Después del sismo, las llaves de cartón no abren ninguna casa. Si el dinero llega al Fondo será un Milagro.
Después del sismo, las llaves de cartón no abren ninguna casa
Un llamado de la Veeduría Cívica Armenia y Quindío a los medios de comunicación y a la sociedad civil — 10 de noviembre de 2026
Por Luis Alberto Vargas Ballén
Después del sismo del 10 de agosto, una de las preguntas más urgentes era también la más elemental.
¿A quiénes dejó el terremoto sin una vivienda segura?
Para los hogares de los asentamientos humanos de desarrollo incompleto (AHDI), la respuesta dependía de algo tan concreto como que una brigada de cada alcaldía llegara al barrio, visitara la vivienda y registrara el daño. Si esa visita nunca ocurrió, desde luego que el hogar quedó por fuera de las cifras con las que se decide dónde empieza la reconstrucción y a quién llega primero la ayuda.
Desde este Veeduría hemos radicado múltiples derechos de petición, examinado respuestas oficiales, promovido tutelas e impugnado decisiones.
Pedimos saber quién fue censado, quién dirige la reconstrucción y cómo se puede seguir el dinero anunciado hasta su destino.
Tres expedientes judiciales muestran cuánto ha costado obtener respuestas a esas preguntas y cuánto queda por hacer para que los damnificados reciban atención efectiva.
Los Jueces de Villavicencio. El derecho a una respuesta y el riesgo de quedar fuera del censo
En la tutela 50001-4004-003-2026-00272-00, el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Villavicencio, Meta, dictó un nuevo fallo de primera instancia el 16 de octubre de 2026. La sentencia inicial, del 9 de septiembre, había sido anulada por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Villavicencio, mediante el Auto 068 del 5 de octubre.
El nuevo fallo amparó el derecho de petición y ordenó a 18 municipios y a los departamentos de Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, también en su condición de presidentes de los respectivos consejos departamentales de gestión del riesgo, que en 48 horas desde la notificación, si aún no lo habían hecho, respondieran de fondo el Oficio 2026-046. Estas respuestas aún no han llegado.
Debían indicar qué habían hecho, qué quedaba pendiente, quién era responsable y en qué plazo actuaría, o explicar por qué no accedían a lo solicitado. También debían trasladar los asuntos ajenos a su competencia e informar de ello al peticionario.
En el mismo plazo, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo debían contestar de fondo el Oficio 2026-047.
El juzgado declaró improcedentes las pretensiones colectivas sobre censo, caracterización y registro por falta de legitimación y subsidiariedad, y dejó abierta la vía de la acción popular. Desvinculó a la UNGRD, a Minvivienda y a Prosperidad Social.
En nuestra impugnación del 19 de octubre pedimos que se examinara la responsabilidad de la UNGRD y que, como medida provisional, se suspendiera el cierre definitivo del Registro Único de Damnificados (RUD) mientras se verificaba la cobertura del censo y se resolvía la segunda instancia.
Aportamos como referencia un inventario ciudadano de 445 AHDI para orientar esa verificación.
El auto del 23 de octubre concedió el trámite de las impugnaciones del accionante, ante las Gobernaciones y Alcaldías, y ordenó remitir el expediente a los juzgados penales del circuito de Villavicencio.
Estamos pendiente de la decisión de segunda instancia.
La preocupación que llevamos al juzgado sigue siendo concreta. Si se cierra el registro antes de identificar a los hogares que quedaron por fuera, ¿cómo podrán esas familias acreditar su afectación cuando se decida quién accede a un subsidio de arriendo, a una reparación o a una reubicación?
Los Jueces de Armenia. Las cifras del daño y quién responde por la reconstrucción
En la tutela 63-001-31-09-003-2026-00138-00, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Armenia, Quindío, amparó el 8 de octubre de 2026 los derechos de petición y de acceso a la información pública de la Veeduría.
En el escrito de contradicción del 5 de octubre habíamos confrontado las contestaciones de las entidades con lo que efectivamente se les había pedido. El juzgado impartió órdenes de respuesta de fondo en 48 horas desde la notificación:
A Minvivienda, completar la respuesta del 30 de agosto sobre el Inventario de Asentamientos en Zonas de Alto Riesgo y los AHDI, incluida la cobertura nacional de los datos, el reporte de los municipios y la gestión y el control a cargo del Ministerio.
A la UNGRD, responder la solicitud del 2 de septiembre sobre la información territorializada, anonimizada y reutilizable que sustenta las cifras oficiales. Debía identificar los soportes bajo custodia de sus dependencias, explicar la relación entre 30.981 registros rurales y urbanos, 23.349 familias y 46.788 personas reportadas con corte al 10 de septiembre, e informar si el RUD se había cerrado definitivamente y con qué fundamento.
A Minvivienda y, en el numeral quinto, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE)–Fondo Milagro, responder, dentro de sus competencias, la petición de 63 puntos del 3 de septiembre sobre quién dirige la reconstrucción, cómo se financia, qué se contrata, cómo se priorizan los territorios y qué mecanismos permiten vigilar el proceso.
El juzgado consideró superada la situación respecto del Servicio Geológico Colombiano y negó la solicitud de ordenar a Minhacienda la entrega de determinados soportes financieros, porque en ese expediente no obraba una petición previa en esos términos.
El 6 de noviembre de 2026, en el radicado 63-001-31-09-003-2026-00138-01, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, con ponencia del magistrado Juan Carlos Socha Mazo, resolvió la impugnación del DAPRE.
Confirmó el fallo y modificó su numeral quinto.
La orden que quedó a cargo del DAPRE fue verificar, en un máximo de 48 horas, si también procedía remitir a Hacienda la petición del 3 de septiembre, a la luz de las competencias del Decreto Legislativo 1379 de 2026. El Tribunal dispuso el envío a la Corte Constitucional para eventual revisión.
La UNGRD presentó un informe de cumplimiento el 13 de octubre, con el oficio 2026EE18850, y Minvivienda presentó otro el 30 de octubre, en el que sostuvo haber atendido lo ordenado, desde luego que fueron respuestas vacías que serán sujetas de recursos de desacato.
Esas actuaciones permiten hacer una comprobación que sigue interesando a las comunidades.
¿Puede un municipio conciliar las cifras y saber qué sectores quedaron pendientes de visita?
¿Puede una familia conocer la ruta para corregir su ausencia del registro?
¿Puede la ciudadanía identificar quién decide, con qué recursos y en qué fecha?
La Veeduría cuestiona el alcance material de las respuestas y reclama que se compruebe el cumplimiento punto por punto.
Minhacienda. Seguir el dinero hasta el municipio y el hogar
Ante el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Armenia, en el expediente identificado en la Sentencia 306 como 63001-3333-002-2026-25400-001, pedimos respuesta a la petición 1-2026-095259 del 10 de septiembre.
Solicitamos soportes y balances que permitieran rastrear, fuente por fuente, los recursos del crédito del Banco Mundial, la cooperación internacional y las donaciones.
En su contestación del 16 de octubre, Minhacienda sostuvo que había respondido y que había trasladado asuntos a APC-Colombia. En los escritos del 19 de octubre pedimos vincular a la Cancillería y a organizaciones mencionadas en campañas de ayuda, para aclarar qué recibió, coordinó o entregó cada una y quién conserva los soportes.
Por auto del 20 de octubre, la jueza vinculó a la Cancillería y al Fondo Milagro, y les dio un día desde la notificación para pronunciarse y aportar soportes. Negó la vinculación de las organizaciones privadas. Esta respuesta NO la hemos recibido.
En la Sentencia 306 del 22 de octubre, declaró el hecho superado respecto de Hacienda y APC-Colombia por las actuaciones surtidas durante el trámite. Negó el amparo frente a Cancillería porque, a la fecha del fallo, seguía dentro del término para responder el traslado.
Y ordenó enviar copia del fallo a la Contraloría General de la República para lo de su competencia y para acompañar el control ciudadano sobre los recursos de la emergencia.
En los documentos revisados no encontramos comprobantes suficientes para establecer cuánto dinero de los créditos, las donaciones y el presupuesto público llegó efectivamente a los municipios y a los hogares cuya atención reclamamos.
La denuncia de la Veeduría es que el Gobierno nacional ha descargado sobre las alcaldías la tarea de censar y atender, y sobre los damnificados la carga de probar una y otra vez su necesidad, sin acreditar ante ellos cuánto respaldo financiero les ha entregado. Si hubo giros, el Gobierno puede despejar esa duda publicando los montos, las fechas, los destinatarios y los comprobantes. Si siguen pendientes, debe decir quién tiene a cargo efectuarlos y cuándo.
El agotamiento de la vía judicial como respuesta a la emergencia
Advertimos sobre el agotamiento práctico de las gestiones administrativas y judiciales emprendidas hasta ahora.
En Armenia el juzgado ya se resolvió la segunda instancia del proceso sobre acceso a información pero seguimos sin recibir una respuesta de fondo. En Villavicencio los jueces concedieron la impugnación y aún falta conocer su desenlace.
El fallo sobre Minhacienda dispuso la eventual remisión a la Corte Constitucional si vencía el término sin impugnación. Sigue siendo posible exigir el cumplimiento de las órdenes vigentes y el fallo de Villavicencio dejó a salvo la acción popular.
Entretanto, cada nueva remisión consume tiempo que las familias necesitan para conseguir un lugar seguro donde vivir.
LLAMADO URGENTE.
Por eso llamamos a las radios comunitarias, los medios regionales y nacionales, las organizaciones sociales, las universidades, las juntas de acción comunal y los organismos de control a sostener esta vigilancia junto con los damnificados.
Queremos que se escuche a quienes siguen esperando una visita y que se contrasten sus testimonios con las actas, los registros y los comprobantes de pago.
Pedimos que se le pregunte al Gobierno nacional, municipio por municipio, cuántos hogares siguen pendientes de evaluación, cuánto se ha girado, qué ayudas se han entregado y quién responde por las que faltan.
Para responder a una emergencia que afecta a cientos de miles de personas, el Gobierno nacional debe publicar un plan de reconstrucción financiado, con responsables, fechas y metas que las comunidades puedan verificar.
Debe habilitar una vía para localizar e incorporar a los hogares omitidos y mostrar qué recursos respaldan el alojamiento temporal, la reparación de viviendas y la reubicación segura.
Y debe dar cuenta del dinero desde su origen hasta la entrega, con el detalle suficiente para que los municipios puedan planear y la ciudadanía pueda vigilar.
Los anuncios rimbombantes ya tuvieron su momento. Las ayudas de papel y las llaves de cartón no abren ninguna casa.
La reconstrucción se podrá comprobar cuando una familia sepa quién responde por su caso, qué ayuda tiene asignada y cuándo podrá volver a vivir bajo un techo seguro.
Luis Alberto Vargas Ballén, Cel. +57 314.2105325