Compilado Por LUIS ALBERTO VARGAS BALLEN, Gerente Evivienda.

La apuesta de la política de vivienda social será reducir el déficit habitacional, que en 2017 ascendió a 1,68 millones de hogares urbanos y 1,59 millones de hogares rurales. Para ello resulta útil el enfoque planteado por la Nueva Agenda Urbana (NAU), el cual destaca la relevancia de tener en cuenta las necesidades y preferencias de diferentes grupos en materia de acceso a vivienda.

En esa línea, consideramos importante incluir en este estudio del sector lo que propone el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo, que buscar mejorar la calidad de las viviendas deficitarias reconociendo que, para el 9,75% de los hogares urbanos y el 48,5% de los rurales, la vivienda no garantiza los estándares mínimos de calidad.

Teniendo en cuenta que las variables asociadas al componente de servicios públicos domiciliarios y vivienda contribuyen en 11% en la incidencia (ajustada) de la pobreza multidimensional, los avances en la calidad y el acceso a la vivienda (como elemento patrimonial y de generación de ingresos especialmente para la población rural) aportarán a reducir el índice de pobreza multidimensional, que para 2017 fue de 17,0% (11,4% en la zona urbana y 36,6% en la rural).

Adicionalmente, se continuará facilitando el acceso a vivienda para hogares de menores ingresos, con el propósito de reducir el déficit cuantitativo urbano (5,22%) y rural (3,09%). Asimismo, de manera articulada con la vivienda, se debe fortalecer el mejoramiento de los entornos construidos en zonas urbanas y rurales, con miras a asegurar la accesibilidad y disponibilidad de los servicios públicos y sociales.

Por último, reconociendo que el sector constructor es un eslabón clave para la materialización de las anteriores apuestas y cuya estructura de costos incide directamente en la VIS, resulta relevante contar con un sector altamente productivo. Para esto, será necesario trabajar en el desarrollo productivo, adopción tecnológica e innovación empresarial del sector de la construcción.

Los avances mencionados en estas dimensiones contribuirán al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, de manera particular, al ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles, el cual busca asegurar el acceso de todas las personas a viviendas, servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, como también mejorar las condiciones de los barrios marginales.

La numeración de los cuadros, gráficos y tablas son los mismos de los textos del PND.

a) Diagnóstico

En 2014 el déficit habitacional rural fue de 1,72 millones de hogares (59,10%), de los cuales 3,15% correspondió a cuantitativo y 55,95% a cualitativo. Con el propósito de mejorar la condición de los pobladores rurales, entre 2014 y 2017, el Banco Agrario de Colombia (BAC) mediante el programa de Subsidio Familiar de Vivienda Rural (SFVR) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Min Agricultura), otorgó 66.221 subsidios, de los cuales 11.736 fueron para mejoramiento y 54.485 para construcción de vivienda nueva.

Esto contribuyó a reducir el déficit habitacional rural, que para el año 2017 fue de 1,60 millones de hogares (51,63%), de los cuales 95.744 (3,09%) necesitaban vivienda nueva y 1,50 millones (48,54%) requerían mejoramiento de vivienda (Gráfica 9). Respecto a estos últimos, 26,82% registraron carencias en acueducto, 20,80% en servicio de sanitario, 11,89% en estructura de pisos, 7,63% en cocina y el 7,88% reportó hacinamiento mitigable.

Gráfica 9. Déficit de vivienda rural (2010-2017)

Fuente: Cálculos DNP con base en DANE- ENCV (2010-2017).

Sin embargo, los mecanismos empleados son insuficientes para atender la demanda. En efecto, el programa de VIS rural, que atiende población localizada en centros poblados y zonas rurales dispersas, enfrenta el reto de atender a estas últimas zonas, pues sus habitantes disponen de menos oportunidades para generar ingresos y su remuneración equivale en promedio al 79% de un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV). Además, sólo el 5,2% de los hogares rurales dispone de financiación para el desarrollo de sus actividades agropecuarias.

El programa se ve afectado por la complejidad para atender a los beneficiarios, generando una diferencia entre el otorgamiento y la entrega del subsidio, que en promedio es de 2,5 años. Esto incrementa los costos de operación, debido a la dispersión geográfica de las viviendas, sobrecostos de transporte, insuficiencia de mano de obra calificada y aumento de precios de materiales respecto a la estructuración financiera.

Gráfica 10. Déficit de vivienda urbano (2009-2017)

Fuente: Cálculos DNP con base en DANE - GEIH (2009-2017).

Por su parte, el déficit de vivienda urbano en 2014 ascendió a 1,95 millones de hogares, correspondiente a 7,02% cuantitativo y 11,36% cualitativo. En atención a esto, entre 2015 y 2018, se impulsó la iniciación de 462.861 VIS con apoyo de los Subsidios Familiares de Vivienda (SFV) del Gobierno nacional, se ejecutaron 16.243 mejoramientos de vivienda y se otorgaron 110.711 coberturas a la tasa de interés para VIP y VIS. Adicionalmente, con el fin de atender a la población más vulnerable, a través del Programa de Vivienda Gratuita se han entregado 108.892 viviendas 100% subsidiadas.

Esto contribuyó a que en 2017 el déficit habitacional urbano descendiera a 1,68 millones de hogares (14,97%), de los cuales 586.850 (5,22%) requieren vivienda nueva y 1.095.594 (9,75%) mejoramiento (Gráfica 10).

De los 1.095.594 hogares urbanos estimados con déficit cualitativo, el 52,2% tienen deficiencias de alcantarillado, 27,2% de hacinamiento mitigable, 24,9% de cocina, 14,4% de acueducto y 8,2% de pisos. Al respecto, entre 2003 – 2016, los SFV de Fonvivienda en materia de mejoramiento y tenencia formal, se distribuyeron así: 25% para mejoramiento saludable, 58% para otorgación de títulos y 17% para mejoramiento estructural (Gráfica 11).

Este panorama evidencia que la política de vivienda ha dirigido mayoritariamente sus esfuerzos a la reducción del déficit cuantitativo con énfasis en la propiedad de la vivienda nueva, tanto en zonas urbanas como rurales. Aunque aún persisten retos en este frente, el principal desafío es la reducción del déficit cualitativo.

Gráfica 11. Distribución de SFV para mejoramiento de vivienda urbana

Fuente: Fonvivienda.

Ahora bien, el diagnóstico de la vivienda a nivel regional en 2017 evidencia importantes brechas. Caribe fue la región con mayores necesidades en calidad de las viviendas (26,58%), mientras que Pacífico presentó los mayores retos en materia de déficit cuantitativo (8,37%). En contraste, la región Oriental registró los menores porcentajes (3,97% y 3,67%, respectivamente).

Las diferencias regionales se reflejan también en variables relacionadas con la provisión del bien. Al analizar los precios de vivienda nueva VIP y VIS, tomando como referencia las cifras de Coordenada Urbana, se observa una heterogeneidad entre departamentos y al interior de estos. Para VIP, se encontró que el precio medio del metro cuadrado (m²) osciló entre $754.688 y $1.643.690, siendo Quindío y Caldas las regiones con mayores niveles promedio, en contraste con Antioquia y Valle quienes presentaron los más bajos (Gráfica 12), mostrando así una brecha de hasta $889.009.

Gráfica 12. Precio promedio del m² de vivienda VIP (2017)

Fuente: Cálculos DNP con base en Coordenada Urbana - CAMACOL

En el caso de la VIS, Santander, Antioquia y Cundinamarca registraron los mayores precios promedio de m², alcanzando valores de hasta $2.637.000, mientras que Meta, Valle y Antioquia los menores, con un mínimo promedio de $606.855 el m² (Gráfica 13).

Gráfica 13. Precio promedio del m² de vivienda VIS (2017)

Fuente: cálculos DNP con base en Coordenada Urbana – CAMACOL.

Por otra parte, aún persisten desafíos en materia social y de acceso al financiamiento. En el primer caso, de acuerdo con la evaluación del Programa de Vivienda Gratuita (fase I), se recomienda el fortalecimiento del acompañamiento social, toda vez que “al reubicar a los hogares y alejarlos de sus familiares y amigos, es posible que se destruya la confianza en los vecinos y se reduzcan sus redes sociales, incluyendo su participación en organizaciones”.

Además, a pesar de los esfuerzos que se han adelantado en materia de subsidio y cobertura a la tasa de interés para apoyar la demanda, la profundización financiera en Colombia aún muestra un rezago importante frente a sus pares en la región. La cartera hipotecaria del país permanece en niveles del 6% del PIB, mientras que el promedio latinoamericano alcanza un 9,6% y, de manera particular, la relación para la cartera VIS no supera el 2%. Esto implica que las condiciones del mercado crediticio no estarían permitiendo que más hogares accedan a la oportunidad de adquirir vivienda.

En cuanto al entorno de la vivienda, también se encuentra que éste presenta deficiencias cualitativas, especialmente relacionadas con condiciones de riesgo. En efecto, el 28% de la población se encuentra en áreas susceptibles a inundación, 31% en áreas propensas a remoción en masa y 87% en zonas de amenaza sísmica alta e intermedia.

Esto evidencia la necesidad de mejorar la calidad de las viviendas y garantizar espacios habitables en condiciones adecuadas. Sin embargo, es importante tener en consideración que no existe una única forma de aproximarse al mejoramiento, por lo cual, se debe responder a las necesidades particulares de los hogares y sus barrios de manera diferencial.

Entre tanto, los desequilibrios entre la oferta y la demanda se evidencian en la relación entre la formación de hogares urbanos (280.005 promedio anual61 entre 2010 y 2017), y las viviendas iniciadas (223.347 en el mismo periodo), lo cual acentúa el déficit y refleja que el mercado formal no logra absorber la demanda, la cual resulta siendo atendida mediante el mercado informal o de alquiler.

Frente a esta última modalidad, entre 2005 y 2017, el alquiler en Colombia pasó de 37 a 45 hogares por cada 100, para un estimado total de 5,08 millones (Gráfica 14). Esta dinámica puede explicarse por algunas bondades del arrendamiento como son: los impactos positivos sobre el mercado laboral, al permitir mayor movilidad de la mano de obra, menores costos y tiempos de transacción; mejores condiciones de calidad del stock (solo el 7,7% de la vivienda en arrendamiento presenta déficit cualitativo); y dinámica de precios más estable (al comparar el Índice de Precios de Vivienda Nueva (IPVN) y el Índice de Precios del Consumidor (IPC) para alquiler, se encuentran variaciones del 98,5% vs 36,3%, respectivamente entre 2009 y 2017).

Gráfica 14. Árbol de tenencia de vivienda urbana 2017

Fuente: Cálculos DNP con base en GEIH 2017

Particularmente, el alquiler es un vehículo de acceso a la vivienda para los hogares de menores ingresos, dado que el 83% de los arrendatarios registró ingresos inferiores a 4 SMMLV. Además, mientras que estos hogares destinaron 40,2% de su ingreso al canon, los hogares entre 0-2 SMMLV usaron el 52% (superando los estándares internacionales del 30%), lo que restringe su capacidad de ahorro. En adición a lo anterior, el 45,6% de estos hogares reportó condiciones de informalidad y difícil acceso a instrumentos de financiación convencionales.

Por otra parte, la presión sobre la generación de oferta de vivienda también proviene de la tasa de crecimiento de los hogares, la cual se estima en 2,2% entre 2018-2022, superando el 1,17% de la población debido a la reducción en el tamaño de los hogares, que entre 2011-2017 pasó de 3,6 a 3,4 personas. Esta presión, junto con la falta de suelo urbanizable disponible (Pacto por la Descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones; Línea C. Sistema de Ciudades: motor para el desarrollo sostenible, inteligente y productivo), contribuye a la absorción de la demanda a través del mercado informal, alentando la formación de AHDI.

Información nacional indica que, en 2017, 1,2 millones de hogares habitaban AHDI. De manera particular y según el estudio adelantado por TECHO Colombia, en 2014 Bogotá contaba con cerca de 125 asentamientos ubicados en 11 localidades y que albergaban más de 230 mil personas. De ellos, 41% se formaron como urbanizaciones piratas, 38% por invasiones y 14,6% en urbanizaciones estatales.

No obstante, de acuerdo con Moreno (2017), debido a la ausencia de lineamientos nacionales que establezcan criterios estándar para la identificación de estos territorios, son diversos los mecanismos mediante los cuales los municipios se aproximan a la identificación de AHDI, siendo los predominantes: i) zonas de riesgo por vulnerabilidad frente a eventos naturales; ii) zonas de origen informal por ausencia de norma urbanística; y iii) polígonos de tratamiento urbanístico de mejoramiento integral según POT (Tabla 8). En consecuencia, la información disponible no es comparable y, por tanto, se desconoce la magnitud, escala y profundidad del fenómeno a nivel nacional, dificultando la focalización e intervención de las zonas.

Si bien no se dispone de un inventario de AHDI, el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB), que nació con el Documento CONPES 3604 de 2009, ha buscado intervenir entornos en condiciones de habitabilidad inadecuadas. El PMIB intervino 11 municipios, logrando un impacto directo sobre 39.701 habitantes en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad. A nivel internacional, también se ha encontrado evidencia de las bondades de estas intervenciones: en México el Programa Hábitat encontró que, por cada peso invertido en infraestructura pública, el valor de las viviendas en las zonas intervenidas se incrementó en 2,85 pesos.

Así, teniendo en cuenta que la vivienda constituye un elemento estructurador del entorno y contribuye a la movilidad social, su desarrollo en condiciones informales produce un territorio cercano inadecuado e incompleto. Por ende, resulta relevante priorizar la atención de estos espacios con criterios de sostenibilidad, que permitan mejorar sus condiciones físicas y sociales y facilitar el acceso de los hogares a bienes y servicios de calidad.

Para ello, el sector constructor deberá estar en capacidad de responder a estas necesidades de manera adecuada. Si bien, la construcción genera el 6% del empleo a nivel nacional (1,35 millones) y está encadenado con 27 sectores del aparato productivo, es un sector con poca productividad a causa de la informalidad y baja capacitación de la mano de obra, altos tiempos de trámites e incipiente inclusión de criterios de sostenibilidad, entre otros.

Tabla 8. Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto identificados por municipio.

* Los municipios con información No disponible, corresponden a aquellos que cuentan con criterios de identificación, pero no están cuantificados. Fuente: DNP-DDU.

En mano de obra, la productividad por hora trabajada del sector en el país es una de las más bajas del mundo y se ha contraído en los últimos 10 años a una tasa promedio del 0,4%. Además, la formación educativa de los trabajadores es limitada: el 43% de los maestros de obra cuentan con formación secundaria, 61% de los oficiales con básica primaria y 68% de los ayudantes no cuentan con estudios de bachillerato.

En cuanto a tramitología, existen retrasos en la entrega de permisos y trámites de urbanismo y construcción de las autoridades estatales y prestadores de servicios públicos, así como tiempos excesivos, duplicidad de requisitos y desarticulación entre entidades. De acuerdo con el Doing Business 2018, Colombia se ubica en la posición 81 de 186 en manejo de permisos de construcción76, muy por debajo de países como Chile (15), Costa Rica (61) y Paraguay (70).

En materia de sostenibilidad, se evidencia poco conocimiento y débil implementación de políticas de construcción sostenibles (Capítulo IV. Pacto por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo). En efecto, solo once municipios han implementado políticas en esta dirección. Adicionalmente, se ha evidenciado que los procesos constructivos son susceptibles de ser mejorados.

Con base en lo anterior, se identifica la necesidad de avanzar en cuatro frentes de la política de vivienda y entornos: i) mejorar condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y AHDI; ii) profundizar el acceso a soluciones de vivienda digna de manera diferencial; y iii) incrementar la productividad del sector de la construcción.

b) Objetivos orientadores

1) Mejorar las condiciones físicas y sociales de viviendas, entornos y AHDI, a través de la implementación de políticas para el mejoramiento de vivienda y barrios para los hogares de menores ingresos.

2) Profundizar el acceso a soluciones de vivienda digna, a través de la complementariedad de esquemas de compra y arriendo subsidiado de vivienda y facilitar el financiamiento formal a los hogares de menores ingresos.

3) Incrementar la productividad del sector de la construcción, a través del fortalecimiento y la formalización de la mano de obra, la mejora de procesos constructivos y la adopción de tecnologías y buenas prácticas gerenciales.

c) Dar continuidad al programa Mi Casa Ya (MCY)

Minvivienda fortalecerá el programa para continuar atendiendo a la población que busque adquirir una vivienda propia. Para ello implementará las siguientes mejoras:

a. Ampliar la oferta de crédito para penetrar en los segmentos de ingresos más bajos e informales, abriendo la posibilidad de ser operadores de la plataforma del programa a entidades especializadas (micro financieras) en este tipo de mercados. Para ello, se podrá capitalizar el Fondo Nacional de Garantías, con el fin de disminuir el riesgo.

b. Permitir la confluencia de fuentes de financiación, tales como SFV de entidades territoriales y Cajas de Compensación Familiar de Vivienda (CCF) para los hogares de bajos ingresos. Lo anterior, se deberá articular con las estrategias de desarrollo y financiamiento urbano para el mejoramiento del hábitat (Pacto por la Descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones; línea C. Sistema de Ciudades: motor para el desarrollo sostenible, inteligente y productivo).

c. Estandarizar el proceso de postulación y asignación del SFV a través de Fonvivienda y las CCF.

d. Permitir la adquisición de vivienda usada, de acuerdo con criterios y estándares definidos por Minvivienda.

e. Generar las condiciones para que el SFV se otorgue como cuota inicial.

f. Revisar los subsidios a la cuota inicial y a la cobertura condicionada a la tasa de interés, por nivel de ingreso, para garantizar una mejor focalización de los SFV y el cierre financiero a un mayor número de hogares.

Facilitar el acceso a financiamiento a hogares de ingresos bajos

Min Agricultura deberá:

1. Crear una línea especial de crédito para VIS y VIP rural con condiciones favorables de financiación (tasas de interés, periodos, plazos), de acuerdo con características y capacidad financiera de la población rural.

Minvivienda deberá:

2. Dar continuidad a modelos que involucren diferentes fuentes de financiación pública y privada, incluidos la participación y los aportes de los beneficiarios.

3. Dar continuidad al programa de cobertura condicionada a la tasa de interés hipotecaria para VIP y VIS.

4. Con el fin de contribuir a la profundización de la cartera hipotecaria en el segmento de hogares de más bajos ingresos, se deberá trabajar en:

• Efectuar los ajustes normativos que permitan a las micro financieras participar como actores activos de la política de vivienda y definir un esquema de fondeo que provea recursos a estas entidades, con tasas de descuento y condiciones especiales que se ajusten a la dinámica de esas instituciones y al mercado que atienden (población de bajos ingresos e informales). Esto se hará con el apoyo de la Superintendencia Financiera y Asobancaria.

• Con el apoyo de las entidades financieras, identificar los cuellos de botella en el mercado financiero que impiden la disponibilidad de recursos para líneas de crédito para hogares de bajos ingresos.

d) Revisar los topes de vivienda urbana y rural para VIP y VIS, así como los SFV asociados a esos valores.

Reconociendo la diversidad y necesidades del territorio nacional y en aras de optimizar la inversión pública y el impacto en la calidad de vida de la población, Minvivienda, Min Agricultura y DNP, revisarán los valores topes de VIP y VIS a ser incluidos en la Ley del PND, contemplando:

1. Revisar los topes de VIP y VIS actuales a la luz de la localización, disponibilidad de materiales e inclusión de criterios de sostenibilidad80, entre otros.

2. Revisar los topes de viviendas en proyectos de renovación urbana, para promover oferta de vivienda en zonas consolidadas de las ciudades.

3. Evaluar valores del SFV ajustados a los valores topes de vivienda definidos previamente.

e) Estrategia para el aumento de la productividad del sector constructor.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presenta una Estrategia para el aumento de la productividad del sector constructor, basado en los nuevos programas de gobierno y el aumento de subsidios en MCY el sector edificador crecerá 3,7 % en el 2019.

Desarrollo productivo, adopción tecnológica e innovación empresarial del sector de la construcción

Con el fin de materializar las apuestas en materia de vivienda y barrios incluyentes, se deben implementar acciones que contribuyan a la productividad del sector, en materia de fortalecimiento y formalización de la mano de obra, mejora de procesos constructivos y adopción de tecnologías y buenas prácticas gerenciales.

Fuente: Cálculos MVCT con base en DANE

Para ello propone:

§ Continuidad y expansión del programa Mi Casa Ya

§ Bajas tasas de interés hipotecario

§ Senda de crecimiento positiva en el segmento VIS

§ Mejores expectativas en áreas no residenciales

Minvivienda espera en 2019 superar el crecimiento potencial del sector edificador.

En Bogotá y Cundinamarca Hay 75.038 hogares (2.4%) que viven en déficit cuantitativo.

Las iniciaciones anuales de vivienda (47 mil) no logran ajustarse a la creación anual de hogares (77 mil).

Hay 104.580 hogares (3.4%) viven en déficit cualitativo, ubicándose por debajo del promedio nacional (9.6% nacional).

Aun no existe una correspondencia entre la demanda de VIS (81% de los hogares con ingresos menores a 4 SMMLV) y la cantidad de iniciaciones de VIS (57% de la oferta de vivienda).

Las iniciaciones de vivienda VIS impulsan el sector construcción: aumentó del 23.3% entre 2017 y 2018. En el mismo periodo, la VIP decreció 31.5% y la No VIS decreció 25.0%.

Diagnóstico: la productividad del sector es baja y crece poco.

Cuatro desafíos de la productividad del sector constructor:

1. El exceso y demora de trámites incrementa el costo de los proyectos,

2. Mano de obra poco calificada y de baja especialización,

3. Baja adopción de buenas prácticas operacionales, y

4. Rezago en la implementación de nuevas tecnologías.

El exceso y demora de trámites incrementa el costo de los proyectos, Costos de permisos de construcción (% del valor de una bodega). 10% de sobrecostos por demora en los trámites frente a presupuesto inicial

Fortalecer la mano de obra del sector de la construcción

Minvivienda, el SENA y el Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC) diseñarán e implementarán un Plan Integral de Formación para el Trabajador de la Construcción81 que mejore las condiciones actuales y promueva el desarrollo técnico y profesional (Pacto por la Equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados; Línea C. Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos). De manera particular se trabajará en:

1. Actualizar los programas de capacitación del SENA de formación a la mano de obra del sector de construcción de edificaciones, teniendo en cuenta esquemas de educación dual, en los programas definidos por el SENA y Minvivienda, con el apoyo del sector privado.

2. Con el apoyo del Ministerio de Trabajo (Min Trabajo) definir un esquema organizacional que permita maximizar la eficiencia de los recursos del FIC.

3. Con el apoyo de Min Trabajo definir estrategias para reducir la informalidad laboral en el sector de construcción de edificaciones.

La baja capacitación y especialización de la mano de obra incrementa los tiempos de ejecución y reduce la eficiencia de los procesos.

Fuente: Sena y Camacol, 2015.

Los proyectos se ven afectados por la baja adopción de buenas prácticas en la gestión de riesgo y en las cadenas de suministro

Fuente: Camacol, 2018

La tasa de adopción de BIM es baja y el 57% de las empresas que la usan lo hacen en menos del 20% de sus proyectos.

Fuente: BID, 2018, Fuente: INCONET, 2017.

En resumen: El Exceso y demora de trámites incrementa el costo de los proyectos, una Baja adopción de buenas prácticas operacionales, con Rezago en la implementación de nuevas tecnologías y Mano de obra poco calificada y especializada.

Minvivienda propone una Estrategia para el aumento de la productividad del sector constructor.

Promover la modernización e innovación de las prácticas gerenciales y los procesos constructivos

Minvivienda y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinTIC), trabajarán en:

1. Diseñar e implementar estrategias para el fortalecimiento del gobierno corporativo de las empresas del sector constructor de edificaciones, que permitan la adopción de buenas prácticas.

2. Brindar asistencia técnica a empresas del sector privado, en la estructuración de proyectos innovadores y productivos, relacionados con la misionalidad del sector vivienda, ciudad y territorio.

3. Diseñar, con el apoyo del Fondo Nacional del Ahorro, una línea de crédito para la modernización de maquinaria y equipo de las empresas del sector de construcción de edificaciones.

4. Incentivar la inclusión de herramientas digitales, que contribuyan con el aumento de la productividad del sector.

La productividad del sector ha aumentado en países cuyos programas incluyen estrategias para: 1. Mejorar procesos, 2. Simplificar los trámites, 3. Aumentar la oferta de mano de obra calificada y especializada y 4. Fortalecer adopción de nuevas herramientas tecnológicas.

Implementar el sistema de información transaccional.

Minvivienda implementará el sistema de información transaccional que permita la digitalización de proyectos de construcción (Pacto por la Descentralización: Conectar territorios, gobiernos y poblaciones; Línea E. Herramientas para fortalecer la planeación y desarrollo territorial).

La estrategia para incrementar la productividad incorpora estos cuatro elementos:

1. Convenio con Fábricas de Productividad,

2. Sistema de Información Transaccional – Terra,

3. Formación dual en las empresas y

4. Estrategia Construcción Digital Colombia.

La estrategia se divide en cuatro líneas:

f) La Ley del Plan Nacional de Vivienda.

El Congreso de la República aprobó los siguientes artículos sobre vivienda social, publicado en la Gaceta del Congreso Nº 293, Bogotá, D. C., jueves, 2 de mayo de 2019.

Artículo 49. Garantía bonos hipotecarios cartera VIS.