Perspectivas y
Oportunidades de la
VIVIENDA SOCIAL EN COLOMBIA
“De cómo el Estado puede asumir
el reto de hacer realidad el Sueño de los
Colombianos de tener una Vivienda
Digna.
por:
LUIS ALBERTO VARGAS BALLEN
evivienda@gmail.com
Imagen de nuestro logo "manos unidas por la vivienda" diseñado para el Foro de Instrumentos de Gestión de Vivienda Social realizado en el Salón Rojo del Hotel Tequendama el 2 de maro de 2011 por eVivienda y el Diario La República, que esta siendo utilizado de manera indebida y sin autorización por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Ponencia.
Luis Alberto Vargas Ballén
Gerente de eBusiness
Vivienda
Director del Diplomado para
Gestores Habitacionales
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Notas:
1. La ponencia se desarrolla
sobre la base de un recuento de las cifras y se van presentando las propuestas
en cada capítulo, de tal forma que el diagnóstico (sin ser muy profunda la
reflexión sobre el mismo) sirve para plantear las propuestas.
2. Respetamos y valoramos las
opiniones, criticas, e incluso los ataques que puedan devenir, pero mucho más
las sugerencias constructivas.
3. Nuestro punto de vista es
crítico de la situación actual de la vivienda en el país pero muy propositivo.
La Ciudad es la Gente, Sófocles
Saludo
Son grandes los retos actuales que afronta el país, los retos son mayúsculos y requieren del esfuerzo de todos nosotros, los ciudadanos preocupados
que estamos llamados a plantear soluciones apropiadas, innovadoras y
eficaces.
Estoy muy alejado de la política electoral, me
considero un damnificado y victima del abuso de confianza; actualmente como empresario preocupado por la
política habitacional, me motiva el servicio a la gente, a las familias que
luchan todos los días por conseguirle un techo digno a sus hijos, especialmente
a las madres Cabeza de Familia, mi aspiración no va más allá de ser el gerente
de mi propia empresa.
Pero el devenir actual del sector habitacional en
Colombia es muy preocupante, está infartado. El programa coyuntural (que no puede recibir el nombre de política institucional) de regalar cien mil casas es un burdo remedo de las casas sin cuota inicial del Presidente Belisario Betancur que en esa época terminaron por quebrar al Instituto de Crédito Territorial, ahora el que -para bien de todos- saldrá damnificado con su quiebra y posterior liquidación será el Fondo Nacional de Vivienda.
Como empresario, sé que mi
gestión se debe basar en el diseño de políticas y programas que sean factibles de
ejecutar, que puedan contar con recursos para culminar con éxito y que por
supuesto, sus resultados puedan ser medidos con los más estrictos indicadores
de gestión. Que sean rentables, con
rendimientos económicos y también sociales. Pero especialmente sustentables y sostenibles en el tiempo.
Espero que mi gestión empresarial me permita
acrecentar los productos y servicios de eVivienda pero más me motiva poderle
servir a la gente sin techo, con programas que puedan ser evaluados con indicadores
de gestión objetivos, con este criterio desempeñó mi gestión empresarial.
Presentación
Nos han invitado al 3er Foro sobre las Perspectivas y
oportunidades de la Vivienda de Interés Social en Colombia, invitación que
agradezco y de manera rápida comenzare a tratar.
En mi intervención más que detenerme en el diagnóstico, al cual se han
referido quienes me han antecedido en el uso de la palabra, quiero proponerles sin
dejar de mencionar algunas cifras que considero importantes para justificar mis
propuestas, varias ideas para que la gestión en vivienda social alcance los
resultados que el país necesita.
Espero recibir de todos Ustedes, los amigos y amigas que hoy nos
acompañan, todas las sugerencias opiniones y críticas constructivas que nos
permitan construir en el menor tiempo posible un Proyecto de Ley para ser
tramitado en el Congreso de la República. Necesitamos de una verdadera POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA.
Capítulo 0. Elementos para garantizar el Derecho a la Vivienda en Colombia.
A continuación relaciono los elementos que el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, considera
deben ser involucrados en los análisis para considerar que una familia acceda
al derecho a una vivienda adecuada; abordo estos elementos debido al problema
de la inexistencia de una definición aceptable y reconocida ampliamente del
conjunto de elementos comprendidos en el derecho a la vivienda para concluir que,
según el derecho internacional, los individuos deben gozar de los siguientes
derechos en cuanto a la vivienda:
1) 
Seguridad jurídica de la tenencia: Todos los individuos están
protegidos por la ley contra el desahucio, el hostigamiento y otras amenazas.
Los Estados Partes están obligados a adoptar medidas inmediatas para garantizar
la seguridad jurídica de la tenencia a quienes carecen de esa protección, tras
consultar realmente a los afectados.
Seguridad jurídica de la tenencia: Todos los individuos están
protegidos por la ley contra el desahucio, el hostigamiento y otras amenazas.
Los Estados Partes están obligados a adoptar medidas inmediatas para garantizar
la seguridad jurídica de la tenencia a quienes carecen de esa protección, tras
consultar realmente a los afectados.
Para el caso Colombiano, este déficit se evidencia con
el número de predios destinados a vivienda cuyos habitantes no poseen títulos
de propiedad o que han sido forzados a
abandonarlos o titularlos a terceros por presión de grupos ilegales. Más adelante veremos cifras sobre estos
aspectos.
2) Disponibilidad de servicios,
materiales e infraestructura: Todos los individuos tienen derecho a un acceso
sostenible a los recursos comunes, el agua potable, el combustible de cocina,
la calefacción y el alumbrado, las instalaciones de saneamiento y lavado, el
almacenamiento de alimentos, la eliminación de residuos, la evacuación de aguas
residuales y los servicios de emergencia.
En Colombia, el DANE ha censado el número de viviendas
que adolecen de servicios públicos básicos, dando un promedio de 32% en déficit. Esta labor corresponde principalmente resolverla a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, cuya función no debe ser sólo acumular utilidades sino ampliar las coberturas y la calidad del servicio, especialmente.
3) Precios razonables: Los costos relacionados con la
vivienda no deben alcanzar un nivel que amenace o comprometa la consecución y
satisfacción de otras necesidades básicas. Hay que establecer subsidios de
vivienda diferenciales para las personas que no tengan acceso a ésta y proteger a los
arrendatarios contra los alquileres excesivos. Los Estados deberían garantizar
la disponibilidad de materiales de construcción en las regiones en que éstos se
obtienen principalmente de sustancias naturales.
La política de vivienda en
Colombia considera fundamentalmente el otorgamiento de subsidios a los hogares
de bajos ingresos (inferiores a 4 smmlv) y de los niveles 1 y 2 del SISBEN, de
hecho esta herramienta de financiación ha sido confundida por los Gobiernos y
por los actores del sistema como la propia política habitacional, dejando de
lado otros instrumentos más importantes y de mayor alcance, como por ejemplo el garantizar que los hogares no propietarios paguen un canon de arrendamiento justo.
4) Vivienda habitable: Una vivienda adecuada es aquella
cuyos moradores disponen de espacio suficiente y están protegidos contra los
elementos y otros riesgos para la salud, como las estructuras peligrosas y los
vectores de enfermedades. Se debe garantizar
la seguridad física de los ocupantes.
El DANE ha tenido en cuenta para el Censo de 2005, los
hogares cuyos miembros viven en un número superior a 3 en una misma habitación
de una vivienda y que además adolecen de materiales apropiados en pisos, paredes
y cubiertas y estructura que hagan considerar la vivienda como de desarrollo
incompleto y hacinamiento crítico.
5) Acceso a la vivienda: Todos los individuos que tengan
derecho a una vivienda adecuada también deben tener acceso a ella. Hay que garantizar cierto grado de prioridad
en la esfera de la vivienda a grupos desfavorecidos, como las personas muy mayores de edad,
los niños(as) huerfanos, las personas con discapacidades físicas, los enfermos desahuciados,
los individuos infectados con VIH, los enfermos crónicos, los enfermos mentales,
las víctimas de desastres naturales, los que viven en zonas expuestas a
desastres naturales y otros grupos.
La política de vivienda en
Colombia ha establecido requerimientos mínimos de diseño para población
discapacitada, los cuales no han sido debidamente promovidos y exigidos a los
constructores. De otro lado, se otorgan
subsidios de vivienda a los hogares de bajos ingresos que resultan afectados
por desastres naturales, que son forzados a desplazarse de sus viviendas y por
atentados terroristas.
6) Ubicación: Una vivienda adecuada debe estar
ubicada de modo que permita el acceso a los lugares de trabajo, los servicios
de atención de la salud, las escuelas, las guarderías infantiles y otros
servicios sociales. No se deben
construir viviendas en zonas donde la contaminación represente una amenaza para
el derecho a la salud.
En esta materia, el país
está lejos de establecer una política integral de hábitat que obligue al
diseño, construcción y entrega a la comunidad de infraestructuras que
garanticen la adecuada movilidad de los habitantes y su acceso efectivo y a
cortas distancias a los servicios de educación, salud, seguridad, culto,
recreación, deporte y esparcimiento y desde luego a sitios de comercio. La Corte Constitucional en la Sentencia
No. C-149/10, declaró inconstitucional el artículo de la ley del Plan Nacional
de Desarrollo que establecía los Macro proyectos de Interés Social Nacional que
era un remedo de norma que pretendía este aparentemente este objetivo y que pretendía pasar sobre las competencias de los Concejos Municipales y de los Alcaldes.
7) Adecuación cultural: Una vivienda adecuada debe
permitir la expresión de la identidad y la diversidad culturales. No se deben sacrificar las dimensiones
culturales de la vivienda en aras del desarrollo o la modernización.
COMENTARIOS.
Estos son algunos aspectos relacionados con el derecho
a una vivienda adecuada que ponen de manifiesto la complejidad del tema e
ilustran las diversas perspectivas que se deben tener en cuenta para cumplir la
obligación jurídica de satisfacer el derecho a la vivienda de los Colombianos,
de conformidad con lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
Cualquier persona, familia, hogar, grupo o comunidad
que viva en condiciones que no satisfagan plenamente esos requisitos podría
argüir justificadamente que se está violando uno de los derechos humanos, su
derecho a una vivienda adecuada, reconocido por el derecho internacional.
No obstante, habida cuenta de la situación jurídica
poco clara de la mayoría de los derechos económicos, sociales y culturales, no
es probable que el derecho a la vivienda sea aplicable, especialmente en los
países en desarrollo, donde la mayoría de las personas no disponen de los
medios necesarios para adquirir una vivienda adecuada. Todo indica que el ejercicio gradual del
derecho a la vivienda está estrechamente vinculado al avance general del
desarrollo económico y social y a los pocos recursos que el gobierno pueda
canalizar para esta necesidad.
No resulta adecuado regalar viviendas. Es lo mismo que regalar pescados. Lo que debemos es enseñar a Pescar.
En este aspecto, nuestras propuestas recobran su
importancia, pues lo que tratamos es de entregarle iniciativas a los gobiernos
para que puedan planificar y establecer en debida forma una política pública de
hábitat que atienda todas y cada una de las variables deficitarias y que
procure la apropiación de suficientes recursos o por lo menos que entregue
herramientas de gestión que debidamente focalizados y administrados puedan
atender y mitigar los aspectos más críticos del déficit en vivienda que
soportan los Colombianos.
Es grato comentar que una gran mayoría de nuestros apuntes propositivos han sido incluidos en las Leyes 469 y 1537, en la primera ley por nuestra participación activa en la segunda porque fuimos plagiados. Lo cual no importa siempre y cuando sea en beneficio de toda la sociedad.
Capítulo 1. Veamos las metas a las cuales estamos enfrentados.
Según lo informó el diario El Tiempo en una edición de mayo del año pasado, como resultado de la encuesta contratada a Datexco, los ciudadanos manifiestan
su mayor preocupación en materia de generación de empleo (52%), cobertura y calidad
de los servicios de salud y educación (23% y 22% respectivamente), erradicación
de la pobreza (17%), seguridad ciudadana (27%), la corrupción de los políticos
(10%); temas en su orden de mayor interés de los ciudadanos.
Paradójicamente, la vivienda ocupó el 1% del interés de los ciudadanos
encuestados.
Pero hoy en Colombia 3.828.055
de hogares esperan una solución habitacional, 1.307.757 requieren construir una
nueva vivienda para ocuparla y otras 2.520.298 familias requieren reparar la
que ya habitan. Las cifras sobre las
cuales me voy a referir tienen como fuente el Dane y no necesariamente citarlas
implica que estemos de acuerdo con ellas, pues se encuentran desactualizadas
aproximadamente en 7 años, es decir que las cifras pueden ser en muchos casos
peores a las que voy a citar.
Los diez departamentos que mayor déficit en construcción de vivienda nueva
presentan en proporción a la cantidad de unidades son en su orden: Vaupés (36%), Vichada (27%), Guaviare
(29%), La Guajira (24%), Sucre (20%), Córdoba (20%), Arauca (19%), Magdalena
(16%), Bolívar (16%) y Casanare (15%).
De igual forma los diez departamentos que mayor déficit en mejoramiento de
vivienda presentan son en su orden los siguientes: Chocó (80%), Guainía (75%), San Andrés y Providencia (71%), Vichada (63%), Putumayo (63%), Córdoba (59%), Guaviare (59%), Amazonas (53%), La Guajira (52%) y Magdalena (50%).
Capítulo 2. Propuestas.
Estas
son las Cuatro primeras propuestas para descentralizar efectivamente la
Política Nacional de Vivienda de Interés Social, consisten en:
1) Definir y construir las Políticas Regionales de Vivienda, el país es diverso y esa es la
fuente principal de nuestra riqueza como nación, pero así como la forma de
construir y gestionar la vivienda en las diferentes regiones del país es
distinta también lo deben ser las políticas que se apliquen.
Que distintas resultan
ser las viviendas que construyen los bogotanos, a las que se fabrican en córdoba y
sucre, las que por su propia cuenta hacen los indígenas en la amazonia, los
palafiticos donde viven las comunidades afro colombianas del litoral pacífico,
hasta las casas de bahareque que hacemos en el eje cafetero.
2)
Para que la descentralización sea efectiva,
con el respeto que nos merecen los funcionarios que trabajan con entidades públicas; lo primero que debemos hacer es quitarle toda la ejecución de
los subsidios y de los programas de vivienda al actual Ministerio de
Vivienda pero no desaparecerlo, por el contrario aunque parezca contradictorio,
propongo fortalecerlo como única institución a la cabeza del sector
habitacional del país. Propongo unificar en torno al actual
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la dirección y fijación de
las políticas de vivienda que actualmente están regadas en los Ministerios de
Agricultura y Desarrollo Rural (con la política de vivienda rural) y en el
Ministerio de Defensa Nacional (con la Caja Promotora de la Vivienda Militar y
de Policía y el Instituto de Casas Fiscales), que en mi modo de ver han sido la
principal razón por la cual la institucionalidad no ha funcionado por cuanto
las decisiones las toman múltiples actores que por su naturaleza (Agricultura y
Defensa) no son expertas en materia habitacional y por lo tanto no permiten que
el sector avance.
3)
De igual forma debe crearse la Superintendencia del Hábitat para vigilar,
controlar y sancionar a los actores del Sistema Habitacional, comenzando por
llevar un estricto registro y hacer seguimiento a la gestión de los arquitectos
e ingenieros diseñadores y constructores, a las empresas constructoras y oferentes de
vivienda de toda clase (para garantizar que le cumplan a los compradores), a las
firmas de interventoría y de supervisión, a las lonjas y sociedades de
intermediación inmobiliaria, a los peritos avaluadores y sus sociedades, a las
curadurías urbanas y las oficinas de planeación municipal que otorgan
licencias, a los arrendadores, las empresas arrendadoras y las sociedades
inmobiliarias especializadas en arrendamiento, así como a los gremios que
representan al sector, con el único fin de brindarle a los ciudadanos una
entidad que vele y defienda sus intereses. Y también a las entidades territoriales encargadas de los asuntos de vivienda social.
Las
políticas regionales de vivienda que se proponen, deben cubrir por lo menos a
las regiones de la Costa Caribe (que
precisamente han votado por un referendo que les permita definir su
autonomía regional), la Costa Pacífica,
la Región Andina, el Magdalena Medio, la Amazonia y la Orinoquia, los Santanderes y
la región Cundiboyacense.
4)
Las ocho regiones que proponemos para
direccionar la Política de Vivienda deben poder definir de manera autónoma, la metodología,
los criterios y la forma como se deben canalizar e invertir los recursos del
presupuesto nacional girados a las regiones para su ejecución con plena autonomía,
los aportes de los entes territoriales y las cuotas de participación en los Fondos
de Vivienda de Interés Social que actualmente administran las Cajas de
Compensación Familiar. Así como
los criterios de focalización en los hogares más vulnerables, los montos de
ahorro programado, los sistemas de crédito y la gerencia de los proyectos. Cada región ha logrado un avance gracias a su
propia gestión, la cual debe premiarse, por eso casos como el Forec en el Eje
Cafetero deben retomarse y replicarse, la Empresa de Vivienda de Antioquia
–VIVA- es otro ejemplo; la Caja de la Vivienda Popular de Manizales, la empresa METROVIVIENDA en
Bogotá, los Fondos de Vivienda de Interés Social de Bucaramanga, de
Duitama y Sogamoso son buenos ejemplos que deben fortalecerse, pero que se han
venido a menos por la interferencia politiquera en sus estructuras y por la
manipulación del Gobierno Nacional al tratar de fijar una única norma que
funciona en los escritorios en los despachos públicos en Bogotá pero cuando se
llega a la ejecución en las ciudades y regiones del país no es aplicable. Otras entidades territoriales como las Promotoras de Vivienda del Quindío y Risaralda deben liquidarse inmediatamente para no desangrar mas la vivienda social en estas regiones.
El
propósito de descentralizar, que podemos definir como nuestra principal gran
meta, es fortalecer y lograr que más de cien ciudades intermedias sean fortalecidas
y logren un adecuado crecimiento para equilibrar y detener las megalópolis que
en pocos años serán Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, lo cual es inminente si no se
descentraliza pronto la gestión en vivienda en estas regiones.
En el caso de la Sabana de Cundinamarca debe fortalecerse la gestión de 21 municipios cuyas poblaciones sumadas representan la tercera ciudad (dispersa) más grande del país.
Capítulo 3. La
gestión del Gobierno Nacional.
A pesar de la infinidad de instituciones que participan en el Sistema
Nacional de Vivienda creado por la Ley 3 de 1991 y reformado ampliamente por el pasado y el actual Gobierno; del inmenso mar de disposiciones que promueven la vivienda
social; y pese a que en los dos últimos años se triplicó el presupuesto del
Gobierno Nacional para los subsidios familiares de vivienda y a que en el
último año se implementó el subsidio a la tasa de interés de los créditos
hipotecarios, los resultados hoy no son aceptables.
No le haremos las cuentas al programa político coyuntural de regalar casas a cien mil familias. Baste con decir que la primera entrega puede ser catalogada como EL OSO DEL AÑO; la primera casa gratis el Ministro de Vivienda se la entregó a una señora que ya era propietaria de una CASA GRANDE, y le prometió dotarsela completamente porque dizque llevaba 50 años esperándola. Tomado de Noticias Uno, que tal esto. http://www.youtube.com/watch?v=WEUq4n3c0Ic&feature=share
Estamos cada día más lejos de alcanzar los niveles de construcción de nuevas
unidades y de reparación de las ya existentes que el país requiere para cubrir
el déficit habitacional.
LAS CIFRAS.
El país cuenta con un stock de 10.537.735 viviendas, 7.839.484 en las zonas
urbanas (74%) y 2.698.251 en el campo (26%), lo cual implica fortalecer la
política de vivienda de interés social rural.
Del total de viviendas 2.918.447 viven en arriendo (31%), 6.001.259 son
propietarios (63%) y 610.669 tienen otra clase de tenencia (6%).
Pero es importante advertir que existen
en el país 646.405 (6% del total de
viviendas construidas) que está desocupadas, es decir que no las habita ninguna
persona, 336.902 (52%) en las zonas urbanas y 309.503 (48%) en la zona
rural.
De otra parte es importante tener en cuenta el número de Viviendas que
resultan averiadas y destruidas por eventos catastróficos, el promedio de
los últimos 10 años es de mil muertos por año, 50 mil damnificados y 31.154
viviendas afectadas de las cuales 7.114 resultan destruidas, la mayoría de
veces porque la población ha ido interviniendo zonas más vulnerables sin
planificación alguna. La geografía
colombiana está colmada de áreas de riesgo de desastres naturales y antrópicos
y numerosos y recurrentes eventos se producen anualmente, con saldos de
víctimas que se cuentan por miles y pérdidas económicas cuantiosas.
El riesgo sísmico proviene de varias
fallas tectónicas sobre las cuales están acentadas las principales ciudades del
país, además de 45 volcanes de origen terciario y cuaternario ubicados en las
cordilleras Central y Occidental, de los cuales 8 están activos y localizados
en el Macizo del Ruiz, Tolima, Santa Isabel, El Galeras (Nariño), el Puracé
(Cauca y Huila).
Cuatro ciudades han sido destruidas o semi-destruidas por violentos sismos: Cúcuta en 1875; Popayán en 1983, Armero en 1985 (más de
25.000 muertos); y Armenia y el Eje Cafetero en 1999 (1.180 muertos, 4.765 heridos
y 44.513 viviendas destruidas), el Volcán Machín, el Nevado del Huila y el
Galeras han hecho erupciones recientes.
Así, los departamentos de Quindío, Risaralda, Caldas y los Santanderes
constituyen áreas de alto riesgo, quedando Bogotá y varias otras ciudades con
calificación de riesgo moderado. Pese a
los esfuerzos no ha sido posible que los moradores desalojesn la Zona de
Amenaza Volcánica del Galeras.
El riesgo de movimientos en masa
(deslizamientos, derrumbes, solifluxión y otros) afectan el 51.5% del
territorio nacional (588.000 Km2) como consecuencia de la erosión, la cual es
de severa afectación en el 2.53% del territorio (268.000 Km2). Numerosas ciudades están siendo afectadas
anualmente por este tipo de eventos, con graves pérdidas humanas y económicas,
además de la colmatación de los alcantarillados debida a fenómenos
sedimientógenos conexos.
El riesgo de inundaciones es
igualmente alto según el HIMAT porque afecta a 14.9 millones de habitantes, de
los cuales 2.177.000 están asentados en las cuencas de los ríos Magdalena y
Cauca; 5.300.000 en la Orinoquía, 3.700.000 en la Amazonia; 2.100.000 en la
vertiente del Pacífico; y 1.300.000 en las riveras de los ríos Atrato y
Sinú. Sólo, en la cuenca del Magdalena -
Cauca se produjeron 168 muertos por año entre 1977 y 2007, actualmente la
Mojana tiene afectados a más de 426.000 habitantes de ocho municipios de Sucre
y Bolívar. La gente sigue construyendo
sus ranchos en zonas de inundación o de erosión ante la mirada atónita y negligente de los
funcionarios encargados de las oficinas de planeación, de los inspectores de
policía y de los propios Alcaldes Municipales.
Capítulo 4. Mas propuestas.
Presento
aquí, Tres nuevas propuestas para lograr los objetivos de las Políticas Regionales
de Vivienda de Interés Social, consisten en:
5) Volver realidad el concepto de la función social de la propiedad privada,
de tal forma que los Alcaldes Municipales y los Gobernadores puedan declarar el
abandono de la propiedad, en aquellas edificaciones, de tipo residencial,
comercial, mixto e industrial que cuenten con acceso inmediato a servicios
públicos domiciliarios básicos cuando sus propietarios, poseedores o
administradores no estén realizando ningún tipo de actividad en el inmueble y
cuando hayan transcurrido más de 6 meses de presentarse la situación de no uso,
esta norma aplicará para aquellas construcciones ubicadas en la trama urbana
consolidada de las ciudades y en los corregimientos y veredas del país, que
están construidas en buen, regular o mal estado para permitir que la autoridad
las pueda intervenir, administrar, adecuar para su entrega a hogares
vulnerables (en arrendamiento, venta o donación como subsidio en especie), llegando
a la expropiación y reasignación como viviendas a nuevos hogares y
edificaciones vacantes en la de las ciudades.
6) El otorgamiento de facultades extraordinarias a los Alcaldes Municipales
junto con la dotación de mayores recursos en cuanto a expropiación y
recuperación de tierras en zonas de riesgo para el desalojo efectivo pero
también en zonas seguras para la reubicación segura de las familias afectadas
por desastres naturales, así como la atribución de funciones a la policía para
garantizar el cumplimiento de las órdenes de desalojo de los hogares asentados
en zonas de riesgo, aun en contra de la propia voluntad de las personas, cuando
sea requerido para preservar sus propias vidas.
7) Facultades que deben ir acompañadas del aumento de penas y la imposición
de multas y sanciones a las personas que construyan en zonas de riesgo, así
como la prohibición de dotar de servicios públicos a las viviendas construidas
por parte de las empresas de servicios públicos deben ser normas disuasorias de
este tipo de asentamientos.
8) De igual forma para corregir los vicios que producirán las casas regaladas que la gente sale a vender a menos precio con un documento privado o una promesa de compraventa, proponemos penalizar con carcel sin beneficio de casa por carcel a quienes compren esas viviendas antes de que transcurran los diez años para habitarlas y con destitución de los notarios que autoricen o autentiquen dichos documentos o promesas.
Continua….
LUIS ALBERTO VARGAS BALLEN.
evivienda@gmail.com
NOTA: Al(los) funcionario(s) del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que tienen encargados de fusilar estas propuestas, le recomiendo citar la fuente. A partir de la fecha y con la sentencia de tutela que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca nos ha fallado a favor el día de hoy, procederemos a defender nuestros derechos de autor.