queda desierta, baja al \(50\%\) en la segunda. Quien adquiera el lote queda legalmente obligado a desarrollar vivienda de interés social o prioritario en plazos estrictos.
4. Derechos Adicionales de Construcción y Desarrollo (Transferencia de Edificabilidad)
Para municipios con fuerte restricción patrimonial o ambiental como Filandia y Circasia, donde no se puede densificar en el centro histórico ni en zonas de recarga hídrica:
  • Se crean Certificados de Derechos de Construcción. Si un propietario tiene un lote en una zona que debe conservarse vacía por mitigación de riesgo sísmico o protección paisajística, el municipio le otorga certificados de edificabilidad que puede vender a constructores en zonas receptoras seguras (por ejemplo, áreas de expansión controlada en Armenia o La Tebaida).
  • De este modo, el municipio adquiere suelo de protección sin desembolsar recursos fiscales y el privado compensa su pérdida patrimonial mediante el mercado inmobiliario.
5. Financiamiento mediante Concurrencia de Subsidios y Obras por Impuestos
Para cerrar el modelo financiero de los lotes capturados, los municipios quindianos deben articular tres fuentes de capital:
  1. Concurrencia plena del Decreto 1422: Permite sumar el subsidio familiar de vivienda del Gobierno Nacional (Fonvivienda), los subsidios de las Cajas de Compensación Familiar (Comfenalco Quindío) y los aportes municipales (suelo y exención de licencias) sin orden secuencial, cubriendo hasta el \(100\%\) del valor de una VIP para hogares damnificados de hasta 4 SMMLV.
  2. Fondo de Compensación Urbanística: Los desarrolladores privados que tengan obligaciones pendientes de suelo VIP bajo la Ley 1537 de 2012 y no puedan ejecutarlas en sus predios originales por restricciones geotécnicas tras el sismo, podrán trasladar y monetizar dichas obligaciones hacia un fondo fiduciario departamental destinado exclusivamente a financiar redes de servicios públicos en los lotes priorizados para la reconstrucción.