Audiencia Pública al Proyecto de Ley 208/2010 Senado – 182/2011 Cámara “Oferta de Suelo Urbanizable – Macroproyectos de 2da Generación”.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
 COMISIÓNES  SÉPTIMAS  CONJUNTAS  DE  SENADO  Y  CÁMARA  DE  REPRESENTANTES

NOTA: Por considerarlo importante, eVivienda publica el extracto del Acta de la Audiencia Pública al Proyecto de Ley 208/2010 Senado – 182/2011 Cámara  “Oferta de Suelo Urbanizable – Macroproyectos de 2da Generación”.

Fecha: Salón Boyacá 24-Marzo-2011 Bogotá, D.C.

PRESIDENTA, H.S. DILIAN FRANCISCA TORO TORRES: Bueno, muy buenos días señores Senadores y Senadoras, Representantes a la Cámara que nos acompañan en este Foro tan importante, un saludo muy especial a todas las personas que quieren intervenir y que trabajan en el sector vivienda y que están interesados en poder aportar y retroalimentarnos a los Congresistas, ya que estamos discutiendo el proyecto de vivienda que nos regirá pues en el futuro, hay llamado de urgencia por parte del Gobierno Nacional, por eso estamos trabajando conjuntamente Senadores y Representantes a la Cámara, para lograr en un tiempo muy rápido, poder tener la ponencia y la ley ya sancionada por el señor Presidente de la República.


Nosotros hemos venido trabajando conjuntamente como lo decía anteriormente, con la Cámara de Representantes y el Ministerio de Vivienda con quienes hemos trabajado muy de la mano, es un proyecto de ley presentado, es de origen parlamentario, presentado por el Senador Juan Lozano del Partido de la U, la cual lo hemos respaldado toda la bancada del Partido de la U, para poder discutir este tema tan importante; y lo hemos venido trabajando con el Ministerio creemos que es un proyecto fundamental en la locomotora de generación de empleo que el señor Presidente de la República pues ha venido trabajando desde su campaña.

Este proyecto lo hemos querido enfocar y quiero pues decírselo claramente aquí a los televidentes y a ustedes que están presentes en este foro, los Parlamentarios hemos querido que no sea solamente para poder lograr suelo urbanizable, sino que este proyecto pueda ser un proyecto integral de vivienda, un proyecto en el cual quienes salgan beneficiados sean las personas más pobres para que puedan tener vivienda propia, pero además que en este proyecto quede establecido como eliminamos barreras para poder lograr este propósito, que la gente pobre, que la gente de nivel de estrato cero, uno y dos, puedan realmente ser propietarios en este país, eso es lo que estamos queriendo los Senadores y Representantes, que hemos venido discutiendo el proyecto y lo más importante es precisamente disminuir todas esas barreras que estamos teniendo, como les digo no solamente el suelo, sino también lograr cómo las personas pobres pueden ahorrar y si no pueden ahorrar, que el Estado les dé la posibilidad que sin ahorro puedan llegar a tener sus viviendas. Entonces ese ha sido como el plan básico que hemos seguido los Senadores con el Ministerio, en donde vamos a hacer una ley integral para lograr que la gente de estrato cero, uno y dos puedan ser propietarios en este país.

Vamos a iniciar el foro donde hay las personas que quieren intervenir, pero quisiera darle la palabra a la Presidenta de la Cámara, a la doctora Liliana de la Comisión Séptima de la Cámara, la doctora Liliana Benavides que quiere en este momento intervenir. Gracias.

PRESIDENTA COMISIÓN SEPTIMA DE CÁMARA, H.R. DIELA LILIANA BENAVIDEZ SOLARTE: Muy buenos días, en nombre de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, queremos darle la más cordial bienvenida a todos los asistentes a este evento, en especial al doctor Julio Miguel Silva, encargado de las funciones del despacho de la Ministra, al doctor Juan Lozano, cuya iniciativa estamos estudiando en esta mañana, a los Honorables Senadores y Representantes que hoy nos acompañan, a la Contralora Delegada para la Gestión Pública, al Presidente del Fondo Nacional de Ahorro, a la Presidenta de CAMACOL, al Director Ejecutivo de ASOCAJAS, a la Directora Ejecutiva de FEDECAJAS, a la Federación Nacional de Departamentos y Concejos; en este momento también nos está acompañando FENAVIP, Caja de Vivienda Popular, el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional, todos ustedes sean bienvenidos a este Foro.

Para la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, ha sido de mayor importancia la realización de este foro, con el fin de difundir entre los actores, entre los actores sociales y económicos del país, los alcances y bondades del proyecto propuesto por el H. Senador de la República, el doctor Juan Lozano, en beneficio de la población más vulnerable de este país, este proyecto ha sido sometido a consideración del Congreso de la República, cuyo objeto principal es adoptar las medidas para promover la oferta de suelo urbanizable, pero sobre todo que los pobres de nuestro país, pueda acceder a vivienda propia; con este foro buscamos consensos en las políticas, estrategias y planes que tenemos dentro del proyecto y que están incluidas dentro del mismo; así como también buscamos enriquecer las ponencias de los HH. Representantes y Senadores que han sido designados como ponentes, entre ellos está la doctora Lina María Rueda, coordinadora del Partido Conservador Colombiano; el doctor Didier Burgos Ramírez, coordinador del Partido de la Unidad Nacional; el doctor Pablo Aristóbulo Sierra León, coordinador del Partido de la U; la doctora Yolanda Duque, del Partido Liberal; la doctora Alba Luz Pinilla Pedraza, del Polo Democrático Alternativo; la doctora Ángela María Robledo Gómez, del Partido Verde; el doctor Juan Manuel Valdez, de Alianza Social Indígena; la doctora Gloría Stella Díaz, del Movimiento Político MIRA; el doctor Libardo Enrique García Guerrero, del Partido de Integración Nacional PIN; el doctor Carlos Alberto Escobar, del Partido Liberal Colombiano y los HH. Senadores, la doctora Dilian Francisca Toro Torres, coordinadora del Partido de la Unidad Nacional, el doctor Fernando Eustacio Tamayo, coordinador conservador; la doctora Teresita García Romero, ponente del Partido Integral Nacional; el doctor Guillermo Antonio Santos Marín, ponente del Partido Liberal; la doctora Gilma Jiménez Gómez, quien declinó y fue nombrada inicialmente ponente del Partido Verde; el doctor Germán Bernardo Carlosama López, ponente del Movimiento de Autoridades Indígenas; la doctora Gloría Inés Ramírez Ríos, ponente del Polo Democrático Alternativo; el doctor José Antonio Correa Jiménez, ponente del Partido de Integración Nacional PIN; sean ustedes bienvenidos a este Foro; señora Presidenta, tiene usted la palabra.

PRESIDENTA, H.S. DILIAN FRANCISCA TORO TORRES: Gracias doctora Liliana. Vamos a iniciar el Foro. Yo quería decirles a todos las personas que van a intervenir, que vamos a dar cinco minutos para las intervenciones, porque realmente pues el Foro es hasta las doce y media del día y muchas personas quieren hablar y unas de las cosas importantes que queremos hacer hoy, es retroalimentarnos con todas las personas que trabajan en planes de vivienda, con organizaciones populares de vivienda, con constructores, o sea con todas las personas que tienen que ver con el día a día de la vivienda y de la construcción, eso es lo que queremos nosotros escuchar, para poder que los Congresistas podamos tener elementos de juicio para poder realizar una ponencia que realmente llene la expectativa de los colombianos. Tiene la palabra el señor Gabriel Díaz Ardila, de una institución llamada OIKOS.

DOCTOR GABRIEL DÍAZ ARDILA, DE OIKOS: Y quiero simplemente compartir con ustedes una experiencia importante. Nosotros hemos trabajado durante todo el tiempo en vivienda de interés social y hemos tenido una visión muy social del problema, yo alabo y felicito a todos los que vienen trabajando en esto, porque creo que la problemática está muy bien manejada, yo creo que hay una conciencia total del problema, pero ahí sí como decía un amigo mío, la problemática ya está lista, ahora miremos la solucionática. Yo veo un problema muy grave y voy a ser muy breve, porque así lo exige el momento, en que una persona pobre como el Gobierno quiere llegarle, no puede acceder a un crédito, no nos digamos mentiras; uno no puede por la mañana demostrar que es pobre, pobre, para que le den un subsidio y por la tarde demostrar que es rico, rico, rico para que le den el crédito, eso no se puede, eso lleva es a una serie de mentiras como ya las Cajas de Compensación han visto que la gente tiene dos versiones, una para el crédito y otra para el subsidio, y tampoco se puede regalar, mi concepto es que regalar es el peor fenómeno para desacreditar el proceso, porque el momento en que a una persona le regalen diez o veinte o treinta, cuarenta millones de pesos, todo el mundo quiere ser pobre, yo también me apunto y eso volvemos político el proceso y no lo volvemos social, le quitamos la figura; entonces primer principio, no hay que regalar; porque ahí no es capaz ni el Gobierno de hacerlo y desfigura el proceso.

Y segundo principio, el pobre, pobre no tiene acceso a un crédito, entonces cuál es la solución? Buscar una fórmula donde la persona se incentive para ir comprando, eso lo han hecho ya en muchos países, no estamos inventando nada, nosotros tenemos el modelo listo y estoy dispuesto le decía yo al Viceministro, que con mucho gusto voy a pedirle una cita, porque he estado tratando de conversar con él y al doctor Lozano también, para explicarles el proceso, porque no voy a ser largo en la explicación, nosotros tenemos ya 22 años haciendo procesos de titularización inmobiliaria y hemos tratado de hacerlo, pero necesitamos; primero, que el subsidio le quepa al proceso, es una cosa parecida al leasing, pero no el leasing, porque el leasing también el Banco va a aprobarlo y entonces el banco no, mire, uno para que le aprueben un crédito en un banco, ustedes lo saben todos, tiene que ir donde el banco a proponerle que uno no necesita plata, si el banco llega a descubrir que necesita plata, no le presta, porque los bancos no están hechos para prestarle a una persona que no puede pagar, es a una persona que si puede pagar; usted va a un banco y le muestra que no necesita plata, y le prestan todo lo que quiera, eso hay así de bancos; pero si una persona es pobre, pobre, y no tiene nada, porque no tiene ni siquiera legalidad en su trabajo, no le van a prestar.

Entonces cuál es el fenómeno? Hacer un fondo sin regalarle un peso a nadie, donde la vivienda, la persona la toma en arriendo, como es en el Brasil, como es en otras partes, y va comprando los derechos fiduciarios, pero no se los debe a nadie, inclusive si a los cinco años él se muere o tiene un problema o se le acaba el trabajo o lo que sea, puede llevarse sus derechos fiduciarios e irse para otra parte o lo trasladaron, usted cree que un banco si una persona dice oiga llevo seis años pagando y no puedo seguir pagando, qué dice el Banco? Váyase y se perdió la casa y perdió la plata que pago y perdió todo y tiene que ser así, yo no estoy echándole la culpa a los bancos, si los bancos son para eso; pero una persona que lleva diez años pagando, porque le vamos a quitar todo lo que pagó? En cambio si la persona va comprando esos derechos, él tiene sus derechos, va comprando como quien dice ladrillo por ladrillo su casa, eso es lo que hace, mire nosotros hicimos aquí un proyecto a la salida para Villavo de 580 lotes con servicios hace 18 años, con ese espíritu y hoy vayan ustedes, yo lleve aquí al Senador Ospina, que fue muy amablemente el que me invito, porque él fue a mirarlo, hoy es un proyecto totalmente construido, lo hizo la gente por autoconstrucción, ladrillo por ladrillo y hoy vive la gente feliz allá, le vendimos un lote que era lo único que podía comprar, un lotecito, que en aquél momento valía doscientos mil pesos, y la gente lo fue adquiriendo pero fue bien, mucha gente se pasó a vivir ahí, el mismo día que le entregamos el lote, simplemente ponía un plástico, un par de ladrillos y se pasó a vivir y hoy cómo viven, me acuerdo que una vez fue el Gerente de la institución a mirar y oiga eso no será un tugurio? Y fue allá y miró y había una señora construyendo un cuartico y le dijo señora, usted no vive muy incómoda aquí? Le dijo doctor, se nota que usted no sabía dónde vivía yo, porque yo vivía en un inquilinato con 14 familias, aquí tengo un inodoro propio, un lavamanos propio, una ducha propia y una cocina propia, eso para mí es suficiente, venga dentro de 8 años y verá lo que tengo, y hoy va usted allá y tiene tres pisos construidos y todo.

Entonces yo lo que digo es, pensemos en una solución, que es simplemente integral lo que están haciendo, que pueda sin crédito, sin peligro de perder lo que hizo, adquirir la vivienda ya. Muchas gracias.

PRESIDENTA, H.S. DILIAN FRANCISCA TORO TORRES: Muy bien por el uso del tiempo doctor. Tiene la palabra la doctora Ligia Helena Borrero, que es la Contralora Delegada para Gestión Pública.

DOCTORA LIGIA HELENA BORRERO, CONTRALORA DELEGADA PARA GESTIÓN PÚBLICA: Buenos días a los Honorables Senadores y Representantes de los dos géneros, quiero excusar a la señora Contralora Sandra Morelli, que no pudo estar aquí con ustedes, me delegó acompañarlos y manifestar algunas inquietudes que tiene la Contraloría sobre este proyecto de ley; es evidente que hay una serie de inquietudes de carácter legal y formal, que se han planteado, inclusive el Ministerio de Hacienda los planteó como lo que dio origen a la declaratoria de inconstitucionalidad, de la norma correspondiente en la Ley 1151 del 2007, adicionalmente lo que tenemos que ser conscientes con este proyecto de ley, es que aquí existe una modificación si se quiere decir tácita de la ley 388 del 97, aquí tenemos que ser conscientes que el tema de la descentralización territorial, de la iniciativa que existe para los municipios, aquí está compartida con la Nación, para efecto de los Macroproyectos; es cierto eso, pero también es cierto que esfuerzos individuales para acometer una solución de la envergadura como es la vivienda propia, incluida la de carácter prioritario, dentro de la de interés social y necesita el esfuerzo mancomunado de muchos actores y poner en juego a muchos actores y creo que eso es lo que busca este proyecto de ley.

No obstante que el Congreso y las autoridades correspondientes, tendrán que trasegar el camino de la forma y la legalidad para hacer viable este proyecto, qué le preocupa a la Contraloría en todos éstos ejercicios, como entidad competente de vigilar el control fiscal y es por ejemplo, que estas medidas se articulen adecuadamente para que no generen problemas de especulación de la tierra, que terminen pagándose con los recursos de los colombianos, que estos Macroproyectos en los sitios de extensión urbana y que ya bordee con temas rurales, no vaya a generar problemas de mayor costo financiero de infraestructura, servicios públicos, que tengamos que sufragar nosotros porque obviamente las compañías de servicios públicos que en su gran mayoría ya están privatizadas, van a ir por su utilidad y esto terminamos pagándolo todos, con las tarifas y subsidiando tarifas para qué? Porque un macro proyecto de estos pues sin servicios públicos, incluido dentro de esto la movilidad y el transporte urbano, es decir, no podemos generar un problema dentro de una solución; entonces el tema de la planificación tiene que estar muy clara y el tema del impacto ambiental.

Adicionalmente también para la Contraloría y llama esto la atención, porque ha sido una preocupación de la señora Contralora, el tema de la vivienda de interés rural; si bien es cierto, nosotros estamos, visualizó que no es el tema de este proyecto, pero hay que tenerlo articulado, porque vamos a usar sitios rurales que pueden estar definidos como de uso prioritario por el GATT, para uso intensivo del tema agropecuario, ahí tendremos que articular eso, no vayamos a extender las ciudades hacia zonas rurales, sacrificando el tema se seguridad alimentaria y zona rural, y generando como les decía el tema de la especulación de la tierra y no nos olvidemos que el tema de vivienda de interés rural es un tema que amerita un planteamiento del Congreso de la República, lo que hoy hay de vivienda de interés rural a cargo del Ministerio de Agricultura y con el Banco Agrario, creo que es un modelo que hizo crisis, la señora Contralora hizo una función de advertencia, varias funciones de advertencia muy grandes, la plata que se ha perdido ahí es grande, y en temas cualitativos, no nos podemos olvidar que en el tema rural, el déficit cualitativo de la vivienda rural, es más del 50% del déficit cualitativo de la vivienda del país; nosotros tenemos una gran cantidad de nuestros campesinos viviendo todavía, como lo dijo el censo del DANE, en piso de tierra; aquí nos parece importante que hay que articular la política de vivienda, si bien es cierto, es una locomotora, ya señora Presidenta, excúseme un minutico; si bien es cierto que la política y que haremos seguimiento dentro del Plan de Desarrollo a esto que hace parte de una de las locomotoras, sí queremos llamar la atención sobre el tema de la articulación de la vivienda de interés social, rural y urbana, y el uso de la tierra. Mil gracias.

PRESIDENTA, H.S. DILIAN FRANCISCA TORO TORRES: Gracias doctora Ligia Helena, los ponentes de este proyecto de ley han tenido en cuenta esas inquietudes, porque realmente las hemos discutido para la ponencia. Tienen la palabra el señor Luís Miguel Gery, de la Central Nacional de Provivienda.

SEÑOR LUIS MIGUEL GERY DE LA CENTRAL NACIONAL DE PROVIVIENDA: Muchas gracias a la doctora y muchas gracias a todos los presentes. Quiero manifestar que Central Nacional Provivienda es tal vez la organización popular de vivienda más antigua del país, vamos a cumplir el 5 de mayo, 50 años de existencia jurídica. Indudablemente que estamos hablando de una solución a un problema muy grave, como es el tema de la vivienda especialmente la vivienda para los sectores que aquí se les denomina pobres, yo diría que son los sectores explotados de la población, son los que se les quitan las oportunidades, no es que ellos hayan nacido sin oportunidades.

Me parece también que estamos frente a un negocio, a la propuesta de un negocio y no frente a un tema de un derecho, creo que es necesario enfocar la situación distinta como se viene enfocando, este país ha sido construido por la gente, las veredas, los caseríos, fueron construidos por la gente fuera del mercado inmobiliario que hoy tenemos y fuera del negocio de los bancos; es que la solución no será adecuada en la medida en que tengamos de por medio la vinculación al crédito hipotecario, mientras tengamos esa solución no vamos a resolver el problema de déficit de vivienda de los más explotados, será imposible, yo estoy de acuerdo con el señor de la empresa OIKOS, que ha hablado aquí, nosotros hemos hecho ese ejercicio también en todos el país y hoy lo hacemos y este mecanismo es necesario apoyarlo, cosa que poco a poco se ha venido casi que ilegalizando; voy a hablar de vivienda de interés social por autogestión, por autoconstrucción y participación comunitaria es sinónimo de hablar de vivienda informal, por el interés económico que tiene, más no por la real solución que se ofrece.

Solamente esto quería plantear, porque creo señora Presidenta, que el proyecto si tiene muy buenas intenciones, realmente creo que hay que mejorar porque así como estamos no vamos a resolver el problema; además que el Gobierno Colombiano del doctor Juan Manuel, con muy buenas intenciones, ha planteado resolver, ofrecer un millón de soluciones, es decir que vamos simplemente a mantener el actual déficit de vivienda. Muchas gracias.

PRESIDENTA, H.S. DILIAN FRANCISCA TORO TORRES: Tiene la palabra el doctor Juan Lozano, cinco minutos, si puede menos, doctor Juan Lozano.

H.S. JUAN LOZANO: Muchas gracias, Presidenta, muy brevemente. Primero para agradecerles por esta audiencia y la dedicación de nuestro matriarcado presidencial en las Comisiones Séptimas, que marcha por muy buen camino, doctor España, doctor Didier, a todos mis compañeros y colegas, Senadores y Representantes y a todos, el señor Viceministro se me perdió, a todos los asistentes, muy rápidamente.

Veo que el proyecto va tomando un muy buen rumbo porque es un proyecto que se ha enriquecido con el debate Parlamentario, los aportes de los Senadores y los Representantes y sin duda los aportes de quienes hoy han intervenido en esta audiencia; ustedes a mí me han oído hablar muy largo sobre estos temas y no es esta la oportunidad para volverla a hacer, reiterando, uno, que es un proyecto que necesita Colombia, si quiere construir el millón de viviendas; dos, que está plenamente sintonizado y sincronizado con el propósito del Gobierno y la definición estratégica del Gobierno, pensando en no solamente levantar paredes, sino en generar vivienda digna; tres, que nos va a permitir contrarrestar una de las grandes fuentes de injustica en Colombia, que es condenar a los más pobres, a los peladeros y a las zonas inundables; lo que vimos en Bello, lo que vemos cada invierno, es producto de un acceso inadecuado a la tierra y de una inadecuada oferta de suelo para la construcción de vivienda; por eso la gente con menores recursos queda condenada a los piratas, queda condenada a las zonas donde su vida y la de sus hijos corre peligro; este proyecto, buscando unas reglas transparentes y claras, para la incorporación de suelo, le pega a la médula de ese factor de discriminación y de desigualdad en Colombia.

Yo celebro que mis compañeros Senadores, mis compañeros Representantes de todos los Partidos, estén incorporando iniciativas para que sea mucho más integral el proyecto; nosotros habíamos presentado, está radicado un estatuto de techo digno, que es un estatuto comprensivo de una gran cantidad de ajustes que requiere la legislación de vivienda; el doctor Fernando Tamayo ha venido haciendo una gran tarea en el estudio de ese proyecto, pero es un proyecto complejísimo de setecientos artículos, que bueno que podamos ir desagregando temas que aquí pueden ir en asuntos como los que se han mencionado; a mí me parece fundamental el compromiso del proyecto en los niveles municipales y de gestión local, el compromiso de los Alcaldes en la gestión del riesgo, el compromiso apuntando al Sistema Financiero, el Sistema Financiero sólido que tiene Colombia hoy, es un patrimonio de todos los colombianos, pero el Sistema Financiero que ser mucho más solidario con los pobres, nosotros avanzamos en una colocación de cartera voluntaria de cartera hipotecaria popular, pero eso hay que consolidarlo, el avance de la Ministra Beatriz y el Viceministro Julio Miguel, en que vayan de la mano el subsidio y la asignación del crédito, es enorme, es monumental y lo aplaudimos, pero requiere por supuesto de un compromiso del Sistema Financiero, para que su cartera se ponga también a disposición de la adquisición de vivienda de las personas que de otra manera no accederían a ellas.

Aquí ha habido una reflexión sobre las OPV, creo que el país debe retomar una valoración de las OPV’s, de las buenas OPV’s, de gente que ha luchado desde la consecución de su lote, para tener un buen plan de vivienda y eso lo debemos mirar, esto va en sintonía y en armonía con los estándares mínimos que deben tener las viviendas de interés social, no es tampoco simplemente levantar unos cubículos, unas cajas de fósforo, la vivienda tiene que ser buena, debe permitir que los seres humanos vivan en condición de plena vigencia de sus derechos y finalmente, creo que con las herramientas que aquí se pretende incorporar, vamos a proyectar hacia adelante un instrumento que ha sido inmensamente útil para construcción de vivienda a gran escala, las cifras que ha presentado el Viceministro son muy elocuentes acerca del éxito de los Macroproyectos, las cientos diez mil viviendas que están en camino de ser construidas; pero creo que un aporte de la Presidenta Liliana, de la Presidenta Dilian, de los Senadores y Representantes repito de todos los Partidos, es que la herramienta no sea solo para los grandes desarrollos en las grandes ciudades, sino que nos permita tener un camino de acceso al suelo, en ciudades intermedias y en municipios de Colombia.

El Viceministro mostró la tendencia en la generación de vivienda, la ruta es correcta, pero todavía es insuficiente, todavía hay un déficit inmenso Senadora Gloría, en la vivienda popular en Colombia, eso requiere un proyecto como este, requiere otras herramientas y requiere de algo que está sucediendo que yo celebró y es que el proyecto muy mejorado por los aportes de todos los sectores, es una versión ampliada de la Unidad Nacional, es una versión de mostrar acerca de cómo una iniciativa que toca un derecho fundamental de los colombianos, una necesidad de los colombianos, convoca a los dirigentes de todos los Partidos, para que lo podamos sacar bien y esa es la razón también por la cual el proyecto fue a las extras y no solamente fue a las extras, sino que tuvo mensaje de urgencia en las extras.

Unos comentarios muy breves para estar dentro de los cinco minutos de la intervención, yo creo que vamos por buen camino y creo que Colombia va a agradecer que este proyecto apruebe tan mejorado como lo están mejorando mis compañeros, el proyecto que ha sido radicado para que los colombianos tengan techo. Muchas gracias, Presidenta.

PRESIDENTA COMISIÓN SÉPTIMA CÁMARA, H.R. DIELA LILIANA BENAVIDES SOLARTE: Gracias, doctor Juan Lozano. Si efectivamente doctor Lozano, una de las inquietudes que han tenido los HH. Parlamentarios designados como ponentes de todos los Partidos, es que este proyecto no sea solo para grandes ciudades, sino también para los municipios pequeños y para los municipios de sexta, cuarta, quinta y sexta categoría, que también tienen necesidades en vivienda, pero que no pueden hacer grandes proyectos, como un macro proyecto de mil o más viviendas. Tiene la palabra el doctor Luís Alberto Vargas, Gerente de Evivienda.

DOCTOR LUIS ALBERTO VARGAS, GERENTE DE EVIVIENDA: Muy buenos días, nosotros creemos que es indispensable incluir en este proyecto como lo expresó el Senador Lozano, algunos aspectos contundentes para poder generar suelo, que no podrían esperar la discusión de ese gran proyecto de ley de más de setecientos artículos que compila varios de ellos; se han identificado algunos elementos estructurales además de el de generar norma, que es el que plantea el proyecto, que nosotros identificamos como el de la localización, el tema de la tradición y la adquisición de los predios, la generación de la norma, la obtención de licencias, la dotación de servicios públicos y uno muy importante que es el del control urbano.

En la localización es importante que se haga gestión de riesgos geológicos, hidrogeológicos y antropogénicos, estos últimos son los riesgos que genera la intervención del hombre, para prohibir legalmente y penalizar tanto a quien ocupa como al que permite ocupar zonas de medio y alto riesgo, que son las que precisamente se han venido afectando por la emergencia ambiental, por la emergencia invernal y por todo el tipo de emergencias que suceden en el país; es importante que se escriba un capítulo y un artículo donde se prohíba y se penalice esa permisibilidad de ocupar zonas de riesgo y proponemos que los Macroproyectos cuenten con un concepto previo ambiental emitido bien sea por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, o por las Corporaciones Autónomas Regionales, sin que se trate de obtener licencia ambiental, pero si creemos que se necesita un concepto previo.

En cuanto a la tradición y adquisición, es indispensable que se permita y agilice a los municipios, a los entes territoriales y también algunos particulares, como lo propone el Gobierno, la posibilidad de hacerse participe en los procesos de enajenación voluntaria u obligatoria o de expropiación administrativa o en los procesos de extinción de dominio, o en los procesos de compensación y cesiones y en los temas de integración predial; es necesario profundizar el decreto de la Emergencia Económica, que ya plantea unos tiempos muy ágiles para eso, pero hacerlo obligatorio de tal forma que en grandes porciones de terreno o en pequeñas unidades de vivienda, que interfieren con el desarrollo de grandes proyectos, por ejemplo de renovación urbana, se obligue a esos propietarios cuando se ha tomado la decisión por parte de la ciudad, de hacer un gran proyecto de renovación urbana, se obligue a que en el corto tiempo entreguen esos predios, previos unos avalúos, en ese tema se debe modificar los decretos donde se establecen las metodologías de los avalúos, eso le corresponde al IGAC, de tal forma que esta metodología nueva involucre por lo menos una información de los últimos diez años, sobre la cual el propietario ha pagado el impuesto predial, hoy los avalúos establecen un valor comercial y sobre ese valor se hacen los pagos o las indemnizaciones, pero durante los últimos diez años o veinte años, ese propietario ni siquiera ha pagado impuestos por una décima parte de lo que se le va a indemnizar; entonces deberían las entidades territoriales incluso también la DIAN, poder descontar hacia atrás los impuestos que ese porcentaje dejo de pagarle, porque simplemente tenía un lote de engorde; igual deben hacerse unos adecuados repartos de cargas y beneficios y permitir a los municipios comprar o indemnizar la adquisición de esos predios, utilizando la figura de la Ley 9ª de los pagarés y bonos de reforma urbana, pero ampliando el plazo a unos veinte años; un municipio pequeño del país, no es capaz de pagar un lote para construir vivienda o esos bonos en ocho años, como lo establece esa ley, y que esa sea la forma única mediante la cual los municipios paguen la tierra; es decir, en esos procesos de enajenación o de expropiación, el señor que no quiso vender, tendrá que esperarse entonces que le paguen con bonos a 20 años, porque él lo que ha hecho es entorpecer el desarrollo de las ciudades.

Y finalmente ahí se necesita que todos los actos relacionados con esos procesos transaccionales y de legalización, se consideren actos sin cuantía, de tal forma que los costos de escrituración, notariado y registro, sean mínimos, impacten en manera mínima el costo de las viviendas, hoy más o menos el 20% del valor de una vivienda se va en costos indirectos y costos transaccionales, que nada le aportan en metros cuadrados a la solución y se debe profundizar también el sistema de ventanilla única; de tal forma que el constructor o el gestor o el promotor inmobiliario, tenga que relacionarse solamente con el Notario, en todo el proceso de legalización de la cadena de valor relacionada con la adquisición, enajenación, desenglobes, constitución de patrimonios autónomos, etc., para que se agilice ese proceso.

La norma es el proyecto de ley que se está discutiendo, por eso no voy a hacer referencia a este aspecto.

En cuanto al tema de las licencias, creemos que es importante que se descentralice la figura de los curadores urbanos, las oficinas de Planeación Municipal, en la mayoría de municipios del país son muy débiles y cuentan con poca o nula capacidad técnica y operativa para expedir esas licencias, y se han convertido en muchos casos también en focos de corrupción; nuestra propuesta es que los curadores urbanos de las grandes ciudades, tengan competencia también para expedir las licencias urbanísticas y de construcción en los municipios aledaños, o en los municipios conurbados; ejemplo, en la ciudad de Armenia, que los curadores de Armenia, tengan la capacidad de dar licencias en todos los 12 municipios del Quindío; de esa manera agilizaríamos los tiempos y los costos de las expedición de esas licencias.

En cuanto a los servicios públicos es indispensable que sea con cargo a las empresas prestadoras de servicios públicos, que se ejecute todo el proceso de redes de servicios públicos, hoy los pobres son los que tienen que pagar los costos de urbanismo y los costos de la tierra, la ejecución de las redes matrices de servicios públicos, las redes secundaria y todo eso va con cargo al valor de la vivienda y las empresas simplemente reciben esa infraestructura a cero costo, la explotan y ni siquiera le reducen la tarifa del cobro mensual a los hogares ese costo, no les tienen en cuenta la infraestructura que ellos fueron los que compraron y ejecutaron. Deberíamos ser capaces de orientar los recursos de las empresas de servicios públicos para garantizar que se cuente siempre con disponibilidad inmediata de servicios.

Es indispensable ahí, ajustar la estratificación socio-económica, para esos hogares que se van a vivir a una vivienda nueva en los Macroproyectos, esos hogares no están acostumbrados en la mayoría de casos a pagar la cantidad de servicios públicos que consumen, porque viven en inquilinatos o porque viven en zonas de invasión o porque simplemente no los pagan; cuando ellos se pasan a vivir a una vivienda nueva, por el solo hecho de tener unas condiciones urbanísticas y de especificaciones de construcción diferentes, automáticamente el estrato socio económico se les sube a dos o tres, eso implica un sobre costo en el pago de los servicios; debemos mantener el estrato socioeconómico de esas familias del nivel que traían que son cero o uno, para que durante un periodo por lo menos de cinco años, sigan pagando los servicios con ese estrato uno; luego de eso sí deberán aplicarse los instrumentos de la estratificación socioeconómica para decidir cuál es el valor del estrato en el cual van a quedar; eso permite que haya una sostenibilidad futura de los hogares en cuanto al tema del pago de los servicios públicos.

Y en el control urbano que es nuestra última observación, es necesario perseguir la urbanización informal, controlar y apoyar también, la gestión que hacen las organizaciones de vivienda, verificar que la norma se cumpla, hoy los curadores urbanos expiden una norma, una licencia y cuando van a ver que se construyó ven que se hizo otra cosa y ellos simplemente no tienen herramientas para verificar o tomar decisiones contra eso que se hizo diferente a la norma; se requiere legalizar los desarrollos sin licencia y cobrar los impuestos municipales dejados de pagar, para ello proponemos entonces que se piense como estaba planteado hace algunos años, en la creación de una Superintendencia del Sector Inmobiliario, que regule la materia; crear una función de policía urbana, para verificar que las licencias se cumplan; para perseguir los desarrollos ilegales o informales, o para perseguir la construcción sin permisos, ya hablamos de las curadurías provinciales y finalmente hacer tránsito a un proceso de elegibilidad de segunda generación; hoy en el país aproximadamente el 22 al 27% de los proyectos en los cuales se aplican subsidios de FONVIVIENDA, se encuentran siniestrados; porque fueron asignados a oferentes que no cumplían los requisitos, ni tenían la capacidad técnica, operativa, ni financiera para ejecutarlos, lo cual no se verificó oportunamente y llevó a la siniestralidad esos subsidios.

Se veía en el foro del Diario La República, de hace dos o tres semanas, que más o menos se han presentado reclamos por doscientos mil millones de pesos, es decir que se perdieron doscientos mil millones de pesos, pero el Gobierno le pagó a FONADE, a FINDETER, a los interventores, una suma similar, entonces ese control en últimas diríamos que se perdió, pagamos unos supe controles para que no se robaran la plata y se la robaron, entonces es importante que esa elegibilidad de segunda generación verifique las condiciones de esos oferentes, no se le puede seguir asignando subsidios o recursos para ejecutar proyectos de vivienda a oferentes que no tienen la capacidad para hacerlo, que simplemente buscan subsidios por todo el país, hacen consorcios, uniones temporales y alianzas por fuera de la Ley 80, prometen subsidios, regalan diseños, le dan plata a los Alcaldes y en últimas no hacen nada. Muchas gracias.

PRESIDENTA, H.S. DILIAN FRANCISCA TORO TORRES: Gracias, tiene la palabra la doctora Claudia Matilde Sandoval de Planeación de Bogotá. Doctora cinco minutos.

DOCTORA CLAUDIA MATILDE SANDOVAL, DE PLANEACIÓN DE BOGOTÁ: Buenos días Honorables Parlamentarios. Voy a tratar de ser lo más breve posible, tenemos una presentación preparada, la doctora Cristina Arango, Secretaria de Planeación, no nos ha podido acompañar, se encuentra en este momento acompañando al señor Alcalde, en la rendición de cuentas, por esa razón voy a hacer una presentación que básicamente se divide en dos partes, que son el resultado de un análisis que hemos hecho al proyecto de ley 208, y contiene dos puntos fundamentales.

Por una parte hemos hecho un análisis jurídico y por otra parte un análisis técnico presentando básicamente cuál ha sido la generación de suelo en la ciudad de Bogotá, dado que hemos visto que hay alguna información que no ha sido actualizada y nos parece importante que se conozcan los ejercicios y los esfuerzos que hemos hecho por mejorar los procedimientos y los tiempos de aprobación de los planes parciales en la ciudad.

Lo primero que quiero manifestar es que estamos completamente de acuerdo con el espíritu de la ley, consideramos que es fundamental para el país la incorporación de suelo urbanizable para atender la oferta, para atender y ofrecer suelo para vivienda de interés social; sin embargo consideramos que el proyecto de ley no resuelve de fondo lo planteado en la sentencia emitida por la Corte Constitucional, que declaró inconstitucional la figura de Macroproyectos, por afectar la autonomía de las entidades territoriales.

Hemos encontrado tres puntos fundamentales al respecto; el primero es que el proyecto de ley se refiere a las competencias de las entidades territoriales, tema que es privativo de una ley orgánica; el segundo es que los mecanismos de coordinación de la Nación y las entidades territoriales deben estar específicamente contemplados en la ley, permitir su desarrollo mediante la reglamentación resultaría inconstitucional. El tercer punto corresponde, se refiere a las competencias de las autoridades ambientales locales, las cuales no pueden ser reemplazadas por las autoridades nacionales, eso son básicamente los tres puntos de manera bastante resumida.

En relación con la generación de suelo en la ciudad de Bogotá, queremos hacer las siguientes precisiones: Durante los ocho años en los que se ha desarrollado la formulación y adopción de planes parciales en la ciudad de Bogotá, a partir de la expedición del primer POF en el año 2000, se han aprobado y adoptado 39 planes parciales que tienen un área total de mil doscientas hectáreas, y en los que se estiman que la población, el número de viviendas destinadas a interés social, son cerca de ochenta y un mil quinientas setenta unidades.

En los últimos tres años, se han adoptado doce planes parciales de desarrollo, que tienen un área de seiscientos cincuenta y cinco hectáreas y en las que hemos obtenido para beneficio de la ciudadanía en general, trescientas cincuenta y dos hectáreas destinadas a sesiones públicas y elementos de la estructura ecológica principal; básicamente hay que destacar que tenemos ciento una hectárea para parques y tenemos ciento trece, ciento catorce prácticamente hectáreas que se han protegido de los elementos de la estructura ecológica principal de la ciudad de Bogotá; todos estos elementos nos permiten la construcción de una ciudad mucho más amable, sostenible y equitativa.

En relación con los procedimientos de los planes parciales, el año pasado hicimos una evaluación bastante detallada y exigente digamos en compañía de muchos de los promotores y quienes han formulado los planes parciales en la ciudad con el objeto de ajustar los tiempos que requieren la aprobación de éstos planes; básicamente establecimos un plazo total de 186 días hábiles, aproximadamente seis meses y medio para la formulación y adopción de éstos planes parciales, es importante aquí señalar que para nosotros es fundamental establecer unas determinantes técnicas muy precisas en la parte inicial, digamos a la primera etapa de los planes parciales, hemos visto que el avanzar sobre unos planes parciales que no tienen una definición concreta de las redes, de los costos, de redes de la delimitación de las áreas de protección, realmente de nada sirve iniciar unos procesos si no tenemos claras las determinantes y los costos que implicaría para la ciudad meterse en estos procesos de adopción; por esa razón, tenemos aparentemente pues un tiempo largo en los determinantes, pero consideramos que en la medida en que tengamos determinantes precisas; le voy a pedir el favor señora Presidenta, son cinco minuticos más.

Entonces bueno finalmente si quieren para que resumamos, en la ciudad de Bogotá, en la siguiente diapositiva, hemos generado en los últimos tres años con los doce planes parciales, sesenta mil novecientas cuarenta nueve unidades de vivienda, esto corresponde a doscientos nueve mil habitantes beneficiados que están localizados en estos doce planes parciales.

Para concluir lo que creemos es que los planes parciales, se involucran y se integran al modelo de ordenamiento que establece la ciudad y que es digamos el municipio, el que conoce claramente cuáles son los requerimientos de la ciudad, cuáles son las condiciones, hasta dónde llegan digamos los servicios y cómo digamos se puede hacer más eficiente y optimizar el suelo en la ciudad; pensamos que si se hacen desarrollos en suelos rurales, tienen que prever de manera regional, la disposición de áreas para residuos sólidos, para basuras, los costos de transporte y desplazamiento, hay que integrar la localización de áreas de empleo, para la población que allí se aloja, pensamos que los planes parciales básicamente están solucionando dentro del modelo de ordenamiento territorial, lo que pretende los Macroproyectos, con un conocimiento digamos técnico mucho más cercano de lo que ocurre en la ciudad y las dificultades que hemos tenido y que han alargado en muchas situaciones nuestra adopción de planes parciales, tienen que ver precisamente con la definición de esos temas técnicos, que son tanto el valor de la obra como la obligación o digamos la responsabilidad de quien la ejecuta, como el tema de concertación con las autoridades ambientales, que es un tema que igualmente los Macroproyectos tiene que asumir. Muchas gracias.

PRESIDENTA, H.S. DILIAN FRANCISCA TORO TORRES: Tiene la palabra el Doctor Germán Ávila, de la Federación Nacional de Vivienda Popular.

DOCTOR GERMÁN ÁVILA PLAZAS, DE FEDERACION NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR: Bueno, muchas gracias por la invitación, como el tiempo es corto y se trata de utilizarlo de la mejor forma posible. La propuesta de ley tiene como punto de partida, reconocer lo que la Corte Constitucional desestimó en el anterior proyecto, es decir nuevamente acepta que los POT, son normas superior frente a las decisiones urbanas de los municipios y por lo tanto se está regido por lo establecido en los Planes de Ordenamiento Territorial; esto lo traigo a colación, porque es además la parte introductoria del proyecto de ley, que trata de solventar el tema de la Corte Constitucional, nos vuelve a condicionar al ejercicio de acuerdos y de modificación de normas solamente a través de los Concejos Municipales y el POT.

Tenemos un problema estructural de especulación sobre el valor de la tierra y, esa especulación sucesiva que se está dando de la poca tierra disponible, y la dificultad para ampliar los perímetros urbanos, tiene una incidencia muy grande de la tierra en el valor de una solución de vivienda principalmente la vivienda prioritaria; qué problemas estructurales tenemos para modificar esto? El primero, seguimos dependiendo de la estructura del POT y los acuerdos con los municipios.

Segundo, la expropiación en Colombia aprobada en la Constitución del 91, en el artículo 57 creo, fue modificada sucesivamente hasta desaparecer realmente la capacidad de acción del Estado, sobre el suelo urbano a través de la expropiación, y quedamos con un instrumento bastante frágil, que básicamente consiste en una obligatoriedad de venta del propietario del suelo urbano; la máxima capacidad de acción que tiene el Estado sobre el propietario de la tierra, es a través de una obligatoriedad de venta, pero una obligatoriedad de venta del valor comercial; qué es el valor comercial? El Estado debe pagar a través de un avalúo comercial hecho por la Lonja de Propiedad Raíz, qué es un avalúo comercial? El mayor valor posible de especulación sobre la tierra, por lo tanto la legislación actual, solamente permite actuar como expropiación, a través de una obligatoriedad de venta, en donde el Estado paga el mayor valor posible de especulación de la tierra, existente en ese momento en el mercado; es decir, no tenemos ningún instrumento, ningún municipio, ni la Nación está en capacidad de intervenir el suelo a través de la adquisición por la vía de los precios comerciales y, eso realmente ha dejado al Estado sin una capacidad de intervención real sobre el suelo urbano que impidiera el proceso sucesivo de especulación. Qué posibles instrumentos quedan? La ley 388 dejó como instrumento complementario, el tema de los bonos como instrumento de pago por parte de los municipios, porque fiscalmente es imposible que los municipios adquieran tierra en cualquier cuantía a los valores comerciales y para poner solamente un ejemplo, en Bogotá si se quisiera intervenir sobre el tema de la tierra, tendría que haber un presupuesto de cerca de cinco billones de pesos, para comprar tierra y eso es imposible; igual que Bogotá, le pasa al resto de los municipios; hay el instrumento de los bonos como un mecanismo para poder intervenir sobre ese mecanismo de pago; cuál es el principal problema para definir cuándo se va a intervenir la tierra, el principal problema para definir su valor original, es que se requiere hacer avalúos previos, eso no existe en la ley, ese es el problema central, lo vivimos quienes tuvimos experiencia incluso en el sector público, en el caso mío en Metrovivienda, como se pagaba de una manera desmesurada la especulación de la tierra cuando el Estado intervenía para intentar hacer intervenciones urbanas, hay que hacer avalúos previos sobre los cuales se soporte la acción de intervención, esto es lo único que permite controlar el efecto especulativo que se produce cuando se anuncia un proyecto.

Qué es lo que hay que hacer? Hacer avalúos previos ante de la intervención sobre el suelo, para que el efecto especulativo que produce el anuncio del proyecto, no se lo lleve el propietario del terreno, sino que el avalúo previo es sobre el cual se negocia y no sobre el valor de la tierra valorizada, digámoslo sobre el anuncio de la ejecución de un proyecto; eso implica una gran operación urbana del Estado, haciendo los avalúos previos sobre todos los territorios que eventualmente se van a intervenir, creo que ese tema es un tema que hay que revisar y mirar con cuidado para que posiblemente tenga algunos efectos sobre el fenómeno de especulación.

Sobre el tema de los servicios públicos, la mínima acción para impulsar la vivienda de interés prioritario, yo comparto esta idea de que hablar de vivienda de interés social de 70 millones de pesos, no tiene mucho sentido, pasemos a la vivienda de interés prioritario, donde el Estado realmente tiene que intervenir, actuar para que se produzca y ya me voy a referir al tema; se requiere que el Estado intervenga como mínimo en la garantía de la instalación de los servicios públicos para toda la vivienda de interés prioritario; todo suelo que se intervenga en el cual de una u otra forma, vía concertaciones, vía incorporación de suelo, etc., se destina vivienda de interés prioritario, el Estado debe estar en la obligación de garantizarle los servicios públicos y no como hoy sucede que muchos de éstos problemas se tienen que desarrollar con mecanismos de exigencia de los municipios, para que s construya las redes matrices de servicios públicos, se hablan de redes matrices, no de redes secundarias; las leyes matrices de servicios públicos para la vivienda de interés prioritaria debe ser una obligación per se del Estado en cualquier circunstancia sobre cualquier suelo, si es para vivienda de interés prioritario.

Quiero cerrar, porque yo sé que esto es un tiempo corto, hay un problema estructural que no hemos medido la dimensión de lo que hay que hacer, se habla de un déficit cuantitativo en Colombia, de millón quinientas, millón ochocientas mil viviendas, un déficit cualitativo de dos millones de viviendas y estamos abocando un fenómeno de dimensiones realmente desproporcionadas, que es lo que se conoce como el fenómeno del desplazamiento, el desplazamiento trajo a los centros urbanos, reconocido por el Estado, en este momento ochocientas mil familias del campo; reconocidos por el Estado a través de un mecanismo de filtro bastante exigente, no es que llega una familia a Acción Social y dice yo soy desplazado y lo anotan, no señores, es un mecanismo de selección bastante riguroso, mediante el cual el Estado ya se vio obligado a reconocer que llegaron ochocientas mil familias a los centros urbanos y se estima que hay un subregistro del 30%, estamos hablando tranquilamente de un millón de familias que producto del fenómeno del desplazamiento llegaron a los centros urbanos; y es un millón de familias que ingresaron a incrementar el déficit de vivienda, si teníamos un déficit de vivienda pónganme la cifra que quieran, eso hay diferentes estudios, análisis, propuestas desde el millón hasta los dos millones de déficit habitacional, ese millón adicional tiene un impacto extraordinario sobre el fenómeno del déficit, pero hasta ahí el problema simplemente se nos agravó, pero es que el Estado está en una obligación complementaria, es que la Corte Constitucional a través de la sentencia T-025 le dijo al Estado Colombiano, restablézcale los derechos, yo lo considero justo y correcto que lo haya dicho, restablézcale los derechos fundamentales a esta población y entre los derechos que tiene esta población, tiene el derecho a la vivienda, por lo tanto entréguele una solución de vivienda a esa población, se lo dijo desde el año 2004, en la sentencia T-025; el efecto de esto se los va a dar rápidamente en cifras; en primer lugar, en los últimos cinco años, cerca del 65% del presupuesto público, se ha tenido que destinar al tema del desplazamiento, si en todos los estudios que hicimos en una comisión de investigación, si intentáramos darle respuesta a la exigencia de la Corte, que es una orden judicial, eso no es una sugerencia, ni una propuesta, ni una insinuación, es una orden judicial, que el Ejecutivo está obligado a cumplir, el señor Viceministro está metido en problemonon gigantesco, porque le toca cumplir la orden judicial y sino la Corte lo llama y lo puede sancionar, si no cumple la orden, y la orden le dice, entréguele vivienda a ochocientas mil familias, si calculamos los recursos necesarios para eso, en los próximos diez años se requeriría invertir cerca de 1.2 billones de pesos anuales, para que fuera posible entregarle una solución de vivienda a la población desplazada.

Para que ustedes conozcan el Presupuesto Nacional, incrementado recientemente llega a cuatrocientos cincuenta mil millones de pesos anuales, es lo que el Estado destina al tema de la vivienda a través del sistema de subsidios y tendría que invertir durante los próximos diez años, 1.2 billones anuales; por esa razón hoy todo el presupuesto público está siendo destinado a atender la asignación de subsidios a la población desplazada, de ese tamaño es el problema, no solamente estamos con la mitad de los recursos necesarios para atender a esta población, sino que adicionalmente tendríamos que suspender todos los mecanismos de atención al resto de la población pobre, de ese tamaño es el problema estructural que no aparece ni en el Plan de Desarrollo, ni aparece, están dándome tiempo, se me terminó, entonces voy a terminar. No aparece ni en el Plan de Desarrollo, ni aparece en esta Ley, la dimensión de la exigencia; suelo necesario para vivienda es de unas exigencias bastantes altas y realmente consideró que no aparecen en las propuestas del Gobierno, ni siquiera una insinuación de una oferta razonable para la dimensión del problema estructural que tenemos. Muchas gracias.

PRESIDENTA COMISIÓN SÉPTIMA CÁMARA, H.R. DIELA LILIANA BENAVIDES SOLARTE: Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra la doctora Sandra Castro Torres, de la Federación Nacional de Municipios.

DOCTORA SANDRA CASTRO TORRES, FEDERACIÓN NACIONAL DE MUNICIPIOS: Bueno muchas gracias a los HH. Senadores y Representantes por esta oportunidad, el doctor Gilberto Toro Giraldo, se encuentra en una reunión con aproximadamente cien Alcaldes del país, por esta razón no pudo hacerse presente; sin embargo el mensaje de la Federación frente a este proyecto es relativamente sencillo, los Gobiernos locales están dispuestos a hacer aliados y a trabajar de la mano con el Gobierno Nacional, en sus políticas de prosperidad democrática y por supuesto en esta del tema de vivienda que es también un problema grave para los Alcaldes y Alcaldesas, pero vemos con preocupación que el procedimiento de anuncio, de formulación, de aprobación y adopción de Macroproyectos, no ve a los municipios como aliados, la sensación es más bien de que son como validadores de la iniciativa que viene desde el nivel nacional y el llamado es a reconocer que las autoridades locales tanto como los Alcaldes y Alcaldesas, incluso los Concejos Municipales, son verdaderas instancias de debate democrático, no podemos pretender que la coordinación interinstitucional se limite a una validación rápida, a un proceso rápido, tiene que haber un estudio profundo, transparente, un debate abierto y democrático también en el nivel local sobre estos proyectos y cuáles son las debilidades que vemos en esta materia? La primera es que la iniciativa es únicamente del Ministerio, no hay una concertación previa con el Gobierno Local, la coordinación interinstitucional viene después de que la determinación ha sido tomada por el Ministerio y creemos que ese paso debe ser incluido.

Lo segundo es que ese estudio por parte del Gobierno Local, tiene un plazo muy corto que no es sensato y el cual pediríamos que se extienda teniendo en cuenta las debilidades y limitaciones de la capacidad institucional, especialmente de los pequeños municipios a donde los Honorables Congresistas, esperan se extienda la aplicación de este proyecto de ley; lo segundo es anotar el riesgo de inconstitucionalidad en dos apartes; uno que se refiere a la expedición de licencias urbanísticas y demás actuaciones urbanísticas con base en el acuerdo entre el Municipio y la Nación, aún sin que exista la modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial, cuando a ello hay lugar y también la prevalencia del acuerdo entre la Nación y el Municipio, aún antes de la modificación de los POT; aquí se estaría presentando el fenómeno de vaciamiento de competencias sobre el cual llamó la atención la Corte Constitucional, por lo menos de manera temporal y eso representa un riesgo importante para la viabilidad de este proyecto.

Igualmente hacemos un llamado de atención sobre la carga política y fiscal que tiene el proyecto sobre los Alcaldes, al exigirles que llamen a sesiones extraordinarias del Concejo Municipal, para presentar las modificaciones que sean del caso, cuando no se encuentran sesionando; es decir, no damos los tiempos necesarios, no damos el apoyo necesario y si en cambio le ponemos toda la carga política, toda la carga fiscal, incluso en el debate en el Concejo Municipal, para que haya simplemente un trámite rápido, es que parece ser el afán del proyecto y finalmente aunque hay un llamado a la información del proyecto, una vez que el documento del proyecto se encuentra listo, digamos de socialización e información, esta socialización como está actualmente el proyecto, no incluye a las comunidades locales, que son finalmente las que están siendo directamente afectadas por esos Macroproyectos.

De manera que pediríamos que se incluyera esa exigencia del proceso de manera explícita, de manera que nuestras peticiones son básicamente que las decisiones sean realmente conjuntas, que los plazos sean acordes con la magnitud de los Macroproyectos, de los cuales estamos hablando y reiteramos que los Alcaldes y Alcaldesas, que los municipios sean verdaderos aliados, que sean decisiones conjuntas y no que se conviertan en simples validadores de iniciativas del Gobierno Nacional. Muchas gracias.

PRESIDENTA COMISIÓN SÉPTIMA CÁMARA, H.R. DIELA LILIANA BENAVIDES SOLARTE: Muchas gracias doctora. Tiene la palabra la doctora Mónica Hilarión, Delegada de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

DOCTORA MÓNICA ILARIÓN, DELEGADA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS: Buenos días a todos. Nosotros como Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, realmente pues no nos pronunciamos sobre la conveniencia de una política pública, creemos en general que puede servirle a la comunidad, pero si queremos como llamar la atención sobre unos aspectos que ya otros expositores lo han hecho; este llamado de atención son temas de prefactibilidad, de este tipo de proyectos, nosotros nos pronunciamos en el aspecto de disponibilidad de los servicios públicos; algunas de los temas que deben ser analizados en esta pre factibilidad de proyectos, de mega proyectos, es el tema tarifario, si bien dentro de la tarifa pueden ser contemplados por las Empresas de Servicios Públicos, nuevas inversiones, dichas inversiones afectarían la tarifa a sus usuarios; a quienes se les afectaría la tarifa? A todos los usuarios, en la medida en que se manejan por la regulación, costos medidos y en esa medida esas nuevas inversiones afectarían las tarifas de todos.

Entonces ese tipo de aspectos, deben ser analizados al momento de tomar esta decisión si efectivamente esa comunidad a la que se le va, se le podría resultar la tarifa afectada, podría asumirla y en qué porcentaje y si son o no necesarios subsidios a la inversión por parte del Estado; hay que tener en cuenta también el tema de los subsidios a los usuarios de menores ingresos, si es posible o no aumentar las contribuciones, para que exista un equilibrio entre subsidios y contribuciones o, que, o cuál es el monto que eventualmente deberían asumir las entidades territoriales, o qué tipos de subsidios se deberían digamos agregar por parte de los municipios, para efectos de que exista ese equilibrio entre subsidios y contribuciones.

Es importante tener en cuenta temas de orden técnico, digamos si existen las suficientes fuentes de agua en el corto, mediano y largo plazo; los costos operativos de la prestación de los servicios, el aumento de colectores de aguas residuales, si es o no necesario levantar, aumentar las redes y en este caso si es necesario afectar vías públicas y el valor que esto conllevaría, el aumento de plantas de potabilización de agua y plantas de tratamientos de agua residuales, y también podría, hay que tener en cuenta los tiempos de ejecución de las obras de la construcción de éstos mega proyectos, en relación con el tiempo que se demora la construcción de la infraestructura necesaria para la prestación del servicio.

Nosotros hacemos un especial llamado para que cuando se construyan estas redes, pues quede muy claro de quien es el propietario de las redes y que no se vaya a dejar en mano de los urbanizadores, que no son operadores especializados de servicios públicos, ésta la prestación de los servicios de Acueducto o Alcantarillado o Aseo o incluso de Energía; creo que esta sería mi intervención y decir que son aspectos que eventualmente ya puede haber considerado el Gobierno Nacional, pero que es necesario tener en cuenta y que existen las normas legales para solucionar este tipo de temas, pero que si en la medida que la Superintendencia pueda dar la información de que dispone para coadyuvar a algunos diagnósticos, con mucho gusto le será suministrada a través, toda la que se dispone del Sistema Único de Información de Servicios Públicos. Gracias.

PRESIDENTA COMISIÓN SÉPTIMA CÁMARA, H.R. DIELA LILIANA BENAVIDES SOLARTE: Nosotros entendemos las dificultades que pueden haber por parte del Ministerio para realizar esos Macroproyectos en los pequeños municipios, pero también tenemos que entender que son mil ciento dos municipios, de los cuales la gran preocupación de los ponentes de los proyectos, de los HH. Senadores y Representantes, es que si estos grandes proyectos van a alcanzar en los municipios pequeños; por ello como ponentes hemos hecho una proposición al Ministerio de Vivienda, que es que en los Municipios de Sexta categoría, estamos hablando de los Municipios pequeñitos, con siete mil habitantes, aproximadamente, podamos también hacer Macroproyectos con un número de 50 viviendas por municipio, sabemos las dificultades, pero también tenemos que entender las necesidades que tienen de viviendas los municipios pequeños. Tiene la palabra el doctor Orlando Bedoya, gerente de Macroproyectos de Pereira. Una interpelación para el Senador Tamayo.

H.S. FERNANDO EUSTACIO TAMAYO TAMAYO: Gracias Presidenta, mire, es que la verdad en las intervenciones que han hecho hoy quienes han estado participando, hemos encontrado muchos elementos importantísimos a tener en cuenta, pero como no nos han dejado copia de esas presentaciones, yo quisiera invitarlos a todos, a que nos faciliten esas presentaciones, haciéndolas llegar a la Secretaría allá de la Comisión Séptima de Cámara o de Comisión Séptima de Senado y como este programa se está viendo en muchas partes del país; quisiéramos invitar a personas que puedan hacer aportes complementarios a los que ya se han ventilado acá, a que igualmente los hagan llegar en el término digamos de cuatro o cinco días; el propósito que se ha hecho el Congreso, en el trámite de estos proyectos, es que no sean simplemente tratados por los Senadores o Representantes, sino que haya una participación abierta como se está dando en este Foro, de tal manera que lo que finalmente se apruebe, sea realmente una norma que sea aplicable, que contemple todas las inquietudes de las distintas regiones, y que podamos finalmente obtener disposiciones que sean, que hagan viables las políticas del Gobierno Nacional y de los entes territoriales.

Entonces ojalá nos faciliten esa información, le rogamos sí que lo hagan en documentos muy pequeños, para que de manera resumida, podamos nosotros ventilar esas propuestas que vayan haciendo, muchas gracias, Presidente.

PRESIDENTA COMISIÓN SÉPTIMA CÁMARA, H.R. DIELA LILIANA BENAVIDES SOLARTE: Gracias doctor Tamayo, si Secretaría de Senado está en estos momentos recogiendo las propuestas que han venido y han presentado hoy en este Recinto; más sin embargo si alguna está pendiente, le rogamos hacerla llegar a Secretaría de Cámara o de Senado de las Comisiones Séptimas. Tiene la palabra doctor Orlando.

DOCTOR ORLANDO BEDOYA, GERENTE DE MACROPROYECTOS DE PEREIRA: Buenas tardes, muchas gracias. Yo manejo en este proyecto el macro proyecto Gonzalo Vallejo, de la ciudad de Pereira y hemos querido tener esta espacio para contarles como nos ha ido, cómo vamos con el modelo dentro de la perspectiva del Ministerio y como nos va como municipio con el apoyo en este desarrollo del macro proyecto. Pereira tiene un déficit acumulado de más de dieciocho mil unidades de vivienda, y siete mil casi, dieciocho mil unidades y lo que se pretende con ese macro proyecto es atacar siquiera el 50%, o sea es un proyecto que tiene una capacidad de acogida de aproximadamente ocho mil unidades de vivienda, esto es importante y el macro proyecto Gonzalo Vallejo, se planteó como Plan Parcial, esto es como lo primero que nosotros queremos mostrar, arrancamos como municipio de manera independiente, como Plan Parcial, con una operación urbana integral, que pudiera atacar en gran volumen el déficit, creemos que es necesario hacer operaciones urbanas integrales, pero de gran volumen, porque los déficit están realmente acumulados y sobre todo que las administraciones públicas, las anteriores alcaldías no venían trabajando el tema de manera precisa; por lo cual hacía que el año a año se fuera aumentando y solamente a través de la figura de Planes Parciales, que paradójicamente para muchos en Pereira si ha funcionado, tenemos por ejemplo el Plan Parcial Tokio, que contó con el apoyo del Ministerio, en el cual se logró desarrollar más de tres mil unidades de vivienda, pero que igualmente no atacó profundamente el déficit.

Lo primero que utilizamos como municipio fue el tema del anuncio del proyecto, desde que se formuló el Plan Parcial, el que empezó la formulación y bajo mediante dos resoluciones decreto del Municipio, se sacó a luz pública el valor del suelo antes de iniciar el proyecto, con lo cual se mató cualquier expectativa, cualquier posibilidad de especulación hacia adelante.

El segundo tema importante que trabajamos en este proceso, fue el tema de que el objetivo del proyecto, no era la compra de tierra, en ningún momento, estamos haciendo un proyecto de 160 hectáreas, en ningún momento el municipio está adquiriendo tierras, estamos aplicando todos los instrumentos de ley que nos permita generar vivienda básicamente vivienda BIS y un alto porcentaje en VIP para que el municipio pueda atacar el déficit, pero no partiendo de la compra de tierras, para desarrollar posteriormente el proyecto de vivienda, sino hacer gestión mediante la aplicación de instrumentos.

El proyecto está aplicado, está localizado en la zona de vivienda más popular de Pereira, en la zona de Cuba, zona suroccidental, suelo de expansión definido dese el Plan de Ordenamiento Territorial y lo que les decía se trabajó bajo la figura del Plan Parcial; se trabajan 162 hectáreas, la cual está conformada por 48 grandes propietarios, y 119 invasiones a lo largo de una antigua banca del ferrocarril que tenemos allá, pero tenemos digamos que para Pereira, para su tipología minifundista, tener solamente 50 propietarios, en 160 hectáreas, era una posibilidad de desarrollo que nos ayudaba en la gestión.

Tenemos un componente grave, para los que conocen Pereira saben que es de una topografía bastante sinuosa, altas pendientes, riqueza paisajística, lo cual nos llevó a un tema del componente ambiental complicado, casi que el 35% va en suelo de protección, lo cual ya le quita una posibilidad alta de desarrollo y al mismo tiempo se convierte en un elemento muy importante el tema del movimiento de tierras, el hecho de generar suelo, como dicen algunos manizaleños, primero toca construir el lote para hacer el proyecto, entonces eso se nos vuelve un factor grande que después lo vamos a ver en el tema de espacio público, como nos incide.

En el tema vial, se buscó generar un sistema articulado a la red ya existente, cuando se escogió la zona para desarrollar el macro proyecto, se buscó que tuviera conectividad vial y conectividad de servicios públicos al mismo tiempo que conectividad social; entonces se trabajó en un proyecto en el cual ya se tuviera facilidades, vías definidas desde el Plan de Ordenamiento y algunas de carácter nacional como la Autopista del Café, que pasa por el proyecto.

En el tema de servicios públicos, hay un tema que se tocó ahora, que es bien importante, se logró concertación con todas las entidades que prestan los servicios en Pereira, en cuanto al tema de diseños, pero en cuanto al tema de financiación, todavía estamos discutiendo realmente quien debe ser el que lo está ejecutando, hasta el momento estamos por el método de gestión que planteamos, se llevó a que sea el proyecto el que lo asuma, pero se está discutiendo con las empresas la recuperación. Este proyecto nos dio la oportunidad de aplicar en su esencia el Plan de Ordenamiento Territorial, o sea aquí por primera vez logramos en una porción de ciudad, aplicar todo los estándares de habitabilidad, se logró que el tema de espacio público, de equipamiento, se cumpla a cabalidad, nosotros tenemos indicadores es por habitante, aquí se calculó que pueden haber más de treinta mil personas y para ellos se le calculó todas las necesidades de espacio público, equipamiento en todos los niveles.

En el tema de espacio público y aquí es un tema que yo quisiera dejarles también de reflexión, es que esta es nuestra topografía, nosotros estos temas los incorporamos a nuestro espacio público, pero para los estándares, los cuales se trabajan desde el nivel nacional, estos temas no son válidos, para un constructor en Pereira, tener que cumplir con el indicador de los cinco metros, perdón, me sacó de concentración. El tema de cómo se cumplen los metros cuadrados por habitante en territorio plano hace muy difícil que en Pereira se cumpla, entonces se requieren indicadores locales que se respete la normatividad local, y que cuando nosotros fuimos acogidos como macro proyecto nacional, tuvimos serias diferencias con lo que nos estaban diciendo de la Nación.

Se llega pues a asignación de usos del suelo, se llega a un tema de cargas y beneficios, donde el principal elemento con el cual nosotros trabajamos, es que se tiene un valor del suelo inicial muy barato, nosotros logramos definir suelos que al año de la valoración, eran inferiores a los cuatro mil pesos metro cuadrado, por ser alta pendiente, y los mejores suelos se valoraron aproximadamente entre ocho ml y diez mil pesos metro cuadrado; esa valoración la aplicamos para el cálculo de plusvalía y asignación de cargas, eso nos llevó a una gran discusión con los promotores, perdón, no tanto con los promotores, con los propietarios de la tierra, se hizo toda la asignación de carga, el macro proyecto tienen una asignación de carga de aproximadamente de veintiocho mil millones de pesos, de los cuales pues se llegaba a la discusión, el suelo se descontaba, porque era de carácter de los propietarios y el resto era sesiones; en cuanto al esquema de la operación se hizo con un modelo, en el cual el municipio llega a ser el gestor del proyecto, coordina propietarios de la tierra, a los precios con los cuales definimos en el test del anuncio y los promotores del proyecto se vinculan; nosotros hacemos el cierre financiero del proyecto, desde el punto de vista de macro, con la asignación de cargas urbanísticas directas, de acuerdo al aprovechamiento urbanístico y a la asignación o la aplicación de la plusvalía generada dentro del mismo proyecto; de esa manera el proyecto nos daba cierre, y así fue que arrancamos; pero cuando ya nos vinculamos al Gobierno Nacional, mediante dos resoluciones y fuimos acogidos, se nos asignó diez mil millones de pesos, con los cuales lo que decidimos fue hacer inversión de carga general; ahí tiene otro de los problemas que estamos planteando y es que se nos financia, se nos aporta el recurso para hacer carga general del proyecto; pero que lo debemos convertir en la asignación puntual en el subsidio indirecto, con lo cual nos ayudó bastante, porque nos aceleró el proceso de urbanismo, lo cual permitió que más rápidamente hubiera construcción de obra; pero que hoy nos toca de todas maneras responderle a esos recursos de la Nación, a cargo de la plusvalía y a cargo de las cargas, que dependen de la inversión privada, ahí es uno de los puntos en los que nosotros queremos hacer reflexión y es que se mire la posibilidad de que el municipio tenga ayuda en el urbanismo; ya hicimos toda la tarea de la gestión del suelo, de asignar cargas, de asignar responsabilidades, pero después terminamos dando el recurso es para unidad privada, y el urbanismo nos queda a nosotros a fin de cuentas, responder por él.

El proyecto está en ejecución, les voy a mostrar muy rápidamente, me gustaría que de pronto se pudiera ver, el estado de ejecución del proyecto, ya hay más de mil casas, mil quinientas casas construidas, con ochocientas unidades ya ocupadas, tenemos un alto estándar de construcción en urbanismo que le mostraba ahorita al doctor Guillermo, se tiene aquí toda la faja de vía, todo el tema de ejecución de vías está en el sector privado, esta es la unidad de actuación No. 1, mil doscientas casas, espacio público, una plazoleta de más de veinte mil metros cuadrados, se están en estos momentos entre la tercera parte de esto, ya voy a terminar y esta es la unidad No. 2, estas son casas, que el sector privado está colocando en 38 millones de pesos, o sea está casi en VIP, pero las están haciendo directamente ellos, lo que nosotros queremos hacer el llamado de atención, es que si podemos trabajar sobre el tema del urbanismo básicamente, con el entendernos con las empresas de servicios públicos y que desde el Gobierno Nacional, el apoyo de Macroproyectos, no solamente se vaya como subsidio a la demanda, sino que haya aportes a la oferta, podremos hacer un macro proyecto casi en su totalidad de VIP y lograr que más pereiranos tengan vivienda digna. Esto es la vivienda de interés. Muchas gracias.

PRESIDENTE, HR. DIDIER BURGOS: Tiene la palabra don Héctor Pabón, Director de Vivienda de la Gobernación del Huila y finalizamos después de que los coordinadores de ponentes hagamos un análisis final.

SEÑOR HÉCTOR PABÓN, DIRECTOR DE VIVIENDA DE LA GOBERNACIÓN DEL HUILA: Quiero hacer dos aportes importantes porque en la Gobernación del Departamento del Huila, estamos desarrollando proyectos de construcción de vivienda, y creo que hay cosas valederas que debemos tomar en cuenta y que podemos aplicar en otras regiones del país; a nivel de macro proyecto estamos desarrollando el macro proyecto Bosques de San Luís, con cinco mil soluciones, algo importante para tener en cuenta en futuros Macroproyectos, es que permitamos que el sector privado ingrese como socio de los Macroproyectos sin necesidad de tener el ciento por ciento de los aportes; hoy por hoy el macro proyecto exige, que el ciento por ciento del recursos del dinero para construir vivienda eso limita, porque le estamos exigiendo entre el 35, el 40% de aporte, al usuario, al beneficiario, a excepción de los desplazados, y si el recursos no está, no podemos avanzar en la contratación de obra, ahí hay una limitante porque le estamos cerrando de entrada la participación al sector privado, que puede entrar con recursos a financiar esa parte, que el recurso finalmente lo termina garantizando el banco una vez entregue la construcción, pero ahí estamos cerrando y le cortamos alas a los constructores.

El otro aporte, obviamente los Macroproyectos, si pueden andar en los municipios pequeños cierto, y seguramente con valores mucho menores de vivienda a los que se den en las ciudades, allí inclusive podría ser menor el aporte del Gobierno Nacional, porque los municipios ofrecen cierre financiero, y hacen aportes en terrenos, generalmente están infinidad de asociaciones de vivienda o lotes urbanizados que ya tienen los municipios, en los cuales con facilidad podríamos hacer Macroproyectos de cien viviendas en adelante, porque habría la garantía del lote y los servicios públicos básicos, eso abarataría mucho la construcción de vivienda, mucho el valor final de la vivienda, porque ya habría un aporte inicial y podríamos avanzar en Macroproyectos en esos municipios, porque existe mucha demanda en el caso del Huila, la tenemos toda identificada.

PRESIDENTE, H.R. DIDIER BURGOS: Muy bien, muchas gracias, doctor Héctor. Corresponde ahora, no sé si alguno de los Congresistas quiere hacer uso de la palabra. Bueno, corresponde ahora entonces el siguiente espacio, hacer un resumen de lo aquí anotado, lo primero es agradecerle al Gobierno Nacional, al Viceministro Julio Miguel Silva, al doctor Guillermo Herrera, a todos los asistentes, por los aportes a este foro; vale la pena tener en cuenta varias cosas, lo primero es que esta ley, este proyecto de ley que inicialmente se llamaba proyecto de ley de Macroproyectos de vivienda, cambia su nombre a un proyecto que se llama promoción de oferta de suelo urbanizable en Colombia para el desarrollo de Macroproyectos de interés social nacional; no es solamente el tema de los Macroproyectos, sino que estamos pensando en que la ley tiene que facilitar la oferta de suelo urbanizado y suelo urbanizado barato, ese es el primer elemento de aportes de concertación entre los ponentes del proyecto y el Gobierno Nacional y hay una disposición total del Gobierno, a darle esta connotación al proyecto.

El segundo tema radica en que evidentemente hay un mandato constitucional, doctor Jhon Jairo, en el sentido de que todos los ciudadanos tienen derecho a vivienda, una vivienda de interés social, una vivienda digna y el Estado tiene el mandato de promover las asociaciones o la asociatividad de los usuarios para que tengan acceso a una vivienda y se parte del mandato del artículo 51 de la Constitución Nacional.

De igual manera la Ley 388 ordena la función social de la propiedad de la tierra, para que pueda la gente acceder a vivienda de interés social o vivienda digna, y se ordena que las actuaciones urbanísticas, doctor Bedoya, en la Ley 388, las actuaciones urbanísticas deben ser de carácter integral; entonces partiendo de esa situación, los ponentes vamos a trabajar sobre esa premisa fundamental; lo otro es que el Gobierno del Presidente Santos, el Gobierno de la Prosperidad, es un Gobierno que nosotros acompañamos y que el objetivo de construir un millón de viviendas en Colombia, en los próximos cuatro años, tiene o parte de la premisa de la reactivación económica del país, y como una locomotora, una de las cinco locomotoras que el Gobierno Nacional, está promoviendo, pero nosotros adicionalmente le vamos a dar al proyecto de ley, la connotación, la connotación de atender a la población más vulnerable, la de menores ingresos, por eso vamos a introducir y a concertar con el Gobierno, artículos en el proyecto de ley que permitan que en los Macroproyectos se generen suelos en un porcentaje lo más alto posible a vivienda de interés prioritario; y cómo vamos a pretender generar vivienda de interés prioritario, pues generando varios mecanismos y propuestas que aquí se han hecho, por ejemplo, atender la experiencia del municipio de Pereira, en el anuncio de los proyectos; lo que tradicionalmente se ha hecho, es que al anunciar los proyectos, entonces se genera una especulación en el valor de la tierra, entonces vamos a poner una norma, una ley, un artículo en la ley, que permita que los avalúos que se hagan de esa tierra, que va a ser objeto de un macro proyecto de vivienda, de un macro proyecto, pueda ser pagada o pueda ser reconocida en las cargas y beneficios por lo que antes hay en ella, o por lo que tradicionalmente ha habido en esa tierra y no por la expectativa de lo que se va a colocar allí, entonces se va a controlar a pesar de que la ley 388, existen los mecanismos, vamos a involucrar en esta ley, en este proyecto de ley, mecanismos para ello; de igual manera vamos a promover la concurrencia de los actores, no es solamente los dineros de subsidio del Gobierno Nacional, los que aquí van a jugar, sino que vamos a permitir o a proponer que los subsidios que lleguen del Gobierno Nacional a los Macroproyectos, también haya un premio, un incentivo a la concurrencia del territorio; si en el territorio se incentiva la generación de suelo para urbanizar a través de mecanismos de plusvalía, o de aportes del territorio, pues evidentemente esa suma de subsidios tendrá que impactar en la posibilidad de que las personas o las familias de menores ingresos puedan acceder a una vivienda de interés prioritario.

De igual manera, vamos y lástima que se haya ido la delegada de la Superintendencia de Servicios Públicos, pero estamos en la tarea con los ponentes de identificar en la composición tarifaria de las empresas de servicios públicos, ellas tienen un componente de expansión, de inversión en expansión, creemos nosotros que debemos llamar o de alguna manera en el mejor sentido de la palabra, obligar la concurrencia de las empresas de servicios públicos, en la construcción de la red matriz, en aquellos Macroproyectos donde se genere vivienda de interés prioritario; de igual manera hay unas proposiciones como la del doctor Juan Valdez, Representante Juan Valdez, que plantea que las compensaciones de cargas y beneficios y los terrenos generados por plusvalía, los Macroproyectos, sean destinados a vivienda de interés prioritario; de igual manera estamos conscientes que la concertación, para hablar un poquitico de algunas inquietudes aquí planteadas por ejemplo en la Contraloría, plantea que debemos tener mucho cuidado para acceder a suelo urbanizable, no afectar la seguridad alimentaria, pues de alguna manera estamos hablando de cuatro mil o cinco mil hectáreas que necesitamos para un millón de viviendas, eso no va a afectar necesariamente la seguridad alimentaria, porque no tendríamos forma de impactar de una manera que nos llame mucho la atención el tema, pero de igual manera la autoridad ambiental en la concertación de los Macroproyectos, la autoridad ambiental precisamente se está haciendo es eso, vamos a concertar con la autoridad ambiental los Macroproyectos que no afecten sensiblemente por ejemplo los suelos destinados a actividades agrícolas de primero, segundo o tercer orden.

Hay unas propuestas importantísimas del doctor Luís Alberto Vargas, que voy a destacar tres especialmente, una cuando plantea que los costos de escrituración sean actos sin cuantía, podíamos proponer en la ley una posibilidad que esos actos de escrituración sin cuantía obviamente van a impactar positivamente en el menor valor final de la vivienda.

La metropolización de la acción de los curadores, lo entiendo así, una propuesta de metropolizar la acción de los curadores, es importante, interesante para facilitar los mecanismos de cómo se llama, de licenciamiento de los Macroproyectos, y la obligación de la concurrencia a las empresas de servicios públicos, que es una propuesta que usted hace; es importante tener en cuenta doctor Jhon Jairo Hernández y todos, es que este es un proyecto de ley que quiere habilitar rápidamente suelo urbanizable y nosotros volvemos y repetimos suelo urbanizable barato; si, pero hay una serie de propuestas aquí que hemos escuchado, que tienen que ver con la posibilidad en el inmediato futuro de tramitar una ley en el Congreso de la República, que sea una ley macro de vivienda, un estatuto de la vivienda, y allí podrá involucrarse algunos aspectos de propuestas que muchos de ustedes han hecho.

De igual manera el doctor Germán Ávila hablaba de que el Estado tiene que pagar por la especulación de la tierra, ya hablamos de controlar los avalúos, los profesionales del Ministerio tienen muy clara la propuesta, FEDEMUNICIPIOS, plantea que no hay un acompañamiento que los municipios no van a ser promotores aquí ya hay algunos en las actividades que hemos desarrollado con el Ministerio, con el Gobierno Nacional, evidentemente los municipios van a hacer también promotores de los Macroproyectos, o sea ellos no van a quedar por fuera, porque tiene que haber una alianza entre el sector público y el sector privado y los municipios serán actores fundamentales en la promoción de esos proyectos.

Para finalizar lo que vamos a tener para que la vivienda y este proyecto de ley impacte los más pobres de Colombia, es la posibilidad de la siguiente suma, y quisiera que el señor Viceministro tomará atenta nota del tema, va a sumar lo siguiente, los subsidios de vivienda familiar, primer actor; segundo, el subsidio en tierra y tierra urbanizada, segundo actor el territorio; tercer actor, los subsidios a la tasa de interés, que es una propuesta que hace el Gobierno y que está planteada en el Plan de Desarrollo; cuarto actor, la ampliación del plazo del pago del crédito hipotecario del 15 a 25 años, un actor adicional y el subsidio al estudio del crédito; obviamente si logramos articular la formulación, la gestión y la concurrencia, vamos doctor Julio Miguel, vamos a llegar exactamente a lo que queremos hacer, impactar la mayor cantidad posible de familias de menores ingresos en Colombia.

Así que la compensación en las actuaciones urbanísticas, o los Macroproyectos, vamos a promover que sean internamente para impactar que el suelo sea utilizados en los macro proyecto, la mayor cantidad de suelo en vivienda de interés prioritario. Así que agradecerles inmensamente a todos los actores, a los invitados, a la gente que hizo las proposiciones, al Ministerio, al Viceministro, al doctor Julio Miguel Silva, al doctor Guillermo Herrera, a las diferentes asociaciones de vivienda, a las organizaciones populares de vivienda, a los Congresistas, a los Representantes a la Cámara, a los Senadores, muchísimas gracias y a los televidentes un agradecimiento por estar frente a las pantallas. Se convoca el miércoles a las nueve y media de la mañana, en el Ministerio de Vivienda, para continuar generando o construyendo el articulado de este proyecto de ley. Muchísimas gracias, buenas tardes para todos.

SECRETARIO, DR. JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA: Siendo las doce y cuarenta y tres (12:43) P.M., la Presidencia formalmente declara terminada esta Audiencia Pública al Proyecto de Ley 208/2010 Senado -182/2011 Cámara sobre oferta de suelo urbanizable.