INFORME
RIESGO OPERATIVO, RIESGO LEGAL, RIESGO DE CONTRAPARTE, RIESGO MORAL EN
PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
ELABORADO POR EVIVIENDA
Inhabilitan Por 10 Años A Ex Alcalde De Nocaima
Inhabilitan por 10 años a ex alcalde de
Nocaima Por la adjudicación de un contrato para vivienda de interés social, sin
abrir licitación, la Procuraduría inhabilitó al ex alcalde de Nocaima Hernando
Osorio para ejercer cargos públicos en 10 años. El contrato era para vivienda
rural.
Procuraduría
confirmó destitución a ex alcalde de Nocaima, Cundinamarca
Bogotá, 6 de enero de 2010.
Por irregularidades en la adjudicación de un contrato, la Procuraduría General
de la Nación confirmó la sanción de destitución e inhabilidad por el término de
diez años al señor Hernando Osorio Delgado, Alcalde Municipal de Nocaima,
Cundinamarca, para la época de los hechos.
La Procuraduría Regional de Cundinamarca demostró que
el señor Osorio Delgado adjudicó de manera directa el contrato 001 del 7 de
marzo de 2007, por valor de 495 millones 594 mil 241 pesos, cuando estaba
obligado a surtir el proceso de licitación pública de acuerdo con la cuantía
del mismo.
El contrato tenía por objeto la ejecución de un
proyecto de vivienda de interés rural en el que el municipio aportó 170
millones 939 mil 783 pesos y la suma restante correspondió a subsidios
otorgados por el Banco Agrario.
Al confirmar la decisión que en primera instancia
profirió la Procuraduría Provincial de Facatativá, el Ministerio Público
consideró que el ex Alcalde se distanció de su deber funcional al omitir
ajustarse a lo establecido en el Estatuto de Contratación, vulnerando el
principio de transparencia consagrado en la normatividad.
Recordó que, la actividad contractual estatal debe
realizarse de manera pública e imparcial con miras a garantizar la escogencia
objetiva del contratista en igualdad de oportunidades y en plena aplicación del
principio de la moralidad administrativa.
Destituido
e Inhabilitado ex Alcalde Municipal de Topaipí (Cundinamarca)
Bogotá, 29 de enero de 2010. La
Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por el término de diez
años al señor Luis Enrique Cortes Castro, ex alcalde del municipio de Topaipí,
debido a las irregularidades que durante su administración se presentaron en
materia de contratación, por prestación de servicios en la electrificación de
algunas viviendas de esta región.
Según la investigación, el señor Cortes Castro
desconoció los principios de la ley de contratación al reconocer y ordenar el
pago por la prestación de los siguientes servicios sin que éstos se ejecutaran
íntegramente:
1. Instalación de la red eléctrica de las viviendas de
los señores Alirio Marín y Adelmo Hoyos, ubicadas en la Vereda el Silencio de
este Municipio, por un valor de $4.300.000.
2. Suministro de materiales para la electrificación de
cuatro viviendas rurales de nivel 1 y 2, según el SISBEN, del señor Salustrino
Liz, ubicada en la vereda Suárez; del señor Edilberto Rueda, ubicada en la
vereda Muchipay, y del señor Antonio Gonzalez, ubicada en la vereda Lucitania.
Por un valor de $4.000.000
3. Electrificación de tres viviendas rurales de nivel
1, según el SISBEN, de los señores Jorge Vega, Rosendo Real y Alirio Real,
residentes en la vereda Hoya del Tablón.
El Ministerio Público determinó que el ex Alcalde de
Topaipí había incurrido en falta disciplinaria al no cumplir de manera integra
con la anteriores órdenes, no obstante, y luego de realizar los estudios
respectivos, la Oficina de Planeación Municipal hizo referencia a la necesidad
de darle servicio eléctrico a las viviendas aquí referidas.
Por su parte la Tesorería Municipal “expidió el
correspondiente certificado de Disponibilidad Presupuestal, verificándose la
anotación el compromiso adquirido para la ejecución de la obra y previa la
respectiva Acta de Liquidación de obra y recibo a satisfacción de el Alcalde
Municipal Luis Enrique Cortes Castro”, según se consta y firmado por el jefe de
Planeación, señor Gersain Hoyos.
La entidad determinó que “ante la conducta
presuntamente desplegada por un servidor público que desconoce la ley
contractual, al reconocer y ordenar el pago de las ordenes de prestación de
servicio aquí cuestionadas, no habiéndose ejecutado de manera integral, de suyo
violaría el principio de responsabilidad, desconociendo disciplinariamente sus
deberes de cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la
Constitución y la leyes y la de su deber de vigilar y salvaguardar los bienes y
valores que le fueron confiados”.
Esta decisión fue tomada por la Procuraduría Regional
de Cundinamarca, al surtir la segunda instancia, sobre la providencia mediante
la cual la Procuraduría Provincial de Zipaquirá había sancionado al suscrito
con destitución e inhabilidad general por 10 años.
PGN
sancionó a ex Alcalde y ex Secretario de Obras de Yopal, Casanare
Bogotá, 13 de abril de 2010. Por
ordenar la ejecución de las obras para la construcción del parque comercial La
Herradura , sin haberse aprobado el Plan Parcial de reestructuración urbana de
la zona centro del municipio, la Procuraduría General de la Nación sancionó con
suspensión de dos meses en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el
mismo término, a los señores Nelson Nadyn Nieto Ramírez y Nelson Ricardo Mariño
Velandia, ex Secretario de Obras Públicas y ex Alcalde de Yopal,
respectivamente.
De acuerdo con la decisión proferida por la Vice
procuradora General de la Nación , Martha Isabel Castañeda Curvelo, el Plan
Parcial era requisito indispensable para poder realizar desarrollos
urbanísticos en ese sector del municipio, conforme a lo exigido por el artículo
109 del Acuerdo Municipal 027 de 2003.
Consideró que, la conveniencia y necesidad de la
realización de las obras objeto del contrato 359, no implicaba que se
desconociera la exigencia contenida en el Acuerdo, con fundamento en conceptos
emitidos por consultores externos, porque aquellos dejaban sin efecto las
decisiones del Concejo Municipal y “hasta tanto no se modificara por esa
Corporación o se declarara su nulidad por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo gozaba de presunción de legalidad, por ende resultaba
obligatorio su acatamiento”, explicó.
Para la Procuraduría , si bien la adopción del plan
parcial de reestructuración de la zona de renovación urbana del centro de Yopal
debió proferirse con antelación al inicio de las obras, se podía prorrogar el
termino para su inicio, conforme a lo establecido en el numeral 5 capítulo V
del pliego de condiciones.
Con la conducta señalada, los disciplinables
transgredieron el artículo 34 de la Ley 734 de 2002, según la cual, es deber de
todo servidor público hacer cumplir, entre otros, los deberes contenidos en los
Acuerdos Municipales.
Al imponer la sanción y en atención a que los
disciplinables han cesado en sus funciones, el Órgano de Control convirtió la
suspensión en suma equivalente a los salarios percibidos para la época de los
hechos, 5 millones 496 mil 278 pesos para el señor Nelson Nadin Nieto Ramírez y
8 millones 199 mil 732 para el señor Nelson Ricardo Mariño Velandia.
Contra la decisión procede el recurso de apelación.
Fecha de publicación: 13 de
abril de 2010. 10:32 a.m.
Lleva encadenada más de 72 horas frente a la
Alcaldía de Chía; pide la construcción de 152 casas
María Isabel
Villate, de 55 años, reclama una licencia de construcción para el desarrollo de
un plan de vivienda de interés social tiene en vilo a más de 70 beneficiarios.
Según la
Alcaldía, el predio ubicado en la vereda Bojacá, de Chía, de 12.900 metros
cuadrados, donde se pretenden hacer 152 casas, está contemplado en el Plan de
ordenamiento territorial (POT) como predio de reserva para desarrollo de
parques públicos.
Por su parte,
la Corporación Color Esperanza (que es dirigida por Villate) que lidera el
proyecto, asegura que, cuando compró el lote, no estaba asignado para tal fin,
como reza el POT.
Demandan
penalmente La Alcaldía de Chía, al ver cómo se adelantaban pagos y se firmaban
las promesas de compraventa, demandó penalmente a María Isabel Villate, por los
presuntos delitos de urbanización ilegal, gestión indebida de recursos sociales
y abuso de condiciones de inferioridad.
"Esto es
una persecución política que pone en riesgo mi vida y acaba con los sueños de
esta pobre gente de tener su casa propia", dice Villate, respondiendo a la
acción del gobierno de la población.
Acompañada de los
'beneficiarios', Villate permanece atada con cadenas a una columna en la
entrada principal de la alcaldía de Chía, a la espera de tener una respuesta o
cita oficial para resolver el caso.
Las posiciones
por el momento están divididas, algunos quieren les devuelvan su dinero y otros
que se ejecute el proyecto.
ANDRÉS LOAIZA
YAYAESPECIAL PARA EL TIEMPO
Por violar derecho constitucional, Procuraduría
destituyó a la ex gerente del Invitú Ana Isabel Gil
Ana Isabel Gil
Castiblanco, ex gerente del Instituto de Vivienda y Reforma Urbana de Tunja
(Invitú) fue sancionada, destituida e inhabilitada por 11 años, en fallo de
primera instancia proferido por la Procuraduría General de la Nación.
El Ministerio
Público señaló que la ex funcionaria violó el derecho fundamental de petición
interpuesto por Dora Alvarado Ávila, beneficiaria del programa de vivienda de
interés social, Pinos de Oriente.
"La entonces
Gerente del Invitú no dio respuesta concreta o de fondo a tres derechos de
petición interpuestos por Dora Alvarado Ávila, en los que solicitaba que se le
fijara fecha, hora y notaría para poder suscribir la escritura pública del
inmueble ubicado en la urbanización", dice un aparte del fallo.
La Procuraduría
consideró que las respuestas suministradas por ex funcionarios del Invitú,
fueron evasivas y violatorias del derecho constitucional y fundamental de
petición; "pues se demostró que desde el principio tenían la intención de
no tramitar la suscripción de la respectiva escritura pública, hasta tanto la
beneficiaria de la vivienda cancelara unos dineros adicionales que no habían
sido pactados con anterioridad ni después de la suscripción del contrato de
compraventa. La investigada dio una respuesta formal y no material o de fondo y
dedicó su tiempo a evadir y dilatar la respuesta que correspondía".
Martín
Hernández, abogado de la ex funcionaria le dijo a un medio de comunicación que
la tarde del jueves radicaría la apelación ante el Procurador Regional, pues
considera que hay errores de procedimiento y no se practicaron las pruebas que
la defensa había solicitado.
Consideró el
abogado que la Procuraduría estaría cometiendo una injusticia con su apoderada
y que no existe una falta disciplinaria, pues el ente de control no escuchó a
la mujer.
Por
violar el derecho fundamental de petición, PGN destituye a ex Gerente de
Instituto de Vivienda de Tunja
Bogotá, 6 de mayo de 2010. En
fallo disciplinario de Primera Instancia, la Procuraduría General de la Nación
sancionó con destitución e inhabilidad por el término de once años a la ex
Gerente del Instituto de Vivienda y Reforma Urbana de Tunja (INVITU), Ana
Isabel Gil Castiblanco, por haber violado materialmente el núcleo esencial del
derecho fundamental-constitucional de petición interpuesto por la señora Dora
Alvarado Ávila, una beneficiaria del programa de vivienda de interés social,
adelantado por la dependencia descentralizada del municipio de Tunja.
De acuerdo con los hechos investigados, la entonces
Gerente del INVITU no dio respuesta concreta o de fondo a tres derechos de
petición interpuestos por la señora Dora Alvarado Ávila, en los que solicitaba
que se le fijara fecha, hora y notaría para poder suscribir la escritura
pública del inmueble ubicado en la Urbanización Pinos de Oriente de Tunja.
Para el Ministerio Público, las respuestas
suministradas por los ex funcionarios del INVITU fueron evasivas y violatorias
del derecho constitucional-fundamental de petición; pues se demostró que desde
el principio tenían la intención de no tramitar la suscripción de la respectiva
escritura pública, hasta tanto la beneficiaria de la vivienda cancelara unos
dineros adicionales que no habían sido pactados con anterioridad ni después de
la suscripción del contrato de compraventa.
Refirió que la peticionaria presentó el primer derecho
de petición el 27 de junio de 2005, con el fin de que se le informara la fecha,
hora y notaría en la cual se suscribiría la correspondiente escritura pública,
considerando que cumplía con las obligaciones que estaban a su cargo, a lo cual
le respondieron el 22 de julio de 2005, por un lado, fuera del plazo
establecido en la ley, y por el otro, advirtiéndosele que para adelantar el
trámite debía hacer llegar copia de la cédula de ciudadanía y copia de la carta
de asignación del subsidio, firmada por la Ministra del Medio Ambiente, con lo
cual se procedería a suscribir la escritura en la Notaría Segunda de Tunja
Una vez se allegaron los documentos y en atención a
que no se surtió el trámite notarial solicitado, se presentó un segundo derecho
de petición el 4 de agosto de 2005, que fue respondido por la funcionaria en
forma muy diferente al primero, por cuanto en este informó que para adelantar
el trámite de escrituración de la vivienda se requería allegar a la notaría el
paz y salvo expedido por el INVITU, y que revisados los documentos se encontró
que no se había suscrito la carta dirigida a la cooperativa COVIFUTURO, en la
que se autoriza el desembolso de un crédito para cancelar al constructor obras
adicionales ejecutadas en su vivienda.
En razón a esta respuesta se impetró un tercer derecho
de petición, en el sentido de concretar una explicación jurídica del requisito
exigido de condicionar la suscripción de la escritura pública al pago adicional
a un tercero.
De lo anterior, la Procuraduría concluyó y encontró
que se solicitaron requisitos adicionales no exigidos, puesto que no fueron
enunciados en la primera respuesta, tampoco establecidos en el contrato de
compraventa, es decir, “la respuesta al primer derecho de petición no solo fue
tardía, sino que no se resolvió lo solicitado, como quiera que se dio una
respuesta evasiva diferente”.
Precisó que la investigada lo que hizo fue dar una
respuesta formal y no material o de fondo y “dedicó su tiempo a evadir y
dilatar la respuesta que correspondía; condicionando la segunda respuesta al
pago de unos dineros adicionales, nunca concertados, por obras que habían sido
ejecutadas en el inmueble, pero que no estaban estipuladas en el contrato de
compraventa, que probablemente la beneficiaria no había acordado con el
Instituto, y en la tercera diciendo que ya le había contestado a la signataria,
sin concretar ni resolver de fondo y específicamente las solicitudes.”
Al proferir el fallo, el Procurador Provincial de
Tunja (C) Óscar Rodríguez Barrera, señaló que las circunstancias referidas
demuestran que se incumplieron los artículos 5, 7 y 31 del Código Contencioso
Administrativo, pues a la disciplinable le asistía el deber de atender las
peticiones que presentó la ciudadana, lo cual no ocurrió, al no dar respuesta
oportuna y concreta a tal solicitud.
Consideró que ésta conducta, considerada falta
gravísima a título de dolo, resulta contraria al ordenamiento jurídico vigente,
puesto que la funcionaria debió actuar como lo demandan las normas de carácter
constitucional y legal, lo cual dejó de hacer.
Advirtió que contra la decisión procede el recurso de
apelación ante el Procurador Regional de Boyacá.
Fecha de publicación: 6 de mayo de 2010. 12:20 p.m.
354-09
PGN destituyó a ex Alcalde de Balboa, Risaralda
Bogotá, 14 de julio de 2009. Por violar el principio de igualdad previsto en el artículo
209 de la Constitución Nacional, la Procuraduría General de la Nación sancionó
con destitución e inhabilidad general por once años a Marco Antonio Jiménez
Vargas, en su condición de Alcalde de Balboa, Risaralda, para la época de los
hechos.
De acuerdo con la investigación el entonces alcalde adoptó,
mediante Resolución 032 de marzo de 2006, los pliegos de condiciones de la
Licitación Pública número 001 de 2006, en los que se estableció como requisito
que los proponentes deberían acreditar el cumplimiento de contratos de
construcción de viviendas mayor o igual a mil unidades de vivienda, sin
considerar que el objeto de selección era para sólo 26 viviendas.
Para el Ministerio Público con esta actuación se violó el
principio de igualdad en que se basa la función administrativa y la
contratación estatal, por cuanto se impidió la posibilidad de conocer otros
ofrecimientos que le hubieran podido resultar más favorables al municipio.
Consideró que se encuentra claramente establecida “la falta
de congruencia entre el requisito de experiencia impuesto por la administración
municipal para admitir las ofertas, y la obligación de hacer que impone el
futuro contrato, calificada como desproporciona ,”.
En el fallo de primera instancia, el órgano de control
calificó la falta como gravísima cometida a título de culpa gravísima.
Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la
Procuraduría Regional de Risaralda.
355-09
PGN abrió pliego de cargos contra ex Alcaldesa de Zaragoza, Antioquia
Bogotá, 14 de julio de 2009. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos
contra la ex Alcaldesa del municipio de Zaragoza, Antioquia, Ana Beatriz Monroy
de Luján por vulnerar presuntamente el principio de responsabilidad previsto en
el Estatuto de Contratación.
El Ministerio Público busca determinar si en su condición de
Alcaldesa del municipio en el periodo 2004-2007 la señora Ana Beatriz Monroy de
Luján incurrió en falta disciplinaria, al omitir su obligación de nombrar un
interventor para la supervisión del convenio interadministrativo
2004-VIVA.CF-082, suscrito entre la entidad territorial y la Empresa de
Vivienda de Antioquia.
El convenio que tenía por objeto la construcción de 99
viviendas de interés social en la zona rural del municipio de Zaragoza, por un
valor de 1254 millones 847 mil pesos y con un plazo de ejecución de diez meses,
contemplaba en la cláusula novena numeral 7, el compromiso del municipio
de nombrar un interventor, cuya función principal sería la de verificar la
ejecución del proyecto.
De acuerdo con la investigación se pudo constatar que a pesar
de la trascendencia del proyecto, de invertir recursos en el mismo y de haber
suscrito un contrato que establecía la obligación de nombrar un interventor, la
ex alcaldesa omitió dar cumplimento a esa disposición, lo que podría configurar
una falta disciplinaria.
Al formular los cargos, la Procuraduría Provincial de
Yarumal, Antioquia, consideró que, la ex Alcaldesa, como primera autoridad del
municipio, debía mantenerse en constante vigilancia de todas las obligaciones
adquiridas en virtud del citado convenio de cofinanciación, “y por tanto el
hecho de no tener el Municipio su propio interventor del proyecto tal y como lo
acordó en el convenio, y pretender desplazar la responsabilidad por el aparente
ineficiente informe de lo que venía ocurriendo en desarrollo del contrato,
hacia otra persona y entidad, Funcionario Interventor nombrado por el Banco
Agrario de Colombia, no le exonera de la responsabilidad legal de cumplir con
las mismas y estar pendiente de las obras que se adelantan en la entidad que
representa”.
Destituido
e inhabilitado por 15 años ex alcalde de Girón, Santander
Bogotá, 20 de noviembre de 2008.
Por incurrir en diversas irregularidades en el desarrollo de un proyecto que
albergaría a las familias damnificadas por la tragedia invernal, la
Procuraduría General de la Nación, destituyó e inhabilitó por 15 años al ex
alcalde del municipio de Girón, Santander, Juan Francisco Suárez Galvis.
Los hechos que fueron cuestionados y posteriormente
sancionados en fallo de primera instancia por el ministerio público se
registraron en agosto del 2005, cuando el entonces mandatario incurrió en el incumplimiento
de los acuerdos, mediante los cuales el Concejo municipal lo facultó para
adelantar dicho proyecto.
Así mismo, el señor Suárez Galvis omitió su labor de
vigilancia sobre el proceso de selección y compra de tierras pues quedó
plenamente demostrado que los predios San Benito y los Cocos, adquiridos para
desarrollar el proyecto urbanístico con destino a los damnificados no eran
aptos, pues no acataban las especificaciones ordenas en las disposiciones
locales.
Consideró el ministerio público que hubo sobrecostos
en la compra de los mencionados predios por un valor de 1.861 millones de pesos
habida consideración de su ubicación, condiciones físicas, limitaciones
geotécnicas al área urbanizable, carencias de servicios públicos, de
infraestructura para su prestación y de obras de urbanismo, aspectos que no
fueron tenidos en cuenta e inciden notoriamente en el precio de compra,
situación que genero incremento patrimonial para terceras personas en perjuicio
del patrimonio estatal y la inversión social a que estaban destinados los
recursos.
El fallo señala que el alcalde se extralimitó en sus
funciones al suscribir el 24 de octubre de 2005 un acuerdo de Unión Temporal
con un ingeniero por valor de 4.850 millones de pesos, cuyo objeto consistió en
aunar esfuerzos administrativos, económicos, técnicos y humanos para gestionar
recursos, adquirir lotes, efectuar estudios de viabilidad del proyecto
urbanístico y realizar obras de urbanismo complementarias a fin de conjurar la
situación de desastre declarada en el municipio, violando con ello los
principios orientadores de la contratación estatal, en especial el deber de
selección objetiva.
Para el ministerio público existe certeza sobre la
comisión de las faltas disciplinarias graves y gravísimas afectando no solo la
institución que representaba y el grupo de personas que a través de un proceso
democrático confió sus intereses a una labor transparente e imparcial,
trasgrediendo con ello la carta de principios que conforman la función pública
Embargan A Silvania
En 1996, la
construcción de un proyecto de vivienda de interés social en Silvania y que en
su momento fue considerado como uno de los programas más ambiciosos de la
entonces administración de Willer Barrera, hoy es un fracaso que tiene al
municipio con un embargo a cuestas.
La
administración está a punto de perder 10 predios y el dinero depositado en seis
cuentas bancarias, por una deuda, que con intereses, asciende a los 370
millones de pesos.
El desfalco
está a punto de producirse, luego de que el alcalde Barrera ideó construir un
proyecto de vivienda de interés social, denominado Villa Carolina, el cual
sería construido por la firma Arconstruir Ltda en el predio denominado Silvana.
El lío se
originó porque Arconstruir le facilitó a la alcaldía de Silvania 109 millones
de pesos para la compra del predio donde se construirían los apartamentos. Sin
embargo, la alcaldía no desarrolló la obra y ahora la firma reclama el dinero
con sus respectivos intereses.
Carlos
Rodríguez, abogado apoderado de Arconstruir, explicó que el dinero se facilitó
porque el municipio solo contaba con 35 millones de pesos para iniciar el
proyecto, que costaba cerca de tres mil millones.
Por eso agregó
Rodríguez luego de varias conversaciones con el entonces alcalde se acordó el
préstamo del dinero para comprar el predio.
Así,
Arconstruir desembolsó, entre diciembre de 1996 y junio de 1997, 109 millones
de pesos al Fondo de Vivienda de Silvania, préstamo que fue respaldado con seis
letras de cambio, firmadas por el alcalde Willer Barrera.
Con ese dinero,
más el que tenía la administración y algunas cuotas de beneficiarios, el 22 de
agosto de 1996, la alcaldía le compró el predio Silvana al Inurbe por un valor
de 205 millones de pesos, sin embargo, para esa época dice Rodríguez al alcalde
Barrera fue destituido de su cargo, por lo que nombraron un alcalde encargado,
el proyecto quedó paralizado y la obra no se pudo realizar.
El lío.
El 2 de junio
de 1998, el alcalde de la época, William Mahecha encontró que en la promesa de
compraventa del predio, Barrera no había incluido el programa de vivienda y
tampoco tenía autorización del concejo para suscribir el contrato, por lo que
decidió hacer un proceso de resciliación, es decir, dejar sin efecto el
contrato, lo que obligó al Inurbe a devolver la cuantía.
Sin embargo, la
alcaldía se negó a reembolsarle el dinero prestado a Arconstruir, por lo que su
apoderado, con letras en mano, inició un proceso jurídico en contra del
municipio y el 11 de octubre de 1999 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Fusagasugá decretó el embargo de 10 inmuebles de Silvania.
"La
administración municipal nunca se pronunció sobre el hecho a pesar de que había
sido notificada del embargo. Eso hizo que el proceso avanzara tan rápido, a tal
punto, que el 20 de enero del año 2000, el Juzgado emitió un fallo en el que
dictó sentencia y ordenó seguir adelante la ejecución contra la alcaldía de
Silvania y el caso paso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca", anotó
Rodríguez.
Sólo, año y 10
meses después, el 20 de noviembre de 2001, el apoderado de la administración
municipal, solicitó al Tribunal declarar la nulidad del proceso, según él,
porque el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Fusagasugá, pertenecía a la
jurisdicción, por lo tanto, no podía conocer y actuar dentro del proceso. Sin
embargo, el Tribunal le negó la nulidad.
El proceso continuo
y el pasado 17 de mayo la sección tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca decretó el embargo de los dineros del municipio depositados en las
cuentas corrientes o de ahorros de los bancos Agrario, Caja Social,
Coopdesarrollo, BBV Ganadero, de Bogotá, Davivienda, AV Villas y Colmena en las
sucursales de Fusagasugá y ordenó decretar el avalúo y remate de los bienes
embargados en 1999.
"Ellos no
han querido conciliar. Yo he ido innumerables veces a la alcaldía y ni siquiera
me atienden. De eso he dejado constancia escrita. Nosotros estamos dispuestos a
negociar, pero si ellos no se pronuncian, en los próximos días realizaré el
secuestro y remate de los bienes, que son patrimonio del municipio",
finalizó Rodríguez.
El Semanario
intentó ubicar al ex alcalde Barrera para conocer su versión, pero fue
imposible localizarlo.
Prioridad eran
los beneficiarios.
William
Mahecha, ex alcalde de Silvania y en cuya administración se inició el proceso
jurídico, dijo que cuando se posesionó como alcalde, en 1998, se enteró del
problema porque varios beneficiarios fueron a reclamar los dineros invertidos
en el proyecto.
"Indagando,
encontré que en la tesorería habían depositados unos dineros que no eran de la
alcaldía. Con el aval de la Procuraduría concilie con la comunidad y le devolví
los recursos a los beneficiarios. Yo creí que ahí paraba el problema.
Sin embargo
agregó un día llegó a la alcaldía una persona de la firma Arconstruir a decirme
que el alcalde del periodo 96-98 le debía plata de ese proyecto y que ellos
tenían unas letras de cambio por esa deuda. "Eso me pareció extraño, pues
un alcalde no puede endeudar al municipio sin autorización del concejo.
"A esa
persona la vi una vez en la alcaldía y nunca más la volví a ver. Después me
enteré que habían iniciado un proceso. Durante mi administración hubo unos
recursos que estuvieron disponibles, cerca de 125 millones de pesos, que creo
eran los que ellos aportaron en su momento, pero yo no tenía claro con qué
autorización un particular invertía y depositaba dineros en la tesorería para
un proyecto de la alcaldía. No sé cómo hicieron esa figura. Yo me limité a
asegurar la entrega de los depósitos de los beneficiarios", finalizó
Mahecha.
Arconstruir nos
quiere ejecutar.
Manuel Pardo,
alcalde de Silvania, dijo que en la tesorería del municipio hay unos dineros no
se ha podido establecer jurídicamente si realmente pertenecen a Arconstruir.
"Según
ellos, invirtieron 109 millones de pesos, pero están cobrando más de 300. Ellos
están ejecutando unos títulos valores (letras de cambio) que firmó el alcalde
Willer Barrera de los cuales no se puede explicar su procedencia jurídica
porque el alcalde Barrera no estaba autorizado por el concejo municipal para
endeudar al municipio", explicó Pardo.
"Yo como
alcalde no puede estar expidiendo títulos valores para respaldar deudas en el
municipio sin tener autorización del concejo, a menos de que Arconstruir la
tenga. Por eso, ha sido imposible establecer si esa plata es de la firma, y si
es en ese monto, pues las pretensiones de ellos es que los intereses ya
triplican el capital", dijo Pardo.
"Yo veo un
manejo deshonesto de Arconstruir y por eso, ya instauramos una denuncia en la
Fiscalía para que este ente haga parte del proceso y verifique de dónde surgen
esas letras de cambio y esos montos.
"Observó
que jurídicamente hay una irregularidad. Ya nos embargaron cuentas donde
tenemos dineros destinados a la salud. Ellos nos quieren ejecutar. Si logramos
demostrar que los dineros que hay en la tesorería son de ellos, se los
entregamos, simplemente nos estamos defendiendo jurídicamente y estamos pagando
errores de administraciones anteriores", finalizó.
FOTO:
ESTOS FACSIMILE
son dos, de las seis letras que tiene en su poder la firma Arconstruir, para
demostrar la veracidad del préstamo a la alcaldía.
Más Indagados Por Viviendas Fantasma
El Gobierno
dijo ayer que solicitó a organismos de control investigar la presunta
participación de empleados de entidades bancarias de Córdoba y Sucre, y de ex
funcionarios del Inurbe, en el manejo ilegal de dineros para la construcción de
vivienda subsidiada.
La declaración
se conoce luego de que EL TIEMPO reveló que se han hallado anomalías y graves
incumplimientos en varios de los proyectos en los que figura la ONG de Córdoba
Fundicar, de propiedad de Manuel Otero Yúnez, lo que llevó a la congelación de
giros por 7 mil millones de pesos.
Tras la
noticia, el Inurbe -en liquidación- dio a conocer una resolución en la que
declara el incumplimiento de la ONG en dos proyectos (en Floridablanca,
Santander y en Carepa, Antioquia), y hace efectivas pólizas de cumplimiento por
2.200 millones de pesos.
"Hay
evidencia de mala aplicación de los subsidios, porque las obras están
inconclusas, los recursos se han desembolsado y Fundicar no ha cumplido",
denunció la ministra de Ambiente y Vivienda, Sandra Suárez.
También se
conoció que de los 63 proyectos del Inurbe que Fundicar ha canalizado, 14 -por
10 mil millones- están en situación crítica y 11 -por 2.877 millones-,
inconclusos.
Otero dijo que
desconoce la decisión del Inurbe pero que la apelará y pedirá 4 meses para
terminar los proyectos.
Nuevos hechos.
En cuanto a la
investigación a empleados bancarios, trascendió que se relaciona con la
apertura de cuentas de ahorro en una casa de familia y el retiro ilegal de los
dineros consignados en ellas, que son de beneficiarios de subsidios.
La otra
indagación se relaciona con la alteración de la fecha de creación de Fundicar
en la resolución 0486 del Inurbe, lo que le permitió sumar experiencia. La
denuncia está en manos de la Procuraduría.
Otero dijo al
respecto que no conocía ningún caso de falsedad y sobre la apertura anómala de
cuentas, manifestó que era falso. Reiteró, sin embargo, que ha cumplido la
mayoría de los compromisos adquiridos y que está dispuesto a culminar los
inconclusos.
También
insistió en que no ha participado en política y que si bien ha estado en foros
convocados por congresistas -como uno en el que participaron alcaldes de la
costa-, "es para ayudar a la gente".
Compradores de vivienda denuncian que las
constructoras replantean las condiciones de venta
Luego de
concretar la compra del inmueble a través de una entidad financiera, los
proyectos no son los inicialmente ofrecidos y se dificulta la devolución del
dinero.
Hace 19 meses,
María y Pedro* compraron el apartamento de sus sueños. Literalmente de sus
sueños porque nunca se volvió realidad.
Ante las
alertas económicas, otros clientes desistieron de la compra. Entonces, la
constructora no tuvo otra opción que replantear el negocio y empezar a ofrecer
unidades más pequeñas.
Con sorpresa,
ellos se encontraron con que solo les quedaban dos salidas: aceptar el bien más
pequeño y un parqueadero menos por el mismo precio que pagaron o desistir del
negocio. Incluso, si quieren revender deben pedir autorización y pagar el uno
por ciento del valor del bien (casi 2 millones de pesos).
Bastó con leer
con detenimiento esas mismas cláusulas que antes no analizaron porque confiaban
en la reconocida constructora que vendía el bien.
Efectivamente,
el encargo fiduciario advertía que el vendedor tiene la libertad de modificar
lo que considere necesario (tiempos de entrega, diseños y cualquier condición)
y, al firmar, ellos así lo aceptaron.
Según un
reporte de Camacol, unos 700 compradores de vivienda nueva desisten de los
negocios cada mes. "El incremento de este indicador sugiere una posible
acumulación de inventarios futuros, la dificultad de los hogares para acceder a
vivienda propia o la preferencia del arriendo. El número de renuncias pasó de
701 en enero a 616 en mayo de 2008. Sin embargo, el indicador de renuncias
frente a las ventas ha mostrado un deterioro en la medida en que las ventas se
han reducido a un mayor ritmo", dice el estudio de la firma Coordenada
Urbana.
Una funcionaria
de la Superintendencia Financiera, que pidió no ser identificada, explica que
"la fiducia se constituye porque el constructor está midiendo el mercado.
Ahora que hay tiempos difíciles, el punto de equilibrio pasó de 50 a 75 u 80
por ciento de las ventas porque ellos saben que no pueden correr el riesgo de
quedarse con inventarios.
"Hace un
año, era común que los constructores deshicieran los negocios porque tenían una
'cola' de compradores a quienes les vendían más caro -y esto lo permite el
encargo fiduciario-. Por eso, la primera recomendación es leer con mucho
detenimiento la letra menuda de todo lo que se firma pues hay que entender los
riesgos de un negocio donde de entrada se acepta que el vendedor cambie las
condiciones del producto en cualquier momento", agregó la funcionaria.
"Al ver
que no hay nada qué hacer legalmente, desistimos del negocio y ahí nos
encontramos con otra sorpresa. No nos quieren devolver la plata y tampoco hay
cómo obligarlos", explica María, quien comenta que el error de los
compradores es no entender la diferencia entre encargo fiduciario y promesa de
compraventa.
Aunque hace
casi dos meses aceptaron por escrito la propuesta, nadie les responde por el
dinero. La fiduciaria explica que no pueden regresar el dinero ni sus
rendimientos hasta que la constructora no les dé la orden y los vendedores solo
dicen que aún no se sabe si el proyecto se hará o no.
Lo que sí les
aclaró una asesora de la fiduciaria es que -aunque no se sabe de cuánto son los
rendimientos porque la rentabilidad es variable- los compradores deben asumir
la comisión del manejo del dinero, que puede ascender al 10 por ciento de los
rendimientos.
Vale aclarar
que, según el contrato de fiducia, las explicaciones verbales no son validas y
que 'autorizan a la fiduciaria a descontar directamente las sumas adeudadas'.
Eso sí, si el comprador se atrasa 10 días en el pago de la cuota o desiste del
negocio deberá pagar una sanción de 8 millones de pesos.
Sobre la
inequidad que representan este tipo de contratos -donde una parte tiene todas
las libertades y otra todas las obligaciones-, la Superintendencia Financiera
es enfática en afirmar que los constructores no pueden abusar de su posición ni
de sus derechos.
"Por eso,
los contratos de encargo fiduciario y de adhesión al proyecto deben estar
aprobados por la Superfinanciera", explica la funcionaria.
¿Qué puede
hacerse? ale aclarar que la Superfinanciera solo supervisa a las fiduciarias.
La vigilancia de los constructores en Bogotá la hace la Subsecretaría de Control
de Vivienda, en el resto del país está a cargo de las alcaldías.
La
Superfinanciera recomienda leer en detalle y entender los alcances del contrato
de encargo fiduciario y cualquier documento antes de firmar; además, averiguar
con esta entidad si es un documento autorizado.
Si hay que
modificar el proyecto, esto se convierte en un nuevo negocio. Esto implica que
se deben firmar nuevos documentos o cláusulas adicionales.
Cuando el
constructor o el vendedor le dan muchas largas al asunto y no define cuándo y
cómo devolverá el dinero o si actúa mal, se puede ejercer el derecho a réplica
ante la fiduciaria explicando qué cláusula específicamente se está violando.
"La
fiduciaria no puede ponerse ni de un lado ni del otro, si hay incumplimiento
simplemente debe devolver el dinero con sus rendimientos. Nadie puede abusar de
sus derechos", indica la funcionaria de la Superfinanciera.
La siguiente
instancia que puede poner en movimiento los negocios 'estancados' es el
defensor del deudor de la fiduciaria, que presta sus servicios de forma
gratuita.
También se
recomienda exigir un tiempo fijo de espera para cumplir el punto de equilibrio,
como seis meses o un año. Así, el comprador no queda atrapado en proyectos que
no se sabe cuándo cumplirán el punto de equilibrio.
"Los
encargos fiduciarios son, precisamente, para prever cómo resolver las
situaciones en tiempos difíciles", indica la funcionaria.
* Nombres
cambiados a petición de los denunciantes.
Auge de
desistimientos Tanto la Constructora Coninsa RamónH como Fiduciaria Alianza
-dos de las entidades de las que más quejas ha recibido este diario- dijeron
que "los casos de desistimiento serán atendidos de acuerdo con lo que
establece el contrato y las instrucciones que sobre el particular nos
suministre Coninsa, quien nos ha manifestado que dichos reintegros se
encuentran en trámite de ser atendidos y comunicados a la fiduciaria.
"Es
pertinente agregar que los contratos que forman parte del fideicomiso cumplen
con la totalidad de los requisitos legales previstos en las normas vigentes, no
siendo necesaria la autorización de ellos por la Superfinanciera de acuerdo con
dicha normatividad".
Al respecto, la
Superfinanciera indicó que Fiduciaria Alianza fue sancionada por no enviar los
contratos a revisión, especialmente los firmados hace cerca de dos años, pero
que ahora reporta con normalidad.
¿Qué es un
encargo fiduciario? Hace una década, ante la falta de compradores, muchos
constructores quebraron y no terminaron los proyectos, dejando 'enterrados' los
ahorros de las familias.
Por eso, ahora,
los constructores -por ley- deben acudir a una fiduciaria que reciba los
dineros de las preventas. Después de constituir un encargo fiduciario, la
entidad conserva los recursos y los gira cuando se vendan suficientes unidades
del proyecto. Esta es una forma de asegurarse de que los abonos se
apliquen en el proyecto elegido y no en otro que la firma pueda tener
'empantanado'.
Si no se
prevende lo suficiente, el beneficiario (constructor) le regresa el dinero al
constituyente del contrato de encargo fiduciario (comprador). Legalmente no
existen ni compradores ni vendedores; claro, la fiduciaria cobra un concepto de
administración fiduciaria del dinero a quien le confió sus recursos.
Entonces, el
contrato de encargo fiduciario reemplaza a la tradicional promesa de
compraventa. Este documento solo aparece al momento de escriturar el bien, es
decir cuando se finaliza la obra.
Un encargo
fiduciario no es una promesa de compraventa; ésta solo puede hacerse cuando hay
permiso de venta, reglamento de propiedad horizontal y punto de equilibrio.
Por esta razón,
el 'comprador' no puede obligar al vendedor a entregarle lo que ofreció ni a
cumplir los tiempos propuestos. Ya es habitual que los proyectos tengan demoras
de más de seis meses.
Así, cuando un
proyecto fracasa, el constructor asume sus pérdidas y el inversionista pierde
esa valorización que creyó ganada más los costos de administración de los
abonos.
Unidos Para Exigir Solución
Después de
meses y meses de larga espera, los adjudicatarios del proyecto de vivienda
Samán de la Rivera, que adelanta el municipio en asocio con la firma
Constructodo, decidieron unirse para exigir una solución a su problema.
La reunión de
los adjudicatarios se cumplió el pasado domingo en la urbanización Samán de la
Rivera, localizada en la vía a Acacias. Allí, más de 100 personas que se
consideran damnificadas por el incumplimiento de los responsables de este
proyecto, determinaron crear un comité conformado por ocho personas que tiene
como finalidad crear una mesa de trabajo para estudiar los diferentes problemas
de los usuarios.
Así lo explicó
a LLANO 7 días Yaneth Bello Díaz, una de las personas afectadas por la
situación que lideró la conformación de dicho comité. Una vez se estudie cada
caso acudiremos a la asesoría jurídica del abogado Edgar Ardila Barbosa y
después aspiramos reunirnos con el alcalde de Villavicencio para buscar una
solución a este problema que ya lleva tres años explicó la señora Bello Díaz.
Piden
investigar a Fidultra Según pudo constatar LLANO 7 días en diálogo con los
presentes, todos ellos han pagado la cuota de sus viviendas, pero a algunas las
corporaciones no les aprobó el crédito y en otros casos ni siquiera les han
recibido los documentos. Algunos de los usuarios solicitaron la devolución de
la suma cancelada por la cuota inicial ya que ante tantos inconvenientes
prefieren retirarse del proyecto.
La líder del
proyecto explicó que el comité se encargará de estudiar cada caso, pero la idea
es solucionar el problema de todas las personas que asistieron a la reunión.
Igualmente,
durante la reunión se informó acerca de unos oficios que fueron enviados tanto
a la Superintendencia de Sociedades como a la Superintendencia Bancaria,
solicitando que se investigue el manejo que ha dado Fidultra a los dineros que
los usuarios han entregado a esta fiduciaria por concepto de la cuota inicial.
Al grupo de los
adjudicatarios que no han recibido su vivienda ni la devolución del dinero, se
unieron las personas que actualmente habitan la urbanización para apoyarlos,
pues aseguran que a estos problemas hay que agregarle las dificultades que
afronta el sector en materia de servicios públicos.
Marco Antonio
Gómez Moreno, tesorero de la Junta de Acción Comunal de Samán de la Rivera,
aseguró a LLANO 7 días que el barrio no cuenta con suministro de agua y sus
habitantes se ven obligados a lavar la ropa en un caño cercano y a transportar
en vehículos el líquido para el consumo.
De otra parte,
Gómez aseguró que los habitantes consideran que el servicio de energía que
tienen es pirata.
Los
damnificados del proyecto Aunque muchas de las personas que se vincularon a
este proyecto tienen el mismo problema, detrás de cada usuario hay un drama
diferente. Es el caso de Domingo Mendoza Amado, quien hace un año canceló 2
millones cuatrocientos mil pesos por concepto de la cuota inicial de su casa.
Sin embargo, en vista de los graves problemas que afectaban al proyecto decidió
solicitar la devolución de su dinero, pero hasta la fecha no ha recibido
ninguna respuesta.
En la oficina
de Fidultra, ni el gerente ni la secretaria dan razón del dinero ni de su
devolución pues aseguran que no saben nada ya que la oficina principal de la
fiduciaria es en Bogotá. Por supuesto tampoco me han solucionado el problema.
He enviado varias cartas solicitando que me devuelvan la plata, pero no he
obtenido ninguna respuesta, afirmó Mendoza Amado. Por lo anterior, el afectado
aseguró que los usuarios se verán obligados a buscar un abogado que los
represente para que les devuelvan la plata o les entreguen la propiedad
adquirida.
En similar
situación se encuentra Fernando Tautiba, quien asegura que hace más de dos años
canceló la suma de 2 millones setecientos mil pesos por concepto de la cuota
inicial, pero la corporación no le ha autorizado el crédito a pesar de haber
entregado en dos ocasiones todos los papeles en regla.
Yo no quiero
que me devuelvan la plata porque en este momento ya no vale lo mismo que hace
dos años. Por eso, con un grupo de usuarios que atraviesan el mismo conflicto
hasta hemos pensado posesionarnos de los lotes, que además ya los pagamos,
aseguró.
Tautiba agregó
que aunque ha intentado tocar muchas puertas en busca de una solución a su
problema, ni en la alcaldía, ni en Cavivir, ni en Constructodo le han dado una
respuesta a su problema.
Denuncian 'cambiazo' de beneficiarios en
proyecto de vivienda social en Villavicencio
Nadie sabe como
una resolución fue duplicada con más de 200 nuevas familias que desplazaron a
otras que ya tenían aseguradas sus viviendas.
Según Carlos
Puerto, presidente de la Veeduría del Proyecto de vivienda y quien puso el dedo
en la llaga en el consejo comunal, se presentó un cambiazo de 201 personas que
inicialmente serían beneficiadas con la adjudicación de viviendas, pero de un
momento a otro desaparecieron de los listados.
El veedor explicó
a Llano 7 días que entre 2006 y 2007 fueron expedidas ocho resoluciones por
Villavivienda (031, 100, 101, 196, 179, 208, 210, 221) las cuales garantizaban
que al menos 1.000 familias verían hecho realidad su sueño de tener casa
propia.
Sin embargo, en
una de esas resoluciones, la 031 del 2006, fueron duplicados todos los
términos, excepto los nombres de las 201 personas que figuraban como seguras
propietarias.
Mientras que
funcionarios de Villavivienda aún buscan establecer quién cambió el documento y
cómo fue a parar a los archivos de la entidad, su gerente, Consuelo Bernal,
señala que la responsabilidad jurídica recae sobre el encargado de construir
las viviendas, en este caso, la Unión Temporal Pro Orinoquia Llanos.
Los
denunciantes advierten que hay otras irregularidades como la venta de casas ya
adjudicadas. Esto sin contar que buena parte de las pocas viviendas construidas
quedaron prácticamente a medio hacer.
Asimismo, aún
es incierto si las uniones temporales tienen en sus cuentas bancarias los 3.000
millones de pesos que, según los aportantes, les han entregado. Tampoco se
tiene claro, según la administración municipal el dinero de los subsidios
entregados por la Nación.
Por esta razón
el alcalde, Raúl Franco, anunció que busca intervenir las temporales a fin de
que Villavivienda asuma la construcción de las casas.
'Existen más
irregularidades' El 'cambiazo' de los beneficiarios del proyecto San Antonio,
según varios líderes del sector consultados por Llano 7 días, es apenas uno de
los problemas del cuestionado este proyecto habitacional iniciado en el 2004.
Según Sandra
Rivera, dirigente comunal, buena parte de los dueños de las casas que aparece
en las resoluciones expedidas por Villavivienda hace cuatro años tuvo problemas
para poderse instalar.
Afirmó que
varios de sus vecinos tuvieron que meterse a la fuerza para habitarlas porque
estas, sin explicación alguna, aparecían con otros propietarios, quienes
también decían ser beneficiarios de la casa, según lo constataba la promesa de
venta tramitada en su momento por el constructor.
Cuestionó que
aunque le solicitaron en repetidas ocasiones a Villavivienda el diseño de un
plano donde especifique a cuál de las seis uniones temporales le corresponde
construir las manzanas pendientes, esto no se ha hecho, razón por la cual es
aún más difícil saber quién está incumpliendo, o en este caso, vendiendo las
casas, al parecer irregularmente.
La gerente de
Villavivienda, Consuelo Bernal, dijo a Llano 7 días que el caso ya se encuentra
en investigación.
'Uniones
temporales le deben dar la cara a la gente': Villavivienda La denuncia por la
manipulación a las resoluciones de Villavivienda, en especial a la 031 donde
fue modificada la totalidad de los beneficiarios, tiene en vilo a las familias
involucradas como a la misma entidad oficial, la cual por ahora no tiene
respuestas a los afectados.
Al respecto, la
gerente de Villavivienda, Consuelo Bernal, señaló que en este caso es la Unión
Temporal Pro Orinoquia Llanos la que debe responder a las familias porque, según
parece, tuvo que ver en la manipulación del documento.
Estos
señalamientos fueron rechazados por el arquitecto Óscar García Parrado,
representante legal de Pro Orinoquia Llanos, pues aseguró que la doble
resolución se conoció en una reunión con los diferentes organismos de control,
quienes conocen claramente el caso.
Rechazó también
cualquier manipulación de las resoluciones e incluso pidió a los entes de
control investigar el caso.
No obstante
coincidieron en que solo responderán a los beneficiarios que cumplan con los
parámetros exigidos para que figuraran como propietarios.
'Se buscan
soluciones de fondo': Alcaldía Ante las diferencias entre la Alcaldía de
Villavicencio y las uniones temporales para tratar de sacar adelante el
proyecto de vivienda San Antonio, el alcalde Raúl Franco decidió tomar
decisiones de fondo.
Entre ellas
anunció que se buscará jurídicamente intervenir estas sociedades, puesto que
llevan cuatro años construyendo las casas, las cuales están adelantadas en poco
más del 30 por ciento.
Franco Roa
adujo que las uniones temporales no entregaron completa la información de los
dineros que captaron por las cuentas de ahorro programado de los beneficiarios
vulnerables y de los subsidios estatales.
Por esta razón
se buscará que sea la entidad oficial Villavivienda la que termine la
construcción y posterior entrega de las soluciones habitacionales.
Dentro de las
nuevas medidas que entrará a adoptar será entregar gratis a los beneficiarios
al menos 2.000 lotes totalmente con servicios públicos y obras de urbanismo.
Precisó que en
próximos días espera reunirse con los beneficiarios del proyecto que aún están
en veremos para explicarles qué pasó con las platas que entregaron a las
uniones temporales.
Negó también,
que las casas suban su precio inicial ya que, según sus cuentas, el costo
actual de la vivienda de interés social ($450.000 por metro cuadrado) puede ser
financiado por el dinero de los subsidios que se recogieron, sumado a que
Villavivienda no cobrará comisión alguna por las edificaciones, como sí ocurre
con los particulares.
Sin embargo,
constructores consultados aseguran que las casas sí subirán de precio pero que
no deben ser los usuarios quienes paguen. La gerente de Villavivienda Consuelo
Bernal dijo que en tres meses quedarían listas las obras de urbanismo.
Corte Constitucional le ordenó a una alcaldía
no desalojar a desplazados
La decisión se
dio en el caso de dos familias que huyeron del Caquetá por amenazas de las Farc
y ocuparon casas de interés social. El Tribunal amparó su derecho a la vivienda
por estar "vulnerables".
Las familias de
Nidia Chaguendo Palechor -una indígena en estado de embarazo- y de Víctor
Manuel Ome, de 83 años, que en el 2007 debieron salir huyendo del Caquetá por
amenazas de las Farc, podrán seguir viviendo en casas de interés social en
Fusagasugá. En una acción desesperada por su situación tras salir desplazados,
ocuparon dos inmuebles.
La Corte Constitucional
los amparó al fallar a su favor una tutela interpuesta por las familias, que le
solicitaron a la alcaldía de ese municipio de Cundinamarca que anulara la orden
de desalojo de los predios, en un proceso de recuperación.
En la
sentencia, se narra que los Canguendo y los Ome ocuparon dos casas en el barrio
Prados de Altagracia, luego de que la guerrilla asesinara a uno de sus
familiares.
Además, que
estas personas intentaron atenuar la irregularidad de la invasión avisando a
las autoridades municipales sobre la ocupación, en forma pacífica, pero no
recibieron respuesta.
En el
expediente no obra constancia de que la alcaldía o el Gobierno Nacional les
hayan dado respuesta o hayan tomado alguna previsión humanitaria sobre el caso.
El proceso se
inició en noviembre del 2008 cuando la alcaldía de Fusagasugá decretó el
desalojo de los inmuebles. En primera y segunda instancia, los jueces le dieron
la razón a la alcaldía argumentando que "le asistía el deber de recuperar
los bienes municipales".
Sin embargo, la
Corte señaló que "priman los derechos de los desplazados por tratarse de
una población vulnerable (..)". Por eso, le ordenó a la alcaldía suspender
el desalojo. También, le ordenó a Acción Social que divulgue en medios de
comunicación los recursos, los programas y las acciones que se invierten en la
población desplazada.
REDACCIÓN
JUSTICIA
REDACCIÓN
BOGOTÁ
Alertan a las comunidades de Cúcuta por
posibles estafas para adjudicar viviendas
El llamado
urgente a los estratos 1 y 2 de Cúcuta lo hizo el secretario de Vivienda y
Medio Ambiente, Álvaro Hernández Valderrama.
La alerta es
debido a que se está presentando una serie de estafas a las comunidades con
promesas de vivienda que no existen.
Hernández
Valderrama dijo que en su afán de tener su vivienda propia, las personas se
dejan engañar por seres inescrupulosos que están dedicados a estas prácticas de
hurto en diferentes sectores de la ciudad.
Agregó que el
año pasado se hizo la denuncia "pero parece que para estos actos no hay
pena carcelable, ni fuerte". Indicó que se dedican a robar a la gente que
ha trabajado toda su vida para ahorrar una cantidad de dinero pequeña, pero que
para ellos es muy significativa y que contempla los ahorros de toda una vida de
esfuerzo y dedicación.
Hace 15
días, habitantes del barrio Comuneros perdieron 64 millones de pesos en
total, sumando lo aportado por varias familias. Caso similar se presentó en la
zona de Niña CECI, en el que ofrecieron proyectos de vivienda, que en la
anterior tenía una reunión con los supuestos beneficiarios para pedirles
depósitos que deberían efectuar de manera rápida y en el momento del encuentro
la persona que presidía fue detenida.
El Jefe de
Despacho resaltó a la comunidad que "no entreguen dinero absolutamente a
nadie; ninguna reunión que sea por fuera de Metrovivienda, la Gobernación del
departamento o de la Secretaria de Vivienda y Medio Ambiente, puede ofrecerles
algo real ya que para los subsidios de vivienda, las personas no tienen
que dar dinero, sólo hasta que la vivienda este lista y los subsidios otorgados
a las personas beneficiarias. El cierre financiero siempre se hace por
intermedio de los entes territoriales".
Hernández dijo
que "nadie en los barrios de la ciudad está autorizado para pedirle dinero
a la gente ofreciendo vivienda o proyectos de interés social, ya que éstos sólo
se trabajan y se adjudican a través de las cajas de compensación, las alcaldías
y la Gobernación, de manera directa".
Recomendó, en
caso de verse afectados por un caso similar, dirigirse a las autoridades
competentes, tener muy claro el sujeto que les ofrece este tipo de supuestos
beneficios para vivienda, entre otros datos y papeles, con el objetivo de
facilitar las investigaciones del caso.
CÚCUTA
Diligenciaron Formularios 23.000 Familias En
Palmira Tras Techo
Más de 23.000
formularios fueron radicados hasta el 30 de abril en la oficina de la
secretaria de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de la Alcaldía de
Palmira.
Esa información
se ‘cruzará’ con las cajas de compensación familiar para depurarla y tener el
censo real del déficit de vivienda del municipio.
La alcaldía
proyecta visitas con un psicólogo y una trabajadora social para verificar la
información.
Con unos
300.000 habitantes, de ratificarse esa cifra, sería un indicador grave de la
falta de techo propio de las familias palmiranas. Como alivio, el alcalde Raúl
Alfredo Arboleda proyecta dos planes de 4.000 casas y 1.000 lotes con
servicios.
Archivo / EL
TIEMPO
Cuestionados avalúos contratados por la EDU
para el proyecto del Parque Bicentenario
La expropiación
administrativa y el uso de la fuerza son para la mayoría de los concejales la
prueba de las fallas del proceso.
Según el
gerente saliente de la EDU, John Maya, el proceso se ha hecho sujeto a la ley,
con la debida socialización entre la comunidad y haciendo entrega de
compensaciones en casos de actividad económica o vivienda alquilada. Agregó que
han sido entregados 50 inmuebles y otros 103 han sido notificados.
Para el
concejal Jesús Aníbal Echeverri, en los dos procedimientos realizados en abril
se ha atentado contra el derecho a una vivienda digna. Agregó que el Alcalde no
ha tenido voluntad de dialogar con el Concejo y la comunidad.
Rafael
Barrientos, asesor jurídico de Echeverri, mostró avalúos realizados por
expertos de varias lonjas de la ciudad que reportan un valor superior en 20 ó
30 millones de pesos al realizado por la empresa Corporación Avalúos. Agregó que
esta empresa tiene vicios de legalidad porque la esposa del presidente es
contratista del Municipio. Recomendó realizar una política pública municipal de
avalúos.
Por su parte el
secretario de gobierno Juan Felipe Palau advirtió que se ha hecho necesario el
uso legítimo de la fuerza, pero que no se han presentado lesiones, salvo unos
periodistas alcanzados por las piedras de los manifestantes, que según él han
sido personas ajenas al sector; y que se han respetando los derechos humanos.
En la sesión
fueron presentadas imágenes del enfrentamiento que hubo entre la fuerza pública
y algunos manifestantes el pasado 8 de abril, otro de menos confrontación
ocurrido el pasado viernes, encuentros que han dejado lesionados según los
delegados de la Personería.
El concejal
Carlos Ballesteros mencionó el caso de Ana Torres, una señora de 75 años con
problemas de salud que fue sacada de su casa y que ahora vive
"voluntariamente" de manera indigna en Santo Domingo y añadió:
"La expropiación administrativa según la Corte Constitucional sólo aplica
en caso de extrema urgencia. El municipio debió recurrir a los jueces, pero
todo parece indicar que hay premura para el discurso del 20 de julio".
Ballesteros
agregó que el proyecto se cae también porque si bien va tener espacios públicos
y zonas verdes importantes, no tendrá soluciones de vivienda de interés social
como se había planteado inicialmente.
De acuerdo con
el concejal Santiago Londoño, las propiedades demolidas el 8 de abril
pertenecían al municipio. Añadió que ha habido garantías para los ciudadanos y
que cinco tutelas que se han presentado han fallado a favor del Municipio.
Solicitó a todos los que se sienten agredidos acudir a la justicia.
Oscar Andrés
Sánchez A.MEDELLÍN
Alcalde de San Pelayo (Córdoba) citado por la
Fiscalía por crimen de concejal
El caso se
relaciona con David Padilla Lozano, considerado por las autoridades electorales
como el concejal más joven del país, pero quien fue asesinado.
El alcalde de
San Pelayo (Córdoba), Oswaldo Negrete, debió acudir en días pasados a un
interrogatorio de la Fiscalía, dentro de la investigación por el crimen de
David Padilla Lozano, considerado el concejal más joven de Colombia, y quien
fue acribillado el 18 de marzo de 2008 en Cereté, donde era cabildante.
Aunque no fue
en calidad de acusado, Negrete debió explicar al fiscal 42 seccional de Bogotá,
Carlos Omar Motta Camargo, su supuesto silencio tras conocer detalles de un
atentado en contra del padre del Concejal, Francisco Padilla Petro.
"Él sabía
de algunas eventualidades en donde el señor padre del Concejal tenía
algún riesgo", dijo a EL TIEMPO el Fiscal Motta.
De acuerdo con
las investigaciones, la confusión de los sicarios le costó la vida al joven
político, quien al momento del atentado conducía una camioneta con vidrios
polarizados de propiedad de su padre.
La Fiscalía
trata de establecer los vínculos del alcalde Negrete con Neíl Alberto Argel
García, alias 'Teja', condenado a 42 años de prisión, tras ser hallado culpable
de haber disparado en contra de Padilla.
Testigos que
también fueron llamados por la Fiscalía, dijeron que alias 'Teja' es hermano de
una antigua compañera sentimental de Negrete, a través de la cual se habría
enterado de un plan para asesinar al padre del joven concejal.
Días después
del crimen de Padilla, y tras la captura del presunto asesino, el Alcalde de
San Pelayo le comentó al padre de la víctima que tuvo conocimiento de un plan
criminal en su contra.
Francisco
Padilla Petro, acudió a la Fiscalía y entregó detalles de lo que se había
enterado.
Los primeros
resultados de la investigación apuntaron a que una banda de asaltantes, a la
cual pertenecería alias 'Teja', pretendía asesinar a Francisco Padilla, por su
cercanía con agentes de la Policía.
"Los
agentes de la Policía llegaban a mi finca en San Pelayo, porque tenían
conocimiento de que una banda de asaltantes estaba intimidando a los campesinos
de la zona, por eso creo que estos delincuentes querían asesinarme", dijo
Padilla.
EL TIEMPO
intentó conocer la versión del alcalde Negrete, pero no fue posible ubicarlo.
Condenas
ejemplarizantes Además de alias 'Teja', la justicia condenó a Carlos Causil
Bracamonte, alias 'Parabólico', a pagar 42 años de cárcel, como coautor del
crimen, tras encontrarlo responsable de haber planeado el homicidio dirigido
inicialmente al padre del joven concejal.
Y el pasado
miércoles 25 de febrero, un juez de Cereté dictó sentencia condenatoria en
contra del hombre que conducía la motocicleta utilizada para cometer el crimen.
Sin embargo, el
nombre del condenado fue dado a conocer públicamente porque el hombre se
encuentra huyendo de la justicia.
Padre cumplió
promesas de su hijo Durante su campaña y tras estrenarse como concejal de su
natal Cereté, David Padilla Lozano, prometió a sus electores más pobres
gestionar recursos ante el Gobierno Nacional para consecución de viviendas de
interés social.
Dos años
después de su muerte, el Viceministerio de Vivienda, dijo que fueron aprobados
500 subsidios para igual número de familias beneficiarias.
El proyecto de
vivienda será construido en un lote de terreno conseguido por el padre del
concejal Padilla, Francisco Padilla Petro, ubicado en el barrio Vilches de Cereté.
"Ya los
dueños tienen los títulos de propiedad de los lotes, con lo cual estamos
cumpliendo una promesa hecha por mi hijo", recalcó Padilla.
GUDILFREDO
AVENDAÑO MÉNDEZ Especial para EL TIEMPOCERETÉ (CÓRDOBA)
Procurador Insta A Los Alcaldes A Que Cumplan
Normas Urbanísticas
El procurador
general de la Nación, Alejandro Ordoñez, expidió la circular 012 en la cual
pone en cintura a los alcaldes y, en general, a los municipios que incumplen la
normatividad urbanística y de vivienda.
Por ejemplo,
les llama la atención en el tema de trámites y los obliga a no exigir más de
los que dicta la ley, específicamente los del Decreto Nacional 564 del 2006, ya
que se frena el desarrollo de vivienda, especialmente de interés social.
Y es que para
llegar a la fase de expedición de licencias se requieren de 435 días y luego,
en el resto del proceso, cerca de 45, según la normatividad vigente. Agrega que
los municipios y distritos tampoco podrán desconocer ni exigir requisitos
adicionales a los establecidos en los decretos 2181 del 2006 y 4300 del 2007 o
las normas que los modifiquen, deroguen o sustituyan para el estudio o
aprobación de los planes parciales.
Luis Felipe
Henao, viceministro de Vivienda, recuerda –por ejemplo– que se está
desconociendo el Decreto 4065 que autorizó el desarrollo de algunas obras vía
licencia, sin plan parcial
Proyectos de vivienda social en el Meta se
terminan pero no se entregan
Unas 10.992
familias del departamento siguen esperando que les entreguen su casa para poder
vivir, algunos, después de seis años de construidas.
Por lo menos 60
casas de la urbanización Remansos de Rosablanca, en el oriente de
Villavicencio, están terminadas desde hace seis años, pero siguen deshabitadas.
Paradójicamente, al menos 9.000 familias aspiran a recibir la escritura de su
casa o a salir favorecidas dentro de los próximos proyectos que impulsan la
Gobernación o la Alcaldía. En otros seis municipios del Meta otras 2.000
familias están en similar disyuntiva. A la fecha, en los proyectos, algunos de
los cuales están abandonados y consumidos por la maleza, se han invertido más
de 90.000 millones de pesos que han aportado la Nación, la Gobernación, las
Alcaldías y los mismos beneficiarios. En Villavicencio, por ejemplo, el
conjunto residencial Multifamiliares 'Los Centauros', conformado por catorce
bloques de apartamentos que costaron 20.000 millones de pesos, ha sido el único
de ocho conjuntos habitacionales de vivienda social que no tuvo irregularidades
en su construcción o en la escrituración de los inmuebles. Sin embargo, quedó
pendiente la construcción de obras complementarias que, según el gerente de
'Villavivienda', Hernán González Martínez, están en proceso de concertación. El
funcionario explicó que a pesar de los esfuerzos de las entidades oficiales
actuales por tratar de 'desenterrar' los diferentes planes de vivienda de
interés social (VIS), los líos jurídicos, sumado a las irregularidades
detectadas por diferentes entes de control en años anteriores, se han encargado
de agudizar más el problema. El gerente dijo sentirse satisfecho por los
avances que se han obtenido hasta ahora en otros casos, como en la Ciudadela
San Antonio, donde se ha logrado, incluso, el apoyo del gobierno departamental
para sacarlo adelante, gracias al aporte de 7.018 millones de pesos que
servirán para 'empujar' a los contratistas a terminar a más tardar en febrero
del próximo año 1.200 casas. Por su parte el gerente de Vivienda del Meta,
Édgar Jara, destacó que hoy en día la administración se ha enfatizado más en la
calidad que en la cantidad de las casas que va a entregar y que prueba de ello
es el proyecto Charrascal, el cual fue destacado por el Viceministerio de
Vivienda como modelo nacional. El programa consta de 739 casas y su costo
aproximado fue tasado en 20.000 millones de pesos.
Auditoría a
Villavivienda El balance general de la empresa industrial y comercial
Villavivienda será revisado y auditado 'con lupa' por la Contraloría municipal.
Según el jefe del ente fiscal, Héctor Alonso Cuéllar Pulido, la auditoría
permitirá conocer pormenores de lo ocurrido durante la ejecución de los
proyectos habitacionales ya construidos y de los que están actualmente en proceso.
El Contralor enfatizó que la propuesta de las administraciones, tanto
municipales como departamental, se debe encaminar hacia el desarrollo de viviendas
dignas, para no caer en el problema de años anteriores, que se adjudicaron
lotes para construir lo que calificó como 'tugurios’. El informe final, que
están elaborado dos funcionarios especializados de la Contraloría desde hace un
año, será revelado a finales de este mes. Se avecinan cinco planes Dentro de
las propuestas que trabaja la administración local en materia habitacional
están La Madrid, donde se promete construir 3.456 casas y 1.500 apartamentos
para beneficiar, principalmente, a personas con Sisben nivel 1 y 2 y a
población desplazada. El presupuesto inicial para este proyecto es de 1.172
millones de pesos, recursos que serán invertidos en obras de urbanismo para dar
inicio a la construcción. Igualmente, en el predio La Unión Argentina se pretende
construir 1.600 casas, cuyo valor oscilaría entre 25 y 30 millones de pesos.
Serán levantadas en lote de 6 por 12 metros. Asimismo, en el sector de 'San
Antonio' se planea la construcción de 1.280 apartamentos, aunque de estos aún
no se ha definido su costo final. Otros proyectos que están próximos a ser
entregados a los beneficiarios son Semillas de Paz, que consta de 370 casas (38
millones de pesos cada una) en septiembre de este año; mientras que otras 739
viviendas con un costo de 28 millones de pesos cada una y que corresponden al
proyecto Charrascal, a cargo de la Gobernación del Meta, serán entregadas en su
totalidad en diciembre próximo.
822 días (2 años y 3 meses) tarda una familia
para acceder a una vivienda de interés social nueva
Si es usada,
tarda algo menos: 606 días, o 1 año y ocho meses. Mientras que para la
financiación y compra de una vivienda corriente, ese proceso tarda unos cuatro
meses.
Lo peor del
asunto es que esas familias terminan sin casa y sin subsidio, después de agotar
todos los pasos: porque después de que consiguen que el Distrito les adjudique
los 12,5 millones de pesos de subsidio, y se rebuscan los 9 millones faltantes
para comprar la casa VIS (que vale 21 millones de pesos), luego no les venden
la edificación requerida.
Este
diagnóstico de la vivienda VIS fue hecho por la Secretaría Distrital del
Hábitat (SDH), que durante un año estudió cuáles eran los 'cuellos de botella'
en dicho proceso.
La secretaria
del Hábitat, Catalina Velasco, dijo que los dos grandes 'nudos' para acceder a
esa vivienda son: lograr que una entidad financiera preste la plata que a la
familia le falta para completar el valor de la construcción y, luego, encontrar
la casa VIS. Es en esta parte del proceso donde la gente pierde más tiempo:
dura cerca de 720 días , en otras palabras, casi dos años. "Hay
dificultades porque los constructores se niegan a vender las casas a quienes
tienen el subsidio de vivienda distrital (SVD) se las entregan, más bien, a los
que tienen el subsidio entregado por las cajas", afirmó Velasco.
Estas barreras
y la excesiva tramitología explican, en buena parte, por qué están perdiéndose
la mitad de los subsidios de vivienda en el país y en Bogotá.
Hábitat
estableció que entre el 2003 el 2008 de los 13.655 subsidios que la Nación
otorgó, únicamente 7.093 (51,9) por ciento) fueron desembolsados; y en el
Distrito de los 9.990 que asignó en igual periodo, 5.221 (52,2 por ciento) no
se utilizaron.
De esa
tramitología, desde luego, tampoco se escapan las constructoras. Hábitat
identificó que un urbanizador tarda más de año y medio (584 días) en gestionar
57 trámites para sacar adelante un proyecto urbanístico de vivienda VIS. 27 de
esos trámites tienen que ver con los servicios públicos y tan solo uno de
ellos, como es el certificado de tradición y libertad, lo piden 17 veces igual
número de entidades y con fotocopias.
Las entidades
que más demoran los trámites son casi las mismas: la subsidios, era
Metrovivienda, y para licencias y construcciones Planeación Distrital,
Catastro, curadurías, Secretaría de Ambiente y empresas de servicios.
Agilizarán
113.958 viviendas VIS por mesa de soluciones La dramática a radiografía de la
tramitología en la vivienda subsidiada y el afán del Gobierno Distrital por
cumplir la promesa de construir 100.920 viviendas de interés social (VIS) en el
cuatrienio, llevó a la Secretaría Distrital del Hábitat (SDH) a constituir la
Mesa de soluciones para agilizar estos proyectos urbanísticos.
Para ello,
integró las 23 entidades que más intervienen en esos trámites : Planeación
Distrital, Catastro, Acueducto, Secretaría de Ambiente, Metrovivienda,
Secretaría Distrital de Movilidad, Oficinas de Registro, Gas Natural, Codensa,
entre otras. Son además, las instituciones que están desarticuladas para los
trámites, de acuerdo con el estudio de la Secretaría de Hábitat.
De esta forma,
la SDH aspira a sacar más rápidos los planes urbanísticos, para que no pase
igual a lo que le sucedía con el plan parcial de El Consuelo, que lleva 12 años
en trámite.
En esa mesa,
que comenzó a funcionar en julio del 2008, ya se trabajan 39 proyectos de
vivienda subsidiada públicos y privados, que generarán 113.958 soluciones VIS y
vivienda de interés prioritario (VIP). Se prevé que 69.280 quedarán terminadas
en la alcaldía de Samuel Moreno.
Por otro lado,
Hábitat avanza en la meta de reducir en un 42 por ciento el tiempo de los
trámites para las constructoras, para dejarlos en 11 meses. Hoy están en 19.
Para agilizar
los trámites, Hábitat tiene varias acciones: suscribió un convenio con la
Corporación Financiera del Internacional del Banco Mundial y dispuso de 2.500
millones de pesos para dicha tarea.
Creará la ventanilla
única del constructor y un supercade virtual para urbanismo y construcción.
"La idea
no es solo simplificar la tramitología, sino también que la gente tenga otros
medios para agilizar los procesos", afirmó la secretaria Distrital de
Hábitat, Catalina Velasco.
LUCEVÍN GÓMEZ
E.REDACTORA BOGOTÁ
Segunda protesta en menos de un mes por demora
en construcción de proyecto de vivienda
Más de 100 habitantes
de Barranquilla que se beneficiarán de las vivienda de interés social
bloquearon la avenida Circunvalar. Ola de protestas contra el alcalde Char en
la sede de la Alcaldía.
Buscando llamar
la atención del alcalde Alejandro Char, los manifestantes obstaculizaron la vía
con una crucifixión simbólica colectiva. Con bocinas y carteles denunciaban la
parálisis de la obra, lo que había originado el retraso del cronograma de los
apartamentos y la entrega de los mismos.
"La
comunidad exige la presencia del alcalde con el documento interadministrativo
de concesión firmado al igual que con las actas de compromiso para que se le dé
vía libre a la reanudación de la construcción. Esta protesta pacífica, pero
decidida, va hasta el final. De aquí no se mueve la gente hasta tanto no se
presente el alcalde. Iremos hasta las últimas consecuencias", dijo Dalia
Palacio, coordinadora de Veeduría por pacto de transparencia.
Giovanni
Martínez, uno de los manifestantes, propietario de uno de los 400 apartamentos
en cuestión, lucía una gran pancarta en su pecho que sintetiza el sentir de las
400 familias: "No más paños de agua tibia. Queremos nuestros 400
apartamentos. Nos tienen en el olvido. Exigimos la presencia del alcalde
Alejandro Char".
La primera
manifestación de protesta, que generó un caos vehicular en el sector, tuvo
lugar el 8 de enero. Todo se normalizó cuatro horas después cuando se presentó
la secretaria de Planeación, María Elia Abuchaibe, y la directora de
Liquidaciones, Diana Macías.
"Ese día
paralizamos la vía durante algunas horas y luego nos fuimos porque nos dijeron
que nos solucionarían el problema, pero el tiempo ha pasado y nada de nada. Por
eso, ahora la cosa es en serio. Si nos toca amanecer aquí, amaneceremos. Esto
va hasta el final", dijo una mujer que se abstuvo a dar su nombre
aduciendo que la suya era la voz generalizada de las 400 familias afectadas.
Según los
líderes de la protesta, Ingepautt, la firma constructora del proyecto de
vivienda de interés social, suspendió los trabajos por incumplimiento del
Distrito en el giro de $1.270 millones, cifra que corresponde a una parte de
los aportes totales que debe hacer el ente territorial para la construcción de
los 740 apartamentos que contempla la primera etapa del proyecto de vivienda.
Ola de protestas
contra el alcalde Char La semana arrancó con una inusitada ola de protestas
contra la gestión del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char.
Escogido el año
pasado como el mejor alcalde del país por la revista Cambio, y con un amplio
respaldo en las encuestas (88 %), el Mandatario barranquillero enfrenta también
duros contradictores que ayer se congregaron frente a las instalaciones de la
Alcaldía en el Paseo Bolívar a lanzar consignas en contra de su gestión.
Llegaron,
incluso, a pedir la revocatoria del mandato.
La
manifestación obligó al cierre de vehículos por esta importante vía del centro
de la ciudad, y al despliegue del Esmad, el respetado escuadrón antidisturbios
de la Policía.
La protesta
contó con la 'crucifixión' de Otálvaro Pérez Morales, uno de los 280 celadores
de escuela recientemente declarados insubsistentes, y quienes piden reintegro.
Un grupo de
estos ex empleados se 'tomó' el tercer piso de la Alcaldía, donde funciona la
oficina de Gestión Social.
Personal del
recién disuelto Metrotránsito también hizo parte del casi centenar de
manifestantes. A pesar de la beligerancia de algunos no se presentaron brotes
de violencia.
Costosos Proyectos De Vivienda En La Sabana
Levantan Polémica
Un informe de
Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, que muestra un aumento en la
construcción de vivienda en Cundinamarca (2,5 por ciento con respecto al año
pasado) en lo que va del año, y la baja de un 40 por ciento en la construcción
de vivienda en Bogotá, evidencia el fenómeno que, desde hace cuatro años,
advierten políticos, académicos y ambientalistas: la falta de suelos para
vivienda en la capital.
En Bogotá,
donde según el Dane se necesitan 280.000 soluciones de vivienda, ya no hay
tierras para construcción ni planes parciales que permitan cubrir esa demanda,
como sí las hay en Cundinamarca, donde también se requiere un buen número de
vivienda de interés social: 80.000, según el Dane.
Es decir,
sumadas las necesidades de vivienda de Bogotá y Cundinamarca, se requerirían
360.000, hecho que contrasta con lo que hoy se está construyendo en el
departamento, donde sí hay tierras: sólo 2.811 viviendas de interés social en
los últimos 12 meses. Menos del uno por ciento requerido.
Y “el lío no es
por subsidios”, dijo el viceministro de Vivienda Luis Felipe Henao, quién
explicó que “hay 80.000 sin utilizar en Bogotá porque no hay dónde ejecutarlos.
El problema parece ser de voluntad de mandatarios locales y constructores (ver
Por qué nadie quiere construir vivienda de interés social).
Pero lo más
paradójico es que mientras ese hueco crece, con implicaciones para el urbanismo
del departamento y la ciudad, las viviendas de estratos medios y altos siguen
inundando la Sabana de Bogotá. Su construcción ha aumentado en un 58 por ciento
en este año, según Camacol.
Se trata de
proyectos inmobiliarios estrato seis, en los que cada unidad puede valer 2.000
millones de pesos, y que están transformando a Cundinamarca.
¿Descontrol?
Claudio Galán, secretario de Planeación del departamento, dice que los
municipios están creciendo “desordenados, sin ninguna planeación”. Piensa que
es necesario organizar los planes de Ordenamiento Territorial (POT) y poner
orden a los proyectos privados, que terminan generando el fenómeno denominado
conurbación.
Ese fenómeno
implica que núcleos urbanos inicialmente independientes y contiguos, cuando
crecen, acaban formando una unidad funcional. O disfuncional, como en el caso
de Cundinamarca, por no ser planificada.
Esto ocurre en
Zipaquirá, Sopó y La Calera, Cajicá y Chía, donde los mega proyectos han
inundado sus límites, empezando a generar una nueva gran zona urbana.
Esos proyectos
también generan asentamientos suburbanos, conformados por obreros y sus
familias, que también aumentan la población (ya hay asentamientos de este tipo
hasta en Villeta).
En síntesis, se
está cumpliendo el vaticinio hecho hace 10 años por la CAR y las universidades
Nacional y de Los Andes, que en varios estudios advertían sobre la necesidad de
preparar a los 28 municipios circundantes de la capital para la explosión
urbana de Bogotá.
En ellos
también cuestionaban “la forma irresponsable como se entregan reservas
naturales y humedales para construcción de vivienda de estratos altos”.
“Muchos
alcaldes se hicieron ricos en los últimos años con este negocio”, dice una
fuente académica particular.
‘Están feriando
a Cundinamarca’ Joaquín Camelo, representante a la Cámara por Cundinamarca,
afirma que “la gente que está construyendo estrato seis en La Sabana tiene
poder político y económico; se aprovecha de información privilegiada y de la
falta de planificación de los municipios”.
Algunos como
Camelo creen que empresarios y multinacionales están “feriando’’ Cundinamarca.
Pero no todos
piensan igual. Hernando Castiblanco, gerente de proyectos de la constructora
Arias Serna Saravia, que hace un proyecto en Villeta, de 1.700 millones de
pesos por unidad, cree que el fenómeno es positivo.
Afirma que “se
da porque aumentó la seguridad en las carreteras y la confianza inversionista”
y agrega que “ genera empleo y trae progreso a los municipios”.
El hecho es que
en Cundinamarca siguen apareciendo mega proyectos mientras la vivienda de
interés social, como lo muestran las cifras, sigue en picada, con el riesgo de
que, según expertos, podría ser el gran problema de la región en los próximos
diez años, junto con el abastecimiento de agua.
Arrancan obras en el proyecto de vivienda La
Madrid, después de seis años de espera
Villavicencio,
a través de Villavivienda, cuenta con $1.150 millones para iniciar la
construcción, según su gerente, Hernán González. Su costo total es de $70 mil
millones.
Los cerca de
cinco mil beneficiarios de este proyecto de vivienda de interés social, esperan
desde el 2003 que el municipio cumpla los compromisos adquiridos con ellos
desde la administración del ex alcalde Omar López Robayo.
Con documento
en mano, integrantes de la Asociación Programa de Vivienda La Madrid, muestran
que los predios donde aspiran construir las casas para sus hijos, les fueron
adjudicados a 4.950 beneficiarios desde ese entonces. Ahora, con el
anuncio de Villavivienda, ven más cerca el día en que puedan hacer este sueño
realidad.
No
obstante, el gerente de Villavivienda explicó que los recursos disponibles
para esta primera fase apenas alcanzarán para "las primeras manzanas"
de una de las cuatro unidades de planeamiento que constan en el proyecto.
El costo total
de las obras de urbanismo es de $70 mil millones, dijo Hernán González.
Sin embargo, los beneficiarios son optimistas, y antes de que llegaran las
máquinas del municipio a iniciar el descapote del terreno, "200 personas
estuvimos descapotando durante tres domingos con palas y azadones", dijo
Óscar Soto, presidente de la Asociación, y aseguró que se trata de un proyecto
de autoconstrucción.
¿Qué
son las obras de urbanismo? Uno de los requisitos previos para iniciar
cualquier construcción de un proyecto de vivienda, es tener las obras de
urbanismo.
Esto es, redes
de acueducto, alcantarillado de aguas negras y de aguas lluvias, sardineles,
andenes, pavimento de vías y redes de energía, como servicios básicos para los
beneficiarios.
Las redes
telefónicas ni las de gas están incluidas.
Con esas
obras adelantadas, es posible conseguir subsidios del orden nacional, explicó
el gerente de Villavivienda.
Estafadores también se presentaron en Moniquirá
y Ramiriquí
Más de 350
familias entregaron sus ahorros para comprar viviendas de interés social que
nunca fueron construidas.
"Entregué
dos millones de pesos al proyecto de vivienda de Interés Social de Moniquirá
(Asovis) y el representante nunca volvió", dijo Jesús Garzón Abril, uno de
los perjudicados.
En esta
localidad, Juan José Parra se comprometió con los habitantes a entregar las
viviendas hace un año y no ha respondido, dijo Garzón.
"En
octubre del 2008 el señor Parra no volvió a aparecer", añadió el
demandante, quien argumentó que el constructor recibió 300 millones de pesos de
un proyecto que no tenía permiso de la Alcaldía.
En Ramiriquí
203 familias son las perjudicadas con el proyecto Villa Galán, que tampoco se
llevó a cabo.
"Entre
todos los interesados reunimos 300 millones de pesos y el proyecto nunca se
construyó", sostuvo Francy Borda, una de las damnificadas.
A su turno, el
alcalde de Ramiriquí, Juan de Jesús Millán, sostuvo que los damnificados
demandaron para que el constructor devuelva el dinero.
"El lote
tiene serios problemas de hundimiento, por lo que no es posible construir
allí", sostuvo el Alcalde.
Fecha de publicación: 12 de mayo de 2010. 10:45 a.m.
Procuraduría
exhorta la inclusión de la variable ambiental en los planes de ordenamiento
territorial
Bogotá, 10 de junio de 2010. La
Procuraduría General de la Nación exhortó a las autoridades responsables de
formular y de participar en el proceso de expedición de los Planes de
Ordenamiento Territorial, a incluir la variable ambiental en dichos esquemas de
ordenamiento del territorio.
El pronunciamiento se hizo a través de la Circular 023
del 13 de abril de 2010, expedida por el Ministerio Público en cumplimiento de
su misión constitucional de velar por el cumplimiento de la ley y el ejercicio
diligente y eficiente de las funciones administrativas.
Para la eficaz incorporación de la variable ambiental
en los Planes de Ordenamiento Territorial, la Procuraduría General de la
Nación, en cumplimiento de su función preventiva recomienda, entre otros
aspectos, tener en cuenta los siguientes 14 elementos:
- Conocimiento del territorio
- Mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes;
- Conservación y protección del medio ambiente y de
los recursos naturales
- Prevención de amenazas y de riesgos naturales
- Señalamiento y localización de infraestructuras
básicas
- Establecimiento de áreas protegidas
- Zonificación del suelo del municipio
- Manejo de las cuencas hidrográficas
- Defensa y preservación del patrimonio ecológico del
municipio
- Promoción de un nuevo modelo de espacios verdes para
el municipio; Garantía del derecho constitucional a la vivienda y a los
servicios públicos domiciliarios
- Promoción del modelo de planificación y de
coordinación interestatal
- Formulación de estrategias para evitar la
degradación de los suelos
- Adopción de un nuevo modelo de desarrollo para el
municipio.
El Ministerio Público recordó a los alcaldes
municipales y distritales, concejos municipales y distritales, corporaciones
autónomas regionales y autoridades ambientales urbanas, para que tengan en
cuenta que el municipio es la entidad fundamental de la división político –
administrativa del Estado, y como tal le corresponde prestar los servicios
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, y ordenar el desarrollo de su territorio.
La Procuraduría recordó que el Plan de Ordenamiento
Territorial que deben adoptar los municipios y distritos, constituye el
instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio
municipal.
Finalmente, advirtió a las autoridades con
competencias en esta materia, que de acuerdo con lo dispuesto en la ley, dentro
del trámite de formulación, el respectivo proyecto de plan de ordenamiento debe
someterse a consideración de la Corporación Autónoma Regional o autoridad
ambiental para su correspondiente aprobación, en lo que tiene que ver con
asuntos exclusivamente ambientales. Este mismo trámite deberá surtirse para la
formulación de un nuevo Plan, su revisión o ajuste.
Fecha de publicación: 10 de junio de 2010. 9:00 a.m.
Consejo
de Estado acogió solicitud de la PGN para confirmar decisión en el caso de
Urbanización Trigal del Sur de Bogotá
Bogotá, 22 de diciembre de 2009 .
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca frente a la Acción Popular instaurada por propietarios afectados
de la urbanización El Trigal del Sur en Bogotá.
Con esta decisión se ampararon los derechos e
intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la salubridad pública, a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la realización
de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones legales, dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de
los habitantes.
El proyecto de 230 soluciones de interés social está
ubicado entre las carreras 17 J a 18 y calles 73 a 74 sur en la localidad 19 de
Ciudad Bolívar de Bogotá y al poco tiempo de ser ocupado, los inmuebles
sufrieron agrietamientos considerables en su estructura, por lo que se ordenó
la evacuación de las viviendas.
En concepto del Ministerio Público está plenamente
demostrada la responsabilidad de la Constructora Ecuatorial Ltda, porque la
urbanización se construyó sin licencia de urbanismo y sin atender las
recomendaciones para controlar el movimiento de tierras en un terreno
inestable.
Al resolver los recursos interpuestos por el Banco
Granahorrar, la Constructora y el Distrito de Bogotá, el Máximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, revocó lo relacionado con la extinción de las
obligaciones hipotecarias con el Banco Granahorrar, rebajó de 50 a 10 salarios
mínimos legales vigentes el incentivo reconocido a los actores de la acción
popular y confirmó los demás aspectos de la sentencia apelada.
Procuraduría
destituyó a ex alcalde de Gachalá, Cundinamarca
Bogotá, 27 de noviembre de 2009.
Por irregularidades en la contratación, la Procuraduría General de la Nación
confirmó la destitución e inhabilidad general por diez años, al señor Gilberto
Gómez Duque en su condición de Alcalde Municipal de Gachalá, Cundinamarca, en
el periodo 2004-2007.
Los hechos se relacionan con la adquisición de una
retro excavadora, mediante convenio suscrito entre el Municipio de Gachalá y la
Cooperativa de Municipalidades de la Sabana, COOPSABAN, con un evidente
sobreprecio que lesionó el patrimonio público.
En el curso de la investigación se pudo demostrar que
la Cooperativa adquirió la maquinaria por la suma de 214 millones 240 mil 400
pesos, incluido el IVA, y la vendió al municipio de Gachalá por la suma de 290
millones de pesos.
Para el Ministerio Público, el ex alcalde eludió el
proceso establecido en el Estatuto de Contratación, acudiendo al uso de la
figura de convenio con una Cooperativa, para el suministro de una maquinaria,
con lo cual faltó al deber de selección objetiva y en consecuencia al principio
de transparencia.
En el fallo de segunda instancia, el Procurador
Regional de Boyacá consideró que con esta omisión se demostró negligencia grave
en el cumplimiento de sus funciones como Alcalde Municipal y en el deber que le
era exigible, dada la jerarquía del cargo que ocupaba y su especial función en
cuanto a los procesos de selección de contratistas.
Procuraduría
destituye e inhabilita por 20 años a ex alcalde de Marsella (Risaralda)
Bogotá, 21 de octubre de 2009. La
máxima sanción disciplinaria fue impuesta en primera instancia a Carlos Alberto
Hernández Nieto, ex alcalde de Marsella (Risaralda), por presunto
fraccionamiento de contratos en una obra de pavimentación de ese municipio.
De acuerdo con la investigación llevada a cabo por la
Procuraduría Provincial de Pereira, el burgomaestre suscribió varios convenios
y contratos para la pavimentación de la calle 9° entre carreras 13 y 14, sin
tener en cuenta los principios de selección objetiva y de transparencia.
En efecto, durante el mes de mayo de 2005, Hernández
Nieto celebró tres convenios interinstitucionales con la Cooperativa de
Caficultores de esa localidad, por 27 millones de pesos en total, para que esta
ONG contratara personal y efectuara sus pagos, en las obras de pavimentación de
la citada vía pública. También suscribió dos órdenes de suministro de material
sub-base con el señor Ancizar Velásquez Pérez, por un total de 14' 026.500
pesos. Y, finalmente, celebró dos órdenes de prestación de servicios con el
ingeniero Bernardo Pérez Castro para la consultoría y asesoría técnica y
administrativa de dicha pavimentación, por un total de 7'700.000 pesos.
La Procuraduría Provincial de Pereira estableció que
la Cooperativa de Caficultores de Marsella no tenía la capacidad jurídica y
técnica para la suscripción de los convenios, dado que es una persona jurídica
de derecho privado, con la cual no se podría celebrar contratos
interadministrativos, como lo exige la ley, y su objeto social no tiene ninguna
relación con el servicio contratado ni con el objeto material del contrato el
cual era la ejecución de obra de pavimentación.
Además, concluyó que dado que el objetivo de las obras
independientes era uno solo: pavimentar la calle 9 entre carreras 13 y 14, este
trabajo debió realizarse bajo la modalidad de contratación directa de menor
cuantía, regulado en el artículo 11 del Decreto 2170 de 2002 y no a través de
convenios y contratos que desembocaron en una contratación subjetiva.
Por esta razón, calificó la falta como gravísima y
destituyó e inhabilitó a Hernández Nieto por 20 años.
Contra este fallo procede el recurso de apelación.
PGN
se pronuncia frente a inversiones de recursos públicos en predios ilegales
Bogotá, domingo 2 de noviembre de 2008. La
Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional se
condicione la constitucionalidad de la norma que establece la prohibición de
invertir recursos públicos en invasiones, loteos y edificaciones ilegales.
La manifestación del Ministerio Público se da bajo el
entendido que eventualmente se pueden invertir recursos públicos sólo en
aquellas situaciones en las que se demuestre la existencia de una amenaza o
vulneración de los derechos fundamentales de las personas que acuden a los
asentamientos ilegales por circunstancias de extrema pobreza, marginalidad,
violencia o desplazamiento.
El acto debe ser motivado y no excluye de
responsabilidad penal o administrativa a quienes promuevan esas actividades
ilícitas, aprovechándose de tales personas, a quienes, además, el Estado no les
presenta alternativas de solución digna.
Para la Procuraduría si bien es cierto la prohibición
tiene como objetivo evitar la proliferación de los asentamientos ilegales -
especialmente las prácticas delictivas de personas inescrupulosas que se
aprovechaban de las condiciones de necesidad extrema de quienes buscan un
techo, para ubicarlos en lotes, edificaciones y viviendas inhabitables - en
cumplimiento de la necesidad de planeación del Estado, ésta no se puede
entender en forma absoluta pues no se ajusta a la realidad social y económica
del país.
En palabras del Ministerio Público “la sola
circunstancia de encontrarse viviendo en los asentamientos ilegales, cualquiera
fuera su origen, es ya un desconocimiento a derechos como la vida, la
integridad personal, la igualdad, el derecho a una vivienda digna y el abandono
de los fines estatales que buscan la satisfacción de las necesidades
colectivas, así como la desatención de la obligación constitucional de
suministrar los servicios públicos esenciales, y es por tanto, que no es admisible
que la adopción de una disposición legal que en vez de buscar el
restablecimiento y la garantía de esos derechos, se convierte en un instrumento
que agrava ese escenario que refleja la pobreza a la que se encuentra sometida
un gran porcentaje de la población colombiana, y a la vez tal norma, sirva de
excusa para que el Estado se abstenga de hacer las inversiones
correspondientes.”
Urbanizadores piratas construyen casas sin
licencias en lote de Metrovivienda en Bosa
Se trata de un
predio expropiado a favor de la entidad, y por el cual ya pagó 273 millones de
pesos.
Aunque uno de
los objetivos de Metrovivienda es impulsar la construcción de vivienda de
interés social y desestimular las construcciones ilegales que han crecido como
un cáncer en la ciudad, la entidad distrital -creada mediante el Acuerdo 15 de
1998- acaba de ser víctima de los llamados urbanizadores piratas.
Es decir, que
sus enemigos naturales, literalmente, se le metieron al 'rancho'.
Según la
Personería de Bogotá, cerca de 350 casas están siendo construidas de manera
ilegal en un lote que pertenece a Metrovivienda, en la calle 48 Sur No 110-28,
localidad de Bosa, y donde se quiere ampliarla ciudadela El Porvenir.
Se trata de un
predio de 18 mil metros cuadrados, cuyo proceso de expropiación se inició por
orden de la gerencia de Metrovivienda, a través de la Resolución 051 del 28 de
junio de 2002.
Casi un año
después, el 15 de mayo de 2003, el juzgado Décimo Civil del Circuito falló a
favor de la entidad distrital y ordenó la expropiación del terreno por motivo
de utilidad pública.
Una vez que el
juzgado profirió la sentencia, el lote fue avaluado en cerca de mil millones de
pesos.
El 6 de octubre
de 2003, Metrovivienda, como pago anticipado por la adquisición del inmueble,
consignó 273 millones de pesos a favor de Nohora Tapias, quien era la
propietaria del lote.
Los 773
millones restantes se consignarían una vez se hiciera la entrega física del
lote por parte del juzgado Décimo Civil del Circuito.
Sin embargo, Francesco
Ambrosi, gerente de Metrovivienda, reconoce que esa entrega todavía no se ha
hecho.
"Hay una
sentencia claramente expedida a favor de Metrovivienda, es decir que el predio
pertenece a esta entidad. El juez que tiene la sentencia debe entregar el
predio desalojado y libre. Es lo que estamos esperando", asegura Ambrosi.
El funcionario
explica que mientras esa entrega física no se concrete, no es recomendable hacer
inversiones públicas, como la construcción de cerramientos o pagar celadurías
para evitar incómodas invasiones.
Un hecho que,
sin duda, está siendo aprovechado por los piratas de la tierra, que están
vendiendo predios por los que pueden llegar a cobrar más de 5 millones de
pesos.
Emigdio
Sánchez, señalado por vecinos del sector de ser uno de los vendedores de lotes,
se defiende y asegura que es falso que la tierra pertenezca a Metrovivienda.
"El
terreno es de una señora que tenía la posesión hace 35 años y esa posesión se
le compró a ella; por eso se venden lotes con promesa de venta. Aquí estamos
beneficiado a los más pobres, a los campesinos que huyen de la violencia",
sostiene Sánchez.
Por su parte,
José Alirio, un electricista que llegó de Utica (Cundinamarca) con su familia,
afirma que "fue la única parte donde consiguió un lote baratico".
Sin embargo,
Ambrosi enfatiza que son personas asaltadas en su buena fe, porque claramente
están construyendo de forma ilegal y tendrán que ser desalojadas.
Además,
Metrovivienda ya puso en alerta a empresas de servicio públicos como el
Acueducto, Codensa y Gas Natural, debido a que los habitantes de ese sector
están construyendo redes ilegales.
Héctor Enrique
Ferrer, director de Investigaciones Especiales de la Personería, confirma que
el caso ya está en investigación y que en los próximos días se determinarán las
responsabilidades disciplinarias a que haya lugar.
Obras carecen
de licencias de construcción Metrovivienda ya denunció la invasión de sus
terrenos ante la oficina de Control de Vivienda de la Alcaldía Mayor, ante la
Fiscalía -por amenazas contra funcionarios- y ante la Inspección de Policía de
Bosa.
El 27 febrero
de este año, y después de una visita realizada por la Alcaldía de Bosa , se
ordenó el sellamiento y suspensión de las obras de construcción realizadas en
el predio de la calle 48 sur No 110-28, al no encontrarse los permisos de las
curadurías.
En cumplimiento
de ese acto administrativo, el 1 y 3 de marzo del año en curso, el Comandante
de la Estación de Bosa, Diego Moreno, realizó la diligencia de sellamiento. Sin
embargo, Metrovivienda asegura que los constructores ilegales retiraron de
manera fraudulenta los sellos impuestos por la autoridad y siguen con su
ilícita actividad.
De Bogotá
dependen metas en VIS Si Bogotá no agiliza la generación de suelo para
construir vivienda de interés social, podría afectar metas económicas y
sociales del país, advirtió el viceministro de Vivienda, Luis Felipe
Henao."Tenemos especial preocupación con el comportamiento negativo de la
oferta de vivienda en Bogotá, ya que el Distrito concentra alrededor del 50 por
ciento de la actividad edificadora del país y el 21 por ciento del déficit de
la población sin vivienda", dijo. Aseguro que la falta de suelo
urbanizable para llevar a cabo proyectos de construcción, la falta de claridad
en la programación de inversión pública para habilitar suelo y el exceso de
trámites que dilatan la generación de suelo, está afectando las metas de
vivienda. La secretaria de Hábitat, Catalina Velasco, respondió que "los
planes parciales son la gran prioridad de Bogotá" y que la ciudad "ha
sido considerada por el Banco Mundial como la mejor experiencia en reducción de
trámites de construcción entre 52 ciudades latinoamericanas", superando,
por supuesto, a todas las colombianas.
Zar
anticorrupción.
Proyecto de Vivienda de
Interés Social “El Porvenir”, Sincelejo
El Programa denunció que en dicho proyecto a pesar de que se
había desembolsado el 50% de los subsidios (por un valor de $315.756.000) el
porcentaje de ejecución de la obra era apenas del 6%. Como consecuencia,
FONVIVIENDA declaró el incumplimiento y
se logró que las compañías de seguro respondieran frente a las familias
compradoras. Paralelamente, se remitió la información al DAS el cual recogió
las respectivas pruebas para judicializar penalmente a las personas
responsables.
Proyecto Vivienda de
Interés Social Ciudadela Universitaria, Sincelejo
Se denunció que en este proyecto, que contempla subsidios
por un valor de $624.474.477, las viviendas no cumplían con las normas técnicas
de construcción ni con los estándares exigidos de calidad. En este caso también
se logró que FONVIVIENDA declarara el incumplimiento, facilitando así la
solución para la comunidad. También se hizo el respectivo trámite para que el
DAS realizara las labores investigativas y actualmente se adelanta una
investigación por parte de la Fiscalía
Proyecto de Vivienda de
Interés Social Brisas del Sinú, Córdoba
Se realizó una Auditoría Visible al proyecto VIS Brisas del
Sinú en la ciudad de Montería, diseñado para la construcción de vivienda para
el cual se entregaron $328.471.500 a 41 familias beneficiadas y se encontró que
al parecer, las licencias de
construcción presentadas por el constructor eran falsas, se detectaron
inconsistencias en los informes de interventorías y se puso de presente que se
invirtió una suma menor al valor del subsidio.
El Programa Presidencial envió el análisis al DAS y una vez
realizadas las verificaciones, se concretó la judicialización del caso ante la
Fiscalía, la cual adelanta el proceso penal correspondiente.
Proyecto de VIS Cayenas,
Barranquilla
En enero del 2006, el Banco Inmobiliario Metropolitano de
Barranquilla BIM, suscribió un convenio de asociación con la firma
COOPMUNICIPAL, para construir 37 torres por un valor de: $ 13.927.026.726, con
los cuales se debería beneficiar a 740 familias.
A principios de 2007 el Programa Presidencial encontró el
proyecto completamente abandonado y dispuso implementar las Auditorias Visibles
para hacerle seguimiento y así lograr la culminación exitosa del proyecto. Hoy,
éste es una realidad y se están entregando gradualmente los apartamentos a sus
propietarios.
Zar Anticorrupción alerta sobre posible favorecimiento en
licitación por más de $115 mil millones en Valledupar
“Pareciera que la moda en materia de contratación la
impusieran medidas de sastre confeccionadas con visitas obligatorias de
imposible cumplimiento y requisitos excesivos”, dice Ortiz González.
Zar Anticorrupción reitera la necesidad de investigar a
servidores públicos que expidan pliegos definitivos contractuales con esas
condiciones restrictivas.
Lunes, 24 de mayo de 2010
El
Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción activó hoy las alarmas en
un proceso licitatorio que adelanta el Fondo de Vivienda de Interés Social y
Reforma Urbana de Valledupar-FONVISOCIAL- para elaborar los diseños y la
construcción del plan de obras de infraestructura vial y de espacio público,
por un valor cercano a los $115.300 millones.
El Zar
Anticorrupción, Óscar Ortiz González, dijo que luego del análisis realizado se
detectaron violaciones a la normatividad contractual y condiciones que afectan
los principios de transparencia, economía y selección objetiva.
Es por
ello por lo que le solicitó a la Procuraduría el acompañamiento preventivo y a
la entidad, estudiar la posibilidad de revocar el proceso “en caso de detectar
que se está en presencia de vicios no subsanables, como así lo cree este
Programa Presidencial, con la finalidad de iniciar uno en el que los principios
de contratación tengan vigencia real”.
Ortiz
González advirtió dos irregularidades. La primera tiene que ver el tiempo insuficiente
que se otorgó para conocer la visita obligatoria, ya que el pliego de
condiciones definitivo se publicó al medio día del 13 de mayo, y esa actividad
se proyectó para el día siguiente, a las 8:00 de la mañana. La irregularidad se
acrecienta aún más si se tiene en cuenta que en el proyecto de pliegos se
informó otra fecha para la apertura del proceso y para la visita de obra.
La
segunda anomalía se relaciona con los documentos exigidos para la visita.
Considera el Programa Presidencial que pedir para esa actividad el documento de
constitución de consorcio o unión temporal es un requisito innecesario, ilegal,
absurdo y restrictivo.
Innecesario
porque no aporta ninguna utilidad ni servicio. Ilegal porque equivale a una
etapa de precalificación anterior a la presentación de las ofertas, la cual no
es permitida por la ley. Absurdo pues va en contravía del sentido de la visita
técnica, la cual tiene por objeto inspeccionar el sitio en donde se ejecutará
el contrato y recoger elementos de juicio para determinar la posibilidad de
participar en el proceso licitatorio, así como de minimizar posibles riesgos
que se detecten con la actividad. A la fecha de la realización de la visita los
interesados apenas están estudiando la posibilidad de participar y determinando
con quiénes lo harían. Y, por último, excluyente porque en esas condiciones la
administración obtiene menos ofertas y los particulares, menos opciones para
presentar propuestas.
El Zar
Anticorrupción, el MAVDT, La Alcaldía de Barranquilla, y los beneficiarios del
proyecto VIS Las Cayenas lograron darle impulso a la terminación de las obras
por parte de la Aseguradora
El
Director del Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción Óscar Ortiz
González se reunió con el vocero de Cóndor S.A., el representante del MAVDT
y tres delegados del grupo de beneficiarios del Proyecto VIS Las Cayenas de
Barranquilla que se desplazaron a Bogotá con el fin de buscar compromisos para
la terminación de las obras que a la fecha cuentan con un avance del 94 por
ciento.
En
desarrollo de la reunión informó la Aseguradora que ya se habían firmado con la
Alcaldía de Barranquilla los otro si 6 y 7 en los que se acuerda el
reconocimiento por parte de la Administración Distrital a Cóndor S.A. de la
diferencia de precios del tipo de concreto utilizado y las mayores cantidades
de obra ejecutadas en Las Cayenas. Por su parte la aseguradora se comprometió a
reiniciar obras el lunes 10 de agosto y a terminarlas con el desembolso de
1.500 millones de pesos que hará la Alcaldía Distrital. En los acuerdos entre
la Aseguradora y la Alcaldía se incluyó una cláusula penal solicitada por el
Zar Anticorrupción el pasado 4 de julio para garantizar la imposición de una
sanción pecuniaria en caso de darse un nuevo incumplimiento.
Los
anteriores compromisos fueron ratificados ante funcionarios del MVADT y el
Programa Presidencial en acta firmada por el representante legal de la
aseguradora. Por su parte el Alcalde Char expidió el certificado de
disponibilidad presupuestal que garantiza a los beneficiarios del proyecto Las
Cayenas el flujo de recursos necesarios para terminar las obras.
Seis audiencias
públicas y ocho visitas en el Golfo de Morrosquillo
RESULTADOS DEL PROGRAMA AUDITORES VISIBLES DEL PROGRAMA ANTICORRUPCION
RESULTADOS DEL PROGRAMA AUDITORES VISIBLES DEL PROGRAMA ANTICORRUPCION
En abril se
realizaron las primeras audiencias de seguimiento a proyectos de acueducto y
alcantarillado, infraestructura y vivienda de interés social en Sucre y
Córdoba. Ya se conocen lo primeros resultados.
Bogotá, Mayo 24
de 2007
Después de
llevar a cabo el primer foro dentro del marco de Auditores Visibles en el
barrio La Fe (proyectos de vivienda El Porvenir y Ciudadela Universitaria) de
Sincelejo (Sucre), y tras atender las quejas de beneficiarios de subsidios para
viviendas de interés social, el Programa Presidencial encontró que existen
múltiples de fallas estructurales en los proyectos de vivienda. Estas fallas, según
el Programa, revelan la necesidad de un acompañamiento en la ejecución de los
planes de vivienda y de una mayor supervisión.
Luego de la
visita, y con el fin de cumplir el compromiso adquirido con la comunidad
beneficiaria de los proyectos de El Porvenir y Ciudadela Universitaria, el
Programa Presidencial ha tomado las siguientes medidas:
·
En cuanto al proyecto El Porvenir, se pidió al Fondo
Nacional de Vivienda que inhabilite a Alejandra Piñeres, Elkin González y Juan
Carlos Berrocal, integrantes de la Unión Temporal El Porvenir de Sincelejo, por
el inadecuado manejo de los subsidios de vivienda por valor de 209 millones de
pesos.
De igual forma
el Programa pidió a la Policía Judicial que verifique el destino que se le dio
a los subsidios y la autenticidad de los documentos que se presentaron para
obtener la elegibilidad del proyecto, a fin de que se tomen las acciones
judiciales del caso por el uso indebido de los recursos públicos.
·
En lo referente al proyecto de Ciudadela
Universitaria, el Programa le pidió expresamente al Fondo de Vivienda que
declare el incumplimiento por parte del contratista Elkin González en la
entrega del proyecto, puesto que los subsidios de vivienda -cuyo costo asciende
a cerca de 315 millones de pesos- se encuentran vencidos, la obra no se ha
finalizado y además no cumple con las norma básicas de construcción
De igual forma
se pidió a los consejos Nacionales Profesionales de Ingeniería y Arquitectura,
que sancionen los mencionados contratistas porque aparentemente incurrieron en
faltas éticas y disciplinarias.
En este caso
también se le entregó a la Policía Judicial material fotográfico, fílmico,
informes técnicos y los documentos allegados por los beneficiarios para que
verifique la presunta existencia de irregularidades en el proceso de elección
del proyecto y en el manejo del anticipo de subsidios entregados. La comunidad
afirmó en las audiencias que las viviendas no se están construyendo en los
lotes aprobados para el proyecto y la revisión técnica que hizo el Programa
Presidencial constató la mala calidad de los materiales utilizados en lo
ejecutado hasta el momento.
·
De otra parte, para dar cumplimiento al mandato
expreso del Presidente Álvaro Uribe Vélez en el Consejo Comunal número 154,
efectuado el 3 de marzo pasado, se realizó junto con la Superintendencia de
Servicios Públicos, una audiencia de seguimiento a los contratos de agua y
saneamiento básico en el municipio de Coveñas.
En dicha
audiencia se evidenció cómo en los municipios del Golfo de Morrosquillo se realiza
la contratación a través de asociaciones y cooperativas, que al parecer tienen
vínculos con grupos al margen de la ley. Por este motivo se solicitó a la
Fiscalía indagar a este respecto a los ex miembros de las autodefensas dentro
del marco de las versiones libres que se reciben en desarrollo del Proceso de
Justicia y Paz.
Elaborado por
Luis Alberto Vargas Ballén, Gerente Evivienda
Fuente:
Periódicos El Tiempo, El Heraldo, El Espectador, Procuraduría General de la
Nación, Fiscalía General de la Nación y Oficina del Zar Anticorrupción.